Pasados 515 años de la llegada a nuestras playas de las carabelas portuguesas, los pueblos originarios de esta inmensa Pindorama todavía siguen siendo tratados como gente de segundo nivel. En aquellos días, sin entender el idioma o la manera de vivir de los indígenas, los invasores decidieron que ellos eran ignorantes y que no tenían alma. Después eran susceptibles de esclavitud y exterminio. Durante siglos esa fue la política de los colonizadores. Ignorando olímpicamente a los dueños de esa tierra, los portugueses, y después los brasileños – gente ya nacida aquí – fueron apropiándose de las tierras, tomándolas, entregándolas a los inmigrantes, tornando a los indios enemigos de la nación.
Solamente en el inicio del siglo XX, en Brasil, con la figura del Marechal Rondon, la política indigenista cambió. Rondon no aceptaba la matanza de los indios que ya duraba 400 años y quería que ellos se integraran a la vida nacional. Inició lo que él pensaba ser una cruzada civilizatoria. Con buenas intenciones, pero igualmente nefasta, porque eso continuaba siendo la negación de los derechos de los indígenas de vivir adentro de su propio modelo de producción y desarrollo. El cambio propuesto por Rondon terminó con la masacre armada por parte del Estado, pero no transformó la realidad de los indígenas. En la parte norte todavía les fue posible – incluso confinados en reservas – mantener gran parte de sus costumbres. Pero las etnias que estaban en regiones más pobladas fueron sistemáticamente perdiendo el derecho a su manera de vivir. En la confrontación con la expansión de las ciudades y con el agrandamiento de las fronteras agrícolas, la masacre siguió y sigue hasta hoy. No son más los “bandeirantes”, financiados por el Estado, son los sicarios, asesinos a sueldo contratados por ricos estancieros o por empresas multinacionales. El objetivo era uno solo: expulsar a los indios de las tierras buenas, sacarlos de los lugares en donde están las riquezas naturales. Si quieren vivir, que sea integrados a la manera de vivir no india, en los cantegriles o como empleados en las estancias.
Los pueblos que sobrevivan a todos esos años de masacre nunca irán a desistir de sus tierras y de su cultura. A pesar de esos cambios asimilados por todo este tiempo de convivencia con lo no indio, ellos consiguieron mantener elementos importantes de su modo de organizar la vida. También, con el pasar del tiempo, nunca desistieron de luchar por mantenerse en su territorio original, porque para el indio la tierra no es un bien de trueque o algo que sea utilizado para la especulación. La tierra hace parte de la órbita de su vivir, está integrada a la comunidad. No puede existir una etnia originaria sin su territorio original. Cada árbol, cada animal, cada rinconcito del espacio tiene íntima ligazón con la vida de las familias. Por eso, la lucha es interminable por la demarcación de sus territorios en los mismos lugares que eran tradicionalmente ocupados por sus ancestros. No tiene lógica alguna ofrecer al indio un lugar distante de su territorio original. El hogar, para las etnias autóctonas, no es la choza, la casa o el edificio de madera/ladrillo. El hogar es todo el espacio alrededor.
La lucha indígena por su territorio es una batalla sin fin. Ellos dependen de que el gobierno instituya un estudio – hecho por antropólogos – para determinar si el lugar que requieren es su mismo territorio original. Si ese lugar está en disputa por ocupaciones ilegales por parte de inmigrantes, familias no indias, estancieros o ladrones, la cosa queda todavía más complicada.
En el estado de Santa Catarina, al sur de país, cerquita de la capital, tenemos un caso típico. La tierra indígena de Morro dos Cavalos, donde viven los Guarani, hace mucho ya fue comprobada como territorio original, pero hasta ahora no ha habido una demarcación final. A raíz de disputas con familias de colonos que las ocuparon, la lucha ha sido muy dura, incluso porque muchas de esas familias adquirieron esas tierras con buenas intenciones. Es un proceso complicado y lento, porque el gobierno federal no indemniza por la tierra, sino solamente por las mejorías, y los que compraron con buenas intenciones terminan siendo también perjudicados.
Otros, como los Guarani Kaiowá, en la región del Mato Grosso, todavía siguen viviendo en las márgenes de las carreteras, fuera de su territorio, hoy ocupado en su gran parte por ricos terratenientes, que utilizan a sus sicarios para desparramar el terror, a tal punto que una comunidad entera llegó a anunciar que estaría dispuesta a morir en la lucha por una tierra que es suya. No son pocos los casos de suicidio de jóvenes indígenas, justamente porque no soportan vivir sin el espacio que es suyo por derecho. Hacen lo que hacían sus ancestros, que preferían matarse a tornarse esclavos.
Todo ese horror no pasa en los informativos de la televisión y lo que sale en los diarios es puntual, casos aislados, desconectados de su contexto. Una muerte de un indígena es visto como un crimen cualquiera, en muchos casos sin solución. Un suicidio aparece solamente como “un episodio triste”, sin ligazón con la problemática general. Y las luchas de los pueblos originarios aparecen como “perturbación del orden”, como ha sido el caso de las batallas trabadas en la Amazonia contra las hidroeléctricas, Belo Monte en especial.
A causa de eso, la lucha de los indígenas necesita hacerse presente al nivel nacional en momentos como los vividos en la semana anterior en el llamado “Día del Indio”, del 14 al 17 de abril. Por cinco días más de 1.500 personas, representantes de todas las etnias que sobreviven en ese inmenso continente, realizaron una serie de actos políticos en la capital federal. El principal objetivo fue conversar con diputados y senadores sobre la PEC 215, que es una enmienda a la Constitución que quiere sacar del ejecutivo el poder de demarcar tierras, pasando esa tarea al Congreso Nacional. Un golpe muy bien urdido por la bancada rural, formada por terratenientes y sus representantes. Poniendo la decisión en el Congreso le queda más fácil al agronegocio garantizar sus intereses.
