Cuatro presidentes madrileños y uno nacional, todos ellos del PP, están salpicados por la corrupción.
Ruiz-Gallardón acaba de ser citado como investigado en el ‘caso Lezo’; Ignacio González fue a prisión por este mismo asunto; el papel de Esperanza Aguirre, en una adjudicación fraudulenta, está siendo analizado. Cifuentes ya ha sido señalada por la Guardia Civil por cohecho y prevaricación en el ‘caso Púnica’ y Mariano Rajoy acaba de ser destituido por el Congreso de Diputados. En 1995, entraba Alberto Ruiz-Gallardón a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, ha habido tres presidentes más, y todos ellos fueron salpicados y descabezados por la corrupción: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a Ruiz-Gallardón como investigado para mañana en el ‘caso Lezo’ por firmar, desde el Consejo de Gobierno de la empresa pública Canal de Isabel II, la compra de la empresa colombiana Inassa por 83 millones de euros, una cantidad muy superior a su precio real. Es una de las ramas de la ‘Operación Lezo’ que llevó a la detención de Ignacio González, en abril del pasado año. El grueso de la investigación es el desfalco de millones de euros de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II, a través de compras infladas de otras empresas. A través de estas operaciones se desviaría dinero para diversos dirigentes madrileños, según se desprende de la investigación. Es parte de la investigación que afecta al también exministro de Justicia y exalcalde de Madrid. Los fiscales encargados del asunto sostienen que “precisamente, Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González”, respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.A Ruiz-Gallardón le sustituyó otra exministra, Esperanza Aguirre. Su nombramiento ya llegó rodeado de polémica después de que, en las elecciones regionales de 2003, ganara el PSOE y, justo en el momento de la votación dos diputados socialistas, no acudieron al plenario y no votaron, en detrimento de Rafael Simancas que perdió entonces esas elecciones. Para Aguirre, los problemas comenzaron en 2009, cuando estalló el ‘caso Gürtel’ que acabaría con varios de sus alcaldes en el banquillo de los acusados. La entonces presidenta aguantó la presión, hasta que la UCO, en el año 2014, procedió a la detención de su ex número 3, Francisco Granados. En abril de 2017, detienen a su sucesor, Ignacio González, y le meten en prisión por varios y muy graves delitos, lo que llevó a la entonces presidenta del PP madrileña a dimitir de todos sus cargos. Aguirre siempre afirmó que nunca supo las ‘golfadas’ de sus más estrechos colaboradores. Sin embargo, ella misma podría acabar siendo investigada también en la ‘Opeación Lezo’ por firmar la modificación del contrato para construir un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II, para contratar a través de otra sociedad al hermano de González.Tanto Aguirre como la última presidenta, Cristina Cifuentes, también están acorraladas en el ‘caso Púnica’. Cifuentes está pendiente de que el magistrado decida si finalmente le imputa por un delito de cohecho y otro de prevaricación, por adjudicar irregularmente el contrato de cafeterías de la Asamblea de Madrid al empresario -y a su vez donante del PP de Madrid- Arturo Fernández. Con el paso del tiempo, y, conocidas las primeras ilegalidades, la máquina del fango del PP fue cubriendo a todos y cada uno de los sucesores. Y ahí empezó la fase de las tramas de espionaje y dosieres internos sobre cada uno de ellos. Cifuentes fue promocionada por el propio Rajoy para sacudirse el problema de Aguirre, y presentada como el ‘mirlo blanco’ del PP y gran esperanza de la formación para emprender un tiempo de un PP cada vez más asfixiado y sin relevo en el banquillo. Pero ella también ‘salió rana’. La vía de agua aún no se ha cerrado y en Génova no saben aún si podrá taponarse sin que las corruptelas y los comportamientos irregulares a los que no se les ha puesto coto afecten a otros ayuntamientos madrileños. Y, lo que es peor, a otros territorios nacionales.