El objetivo de la Ley de Contratos: proteger a la pyme subcontratista de plazos de cobro abusivos
El Congreso ha aprobado por mayoría la nueva Ley de Contratos Públicos. Esta norma va a modificar una problemática que mueve un volumen superior al 10% del PIB. Con la imposición del plazo máximo de pago de 60 días entre empresas se busca amparar a la pyme subcontratista, quienes a menudo son víctimas de plazos abusivos.
En España cada día se firman 350 contratos, 2.450 a la semana y más de 125.000 al año, por lo que esta ley es un cambio muy importante. Dicha norma incorpora varias directivas europeas pendientes de traspaso, y será de obligado cumplimiento por todas las Administraciones. Las pymes, además de estar protegidas por la Ley de Morosidad (pudiendo asistir a instancias públicas si sufren retrasos en los cobros), tendrán a partir de ahora más facilidad para acceder a los concursos de las Administraciones, ya que se reducirá notablemente la burocracia.
Dicha Ley de Contratos Públicos incorpora también pautas para que en las adjudicaciones prevalezcan criterios sociales, laborales y medioambientales, y le da más poder a las compañías adjudicatarias de servicios en el caso de que el Ayuntamiento al que se los prestan quiere terminar ese contrato antes de tiempo. Esta situación es conocida como remunicipalización. Con esta ley, ahora la Administración tendrá que probar que puede prestar un determinado servicio con mejores condiciones que una empresa privada.