La nueva estocada del gobierno sobre el grupo Clarín apuntó a Cablevisión, que concentra el 60% de la facturación de la ‘Corpo’. Para eso, recurrió a un juez mendocino que quiso colocar al pulpo del cable bajo la batuta del grupo capitalista de Vila y Manzano, el mismo que decía “robar para la corona” en los tiempos del menemismo.
Aunque la intervención fue frenada por la Justicia, anticipa el choque de fondo que prepara el gobierno contra Clarín. Será a comienzos de diciembre, cuando venzan las medidas cautelares que el grupo interpuso para no desprenderse de sus licencias. Aunque Clarín podría obtener de la Justicia un año más de tiempo, el gobierno está preparando una intervención de hecho, para forzar a un desguace por decreto y por encima de las disposiciones judiciales.
Para el kirchnerismo, el desarme de Clarín es un objetivo crucial de cara a sus posibilidades electorales en 2013. Pero el copamiento de la ‘Corpo’ tendrá que compensar también una crisis en las ‘corpos’ oficiales, que podrían fragmentarse al mismo ritmo que lo hace el oficialismo. Por ese motivo, la avanzada de Cristóbal López sobre el grupo Hadad ha terminado relativamente abortada: es que la poderosa Radio 10 se quedó con sus antiguos dueños, alineados con Scioli.
Dislocamiento nacional
El reforzamiento del arbitraje personal es un recurso de crisis, frente a la fractura de los intereses sociales y políticos que sostuvieron al kirchnerismo en estos años. El telón de fondo de esa fractura es la bancarrota fiscal y la crisis del ‘modelo’ . De la Sota acaba de denunciar el ‘pacto fiscal’ de 1992, que transfirió recursos de las provincias al Anses para bancar la privatización menemista de las jubilaciones. Es cierto que la reacción ‘federalista’ del gobernador cordobés buscó ser la pantalla de un brutal ajuste contra los jubilados provinciales. Pero en cualquier caso, pone de manifiesto una crisis general de financiamiento del Estado y de desintegración del régimen federal. De la Sota ha llamado a sus pares a seguir su camino, lo que por ahora sólo fue acogido por Binner-Bonfatti. Otros mandatarios oficialistas, en cambio, ratificaron su ‘apoyo a Cristina’, y redoblaron la apuesta por la reforma constitucional re-reeleccionista. A la cabeza de este bloque se colocaron los jefes de las provincias mineras. Los ‘nacionales y populares’ continúan siendo los garantes de hierro de la expoliación capitalista a “cielo abierto”; por eso, Paco Pérez, Beder y Gioja están en la ‘re-re’. De todos modos, las mineras tienen su propio pliego: defienden la posibilidad de girar utilidades, y quieren evitar una variación de su régimen impositivo privilegiado. O sea que pueden cambiar de frente si no encuentran las respuestas que buscan.
En cambio, De la Sota sí tuvo eco en la Corte, en relación con otro diferendo con el Estado Nacional. Sólo unos días antes, el presidente del máximo tribunal volvía a pronunciarse contra la reforma constitucional. La concentración de la crisis política en la Corte da cuenta de la fragmentación de los otros poderes del Estado.
En cualquier caso, la fractura del bloque oficial está expuesta, y se extiende a otras provincias. El hiperoficialista Alperovich comenzó a mirar con cariño a Scioli, y tiene instalada puertas adentro una conspiración de La Cámpora y el Kolina, cuando las finanzas de su provincia se encuentran en caída libre.
En Río Negro, Pichetto y el cristinismo piden la destitución del nuevo gobernador, al que le reprochan incapacidad para ejecutar el ajuste. Pero el corazón de la crisis no se ha apartado de la provincia de Buenos Aires, donde Scioli produjo la primera acción de guerra explícita contra los K: la expulsión del gabinete de la ministra de Educación, una kirchnerista declarada. En el elenco sciolista, ganan terreno los aliados de De Narváez (José Scioli, un defensor rabioso de Clarín) y de Duhalde (Caamaño).