Ahora, imaginen, ¿qué poder tiene el agronegocio? Prácticamente la mitad del Congreso Nacional está compuesto por los representantes del latifundio. Eso significa que las demarcaciones nunca vendrán, y si vinieren nunca serán las que interesan a los indígenas. Es sabido que el gobierno federal también tiene fuertes conexiones con el sector del agronegocio, pero los indígenas consideran que es mejor negociar con un ministro que con más de 500 diputados. Hay otra relación de fuerzas.
Fue por ese motivo que los indígenas fueron a discutir en el Congreso y pedir que se archive el proyecto de ley que cambia la Constitución. Además de eso, también aprovecharon para denunciar las violaciones de derechos que suceden en distintos puntos del país: asesinatos, desapariciones, violencias de todo tipo, invasiones de sus tierras. En las movilizaciones frente al Palacio del Planalto las reivindicaciones eran por más agilidad en las demarcaciones de tierras. El gobierno Dilma prácticamente estancó el proceso y ninguna tierra ha sido legalizada. Existen 21 procesos finalizados, esperando solamente la firma de la presidenta. Todo eso porque los ruralistas insisten en cuestionar los informes de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). El gobierno sigue paralizado, dando alas a los estancieros, muchos de ellos hincados en tierras indígenas robando maderas y explorando sus minerías.
La movida indígena en Brasilia fue bonita y representativa. Durante 5 días la capital federal se puso colorida con el urucú y con los colores de la selva. Pero las bellas imágenes generadas por las marchas y ocupaciones del Congreso no son elementos para la folclorización del tema. De nada sirve poner un “me gusta” en Facebook. La comunidad de los no indios que tiene consciencia de la necesidad de las demarcaciones de las tierras indígenas precisa actuar de forma consecuente. Es más que obvio que la hegemonía del Congreso Nacional es de parlamentarios que no respetan a los indígenas, ni siquiera a su causa. Basta ver como trataron a los representantes de los pueblos originarios en la solemnidad que se hizo para escucharlos. Más hablaron que escucharon, como denunció el chamán yanomami, David Kopenawa: “El blanco no deja hablar mucho. Él no quiere solucionar, por eso él no quiere permitir a los líderes decir la verdad”. David dijo eso en una sesión plenaria bastante vacía, cuando todas las fotos ya las habían hecho, en el ritual de la falsa democracia. Pero el chamán no se intimidó con el vacío e hizo resonar su voz. “Esa es la casa de la gran víbora (la PEC 215). La gran víbora está aquí. Nosotros queremos matar esa gran víbora; matar, quemar y enterrar para que no nazca más aquí. Hicieron esa ley sin consultar a nadie, para matar a nuestro pueblo”.
Los indígenas que ocuparon el plenario de la ciudad de Brasilia saben muy bien que, sin la lucha misma, fuerte y unida, nada va a suceder. Así fue durante 515 años. Por eso, vuelven para sus aldeas sin desalentarse. Necesitan que les acompañe la sociedad brasileña – si no toda ella, por lo menos la parte que respeta sus derechos.
De esa manera, la solidaridad concreta tiene que venir de las organizaciones populares, de los sindicatos, de los militantes de las causas singulares. Cada una de esas organizaciones vinculadas a la lucha de clases tiene que informar a la sociedad sobre la realidad y la necesidad de los indígenas. Una población bien informada puede decidir mejor sobre las cosas. Si cada periódico sindical, o cada página de los movimientos populares, trabajaran la cuestión indígena en su contexto histórico, político y social, ya estaría haciendo un buen trabajo. Y en las demandas puntuales, como es el caso de la demarcación, es necesario también informar y posicionarse favorablemente.
A lo largo de la historia, la izquierda brasileña nunca trató con el debido cuidado las demandas del mundo indígena. Pero siempre es el momento de comenzar.
El lunes 20 de abril, un día después del “día del indio”, la presidente Dilma Roussef firmó un decreto homologando tres tierras indígenas en la región norte del país, en un total de 232.544 hectáreas, atendiendo a la lucha de cuatro etnias.
Una es la tierra indígena Arara da Volta Grande do Xingu, habitada por los pueblos Arara e Juruna, que tiene 25,5 mil hectáreas y está insertada en los procedimientos de licenciamiento de la Usina Belo Monte. Otra es la tierra indígena Mapari, en el Amazonas, en los municipios de Fonte Boa, Japurá y Tocantins. Es la más grande de las áreas, con 157.246 hectáreas, habitada por los Kaixana. La tercera ocupa territorios de los municipios de Borba Novoe Novo Aripuanã (AM), es la tierra indígena Setemã, hogar de los Mura, con 49.773 hectáreas.
No se puede negar que esa homologación viene en esa hora a cuenta de la movilización en Brasilia. Porque es así. Solo la lucha hace la ley. Y lo que vino todavía es muy poco para el gran esfuerzo que fue traer a los representantes de sus etnias y desplegar tantas actividades en la capital. Pero ese pueblo valiente, que ya resistió a 515 años de masacre, no es de desistir. Ellos vuelven a su casa y siguen la batalla. Todavía hay mucho que conquistar.
Que ellos no sigan solos.
Elaine Tavares es periodista
Traducción del portugués: Verônica Loss
http://www.alainet.org/es/articulo/169249