El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia porque España no cumple la directiva de protección de denunciantes de corrupción. Lo hace a instancias del ex trabajador de la farmacéutica Boheringer que ha destapado un caso de posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.
Rafael Fernández es un ex empleado de la farmacéutica Boehringer que ha denunciado formalmente el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz. Como jefe del área de lobby de la multinacional para las citadas regiones españolas, este trabajador que ha estado en la citada empresa 30 años, denunció el caso de esta apropiación de datos reservados de pacientes hospitalarios.
Su denuncia, puesta en conocimiento de todas las autoridades e instancias posibles, pone de relieve de nuevo la falta de protección en España de los informadores internos o whistelblowers, como se les denomina en el mundo anglosajón.
Ahora ha advertido a las autoridades europeas del menoscabo de su derecho a la protección legal como denunciante y es que en España no está aplicándose la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades.
El pleno del Parlamento Europeo debatió en el verano de 2016 la protección de los denunciantes de irregularidades: personas que al filtrar información destapan escándalos de elusión fiscal como Luxleaks o los papeles de Panamá, así como la vigilancia indiscriminada de los ciudadanos y la violación de su privacidad. Personas que, en muchos casos, son luego perseguidos y procesados.
Cuenta en su denuncia Fernández que tras su queja ha sufrido “numerosas medidas reactivas” en la empresa donde era trabajador,
coactivas contra mi derecho indemnidad (bajada salario; expediente sancionador disciplinario; impago del plan de prensiones y seguro de vida activo a mi nombre como pago en especie desde año 2000; impago de finiquito y dos últimos meses por gastos de representación justificados; declaraciones en prensa sobre que el motivo de mi denuncia es ‘por descontento laboral‘”.
El ex lobbista de Boheringer ha aportado en su denuncia partes médicos del grave daño psicológico que está produciéndole su situación de indefensión legal en España como denunciante. Fernández tiene ahora una Incapacidad Permanente Total para realizar su trabajo a consecuencia de un grave cuadro de trastorno adaptativo mixto (ansiedad y depresión).
Los denunciantes de irregularidades han demostrado su importancia en el quehacer del Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo conocido como puerto seguro, acuerdo que regulaba la transferencia de datos europeos a servidores en Estados Unidos de, por ejemplo, Google o Facebook. La Justicia de la UE concluyó que tal acuerdo infringía los derechos fundamentales, después de que Edward Snowden desvelara el espionaje realizado por las autoridades estadounidenses.
La protección legal de los informadores de posibles casos de corrupción es esencial para la democracia. Sus informaciones son muy valoradas en países como Estados Unidos donde incluso, cuando por ejemplo destapan casos de fraude a la hacienda pública, son compensados económicamente en función del dinero que el Estado ha consiga recuperar gracias a sus informaciones.
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