2013 y la re-reelección
En estos términos, la elección de 2013 nada tiene de intermedia, puesto que tendrá que dirimir esta fractura y la propia sucesión presidencial. Si el kirchnerismo no logra una mayoría parlamentaria para votar la reforma con reelección, la sucesión oficial quedará en manos de Scioli y del entramado de intereses capitalistas que comienzan a abandonar el barco del gobierno. Pero, en ese caso, y antes que la propia reelección, quedará severamente golpeada la capacidad del bonapartismo oficial para seguir gobernando hasta 2015. La discusión sobre las listas de 2013 puede ser el detonante de esta crisis, y no sólo por la cuestión de los diputados nacionales. Es que Scioli necesita una mayoría en la Legislatura bonaerense, para asegurarse que no avanzará un juicio político en su contra a manos de los K. Esa mayoría es justamente lo que el kirchnerismo no está dispuesto a darle. Un desacuerdo, y listas de diputados separadas, pondría en peligro la tentativa releccionista. Ante este intríngulis, para los K, Scioli debería llegar “desgastado y fuera de carrera en 2013” (La Nación, 14/1), lo que les permitiría digitar una lista única de diputados. Bastante antes de las elecciones del año que viene, la guerra entre el kirchnerismo y Scioli puede producir episodios decisivos. Cada vez es más claro que la precaria tregua entre ambos, que condujo al pago de los aguinaldos estatales, fue impuesta por la reacción huelguística.
Para completar el panorama, Clarín parece dispuesto a cobrarse las estocadas oficiales con la cabeza de Boudou. Acaba de publicarse la delación post mortem del dueño de Ciccone, quien registró por escribano el encuentro donde el vice pidió transferirle la empresa a un testaferro suyo. Si Boudou termina procesado y destituido, la línea de la sucesión presidencial queda en manos de Beatriz Alperovich, quien ya se pronunció contra la re-re-relección. Los manotazos del bonapartismo oficial son directamente proporcionales a la marcha de su desintegración política.
La oposición
En sus diferentes vertientes, la oposición ha tomado la bandera del fin del dirigismo oficial y de una devaluación inmediata de la moneda. Detrás del libreto que Biolcatti dictó desde la Rural, macristas, peronistas federales y Bullrich ensayan un frente de cadáveres políticos, con la esperanza de atraer a los Scioli y a otras viudas del campo oficial.
Otro vocero del capital agrario, Eduardo Buzzi, trabaja por un Frente devaluador aunque con banderas ‘sociales’, para el que cosecha el favor de la CGT Moyano, la CTA Micheli y el FAP. En esa línea, el adjunto de la CGT moyanista y director de YPF, Guillermo Pereyra, acaba de reclamar un dólar “al nivel del blue” (La Nación, 12/8), al tiempo que empuja también por un tarifazo en el gas. La oposición le exige al gobierno el trabajo sucio de un “rodrigazo” –tarifazo más devaluación. En cualquier caso, es el mismo rumbo que el gobierno quiere ‘regular’ con medidas intervencionistas.
La cuestión de quién carga con las costas del ‘ajuste’ ha reforzado los choques del kirchnerismo con Mauricio Macri, entre el conflicto de los subtes, el de la basura y la cuestión del Banco Ciudad. Más que por mérito propio, el jefe de gobierno PRO volvió a la palestra como ‘referente opositor’ gracias a esas estocadas. El kirchnerismo necesita ‘construir’ una polarización con la derecha, para disimular su propia orientación ajustadora y bloquear, por esa vía, el desarrollo de una oposición socialista y revolucionaria.
Las maniobras de kirchneristas y opositores apuntan fuertemente sobre el movimiento obrero, cuya orientación política está en disputa. Por eso, unos y otros buscan revestir sus planteos reaccionarios de banderas nacionales o ‘progresistas’. La explicación de la marcha de la crisis por arriba debe servir para poner de manifiesto el carácter de las fracciones capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis, y reforzar la lucha por unir al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria.
Marcelo Ramal