La movilidad educativa, el eslabón perdido que ralentiza el avance de una movilidad sostenible pero el cumplimiento normativo, las Zonas de Bajas Emisiones, la futura Ley de Movilidad Sostenible o la nueva señalética pueden ayudar a aprobar esta asignatura pendiente
En un mundo donde la movilidad avanza a pasos agigantados, resulta sorprendente que la movilidad escolar evolucione a un ritmo considerablemente más lento y, lo que es más preocupante, que no se integre en la planificación de las futuras smart cities.
Este estancamiento se debe, en gran medida, a la falta de coordinación entre los agentes clave -ministerios, consejerías de educación, ayuntamientos, DGT, policías, centros escolares, estudiantes, AMPAs, padres, asociaciones vecinales, empresas, etc-, que además no tienen una visión global de la normativa y soluciones que les aplica. Así lo han constatado los expertos reunidos en el Think Tank EMS sobre 'Movilidad escolar: ¿Una asignatura pendiente?' que Empresas por la Movilidad Sostenible ha celebrado junto a Matawan y que ha identificado más de 20 barreras que frenan el desarrollo de dicha movilidad educativa y ha planteado más de 30 propuestas de solución para su impulso, que se han recogido en un White Paper.
Durante el encuentro se ha señalado la necesidad de ampliar el concepto a movilidad educativa con el objetivo de que además de la movilidad generada por los escolares y sus familias, también se considere la generada por docentes y personal administrativo y de servicios, que se produce en todos los centros educativos -desde infantil hasta universidades y escuelas de negocio-, para su gestión eficiente.
Así, los expertos han destacado la importancia de integrar la movilidad educativa en la estrategia política y administrativa del país por ser condicionante de la movilidad laboral y por generar directa e indirectamente un mayor impacto en la movilidad de las ciudades, entornos interurbanos y rurales. Además, han recalcado que debe ir acompañada de normativas que den seguridad jurídica a las acciones a desarrollar y de un apoyo presupuestario, predecible y de largo plazo, para facilitar la gestión del cambio.
En este sentido, han señalado que es primordial contar con ayudas destinadas a potenciar una digitalización de los servicios de movilidad educativa, algo que beneficia a todas las partes involucradas en el día a día. Y es que la tecnología ofrece información en tiempo real, lo que facilita la vida de las familias, y mayor nivel de seguridad para los estudiantes, muchos de ellos dependientes. Con el análisis de datos se pueden optimizar las rutas, mejorar la calidad del servicio -lo que redunda en una reducción de costes- y minimizar los impactos de los viajes para las comunidades y los operadores. Además, se evitan riesgos de incumplimiento de la ley relativa a la protección de datos al evitar el tratamiento analógico de la información de los estudiantes. "Si queremos avanzar hacia un modelo sostenible de movilidad educativa, la digitalización es clave", ha asegurado Bruno Piñeiro, Country Manager Spain and Portugal de Matawan.
Los expertos también han propuesto convertir los entornos escolares en 'zonas de especial sensibilidad' dentro de las Zonas de Bajas Emisiones. Esto permitiría integrar de forma más rápida la movilidad sostenible y segura en los centros educativos, y que las medidas que se adopten para su desarrollo puedan optar a financiación.
En esta línea, han planteado que se valore incluir los centros de estudio de un tamaño relevante dentro de los 'grandes centros de actividad' del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que están pendientes de definir. De esta forma la movilidad y los planes de movilidad estarían integrados en la estrategia de los centros ya que, por ejemplo, solo la movilidad educativa en la ciudad de Madrid representa el 16 % de la movilidad (sin tener en cuenta al personal docente, de administración y de servicios que también se desplaza al centro educativo donde trabaja), según datos ofrecidos por la Universidad Camilo José Cela.
Por otro lado, los expertos han destacado que, si bien existe una normativa sobre vehículos limpios (Real Decreto-Ley 24/2021) que aplica a los vehículos destinados al transporte de pasajeros categoría M3 (de más de 9 asientos incluido el conductor y con MMA > 5 toneladas), no se está cumpliendo. Además, los vehículos destinados al transporte de personas categoría M1 (de hasta 9 asientos incluido el conductor) y los M2 (de más de 9 asientos incluido el conductor y con MMA ≤ 5 toneladas), que son los más utilizados para el transporte escolar, quedan fuera de dicho reglamento.
Además, entre las diferentes propuestas de solución también han planteado que la etiqueta de ángulos muertos creada por la DGT para evitar los accidentes, cuyo uso es voluntario para autobuses de más de 3,5T, pase a ser obligatoria para estos -como ocurre en Francia- y voluntaria para autobuses y autocares de menor masa máxima autorizada, teniendo en cuenta que el objetivo de dicha instrucción es proteger a los vulnerables y que en los entornos escolares la probabilidad de accidentabilidad que involucra a los mismos es superior.
"La ausencia de un canal de comunicación fluido entre los agentes implicados crea un vacío que dificulta la implementación de soluciones efectivas. En este escenario, la movilidad educativa se ve entorpecida, afectando a grupos especialmente dependientes y vulnerables, como los alumnos menores de edad, personas con discapacidades y aquellos en riesgo de exclusión social o pobreza. Por ello, es necesario crear un punto de encuentro e identificar canales de comunicación que permitan poner en común y compartir información, herramientas, soluciones y casos de éxito que ayuden a su replicabilidad y despliegue a nivel local, e identificar los interlocutores en los distintos grupos de interés, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, documentación e información de ayuda que nos permita avanzar más rápido y de forma eficiente", ha concluido López.
Así,que La movilidad educativa, el eslabón perdido que ralentiza el avance de una movilidad sostenible pero el cumplimiento normativo, las Zonas de Bajas Emisiones, la futura Ley de Movilidad Sostenible o la nueva señalética pueden ayudar a aprobar esta asignatura pendiente