La Agencia Española de Protección de Datos tiene a los sistemas de videovigilancia en el punto de mira. La moda de colocar microcámaras para controlar a empleados o disuadir a los rateros, cada vez más extendida entre comunidades de vecinos, comercios y hoteles, multiplica el número de sanciones por violar la intimidad de los ciudadanos. Esto se debe, más que al propio gesto de grabar, a la falta de adaptación a la normativa. Expertos en la materia auguran una lluvia de sanciones por la ausencia de asesoramiento correcto en este campo, ya que la Agencia está incrementando su actividad sancionadora de forma exponencial en los últimos años.
Hasta hace poco, la actividad del citado organismo era escasa. Pero cada año, desde hace tres, ha convocado oposiciones para ampliar el cuerpo de inspectores y ya ha dado resultados. En el último, la Agencia ha incrementado en toda España su actividad sancionadora en un 50%. Y Granada no es ajena a esta nueva realidad que sorprenderá a más de uno sin los deberes hechos. Los datos de las memorias anuales de la AEPD hablan de ello y son explícitos. El año 2007 transcurrió sin ningún procedimiento sancionador en la provincia de Granada. En el siguiente ejercicio, las cosas cambiaron: fueron seis, uno de los cuales correspondió a una administración pública.
Esta vocación de crecimiento a la hora de vigilar también va acompañada de una mayor conciencia del ciudadano que reclama la protección de sus datos personales, ya sean en ficheros escritos o en imágenes. Según la citada estadística, la única disponible por el momento, según informó a IDEAL la AEPD, las denuncias ciudadanas sumaron 13. En el último año se realizaron en todo el país 1.300 de este tipo de inspecciones a petición popular. «La falta de conocimiento de la ley lleva en ocasiones a la falsa creencia de que esto de cumplir con la protección de datos es poner un par de cláusulas aquí y allá e inscribir unos ficheros en ‘nosequé’ registro. El impresionante crecimiento de la instalación de estos sistemas lleva a incumplimientos públicos y notorios de la ley», valora Manuel Mas, letrado responsable del departamento de Tecnologías de la Información.