Para empezar, las “prótesis” eran innecesarias. Aquellas fusiones, que ya criticamos en su momento, no han hecho otra cosa que empeorar su estado general. Ni han posibilitado la unidad o la potenciación de los equipos médicos y asistenciales ni han logrado un ahorro significativo, aunque formalmente pareciera que dicha unificación de servicios se acometía con el beneplácito de los implicados. Más bien respondía al obligado acatamiento de órdenes en una empresa jerarquizada, que tiene reglamentada una escala de sanciones para cualquier tipo de desobediencias y faltas. Fueron fusiones logradas por obediencia debida, no por convencimiento del personal. Con todo, los ciudadanos no evidenciaron como usuarios las supuestas “mejoras” que la nueva organización funcional debía ofrecer, y se han revelado, temerosos de que su salud, como la del SAS, también se viera perjudicada. Ya habíamos advertido de que las fusiones respondían antes a un propósito empresarial por reducir costes y personal que al deseo de aumentar la calidad en la prestación sanitaria a la población. Por eso, ha pasado lo que ha pasado: las manifestaciones en contra de las fusiones se han multiplicado por casi todas las capitales de provincia de la región hasta lograr paralizarlas y hacer que los responsables directos, en el SAS que las diseñó y en las gerencias de los hospitales que las aplicaron, dimitan. Pero dimiten porque la situación de debilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía no aconseja enfrentarse a nuevos problemas, a pesar de su convencimiento en la bondad “económica” de las fusiones. Esa es la razón que motiva la desconfianza en los promotores de esas marchas multitudinarias, a pesar de su éxito. Exigen acuerdos por escrito y compromisos para recuperar hospitales, servicios y personal como existía antes de las fusiones, sin merma ni trampas.
Hay que reconocer, no obstante, que se ha procurado mantener intacta la plantilla del personal fijo e interino, evitando despidos que sí se han producido en otras comunidades, pero se le ha castigado sin sustituciones, peores condiciones laborales,cierta escasez de medios y un maltrato retributivo que ha sido común en todo el funcionariado, como si fuera culpable de generar la crisis. Aún reconociendo esa “delicadeza” con el personal fijo de la mayor empresa de la Comunidad, cuyo voto es determinante, la gestión de la política sanitaria, con esos chanchullos por reducir gastos, ha sido deplorable, consiguiendo no sólo el rechazo del personal sanitario, lo que ya demuestra la miopía de los gestores, sino de toda la población que se ha echado a la calle, evidenciando algo más grave: el fracaso de una política sanitaria.