La muerte anunciada de las empresas municipales de Sevilla

Fue el siempre inefable Carlos Mármol quien hizo saltar la alarma el domingo pasado con un imperdible artículo en el que explicaba bien a las claras las intenciones del gobierno de la nación con respecto a su concepción de las competencias de los ayuntamientos y los servicios que prestan a sus ciudadanos, que se verán recopiladas en la nueva Ley de Reforma de la Administración Local.
Hoy, Mario Daza lo confirma plenamente en una noticia publicada en El Correo de Andalucía. El proyecto iba a ser presentado en la Comisión Nacional de Administración Local de finales del pasado mes de junio, pero fue retirado del orden del día con la intención de modificar algunos puntos polémicos, los referentes a ciertas competencias, pero manteniendo los que exigen garantías financieras para sobrevivir.
Los servicios públicos municipales, hasta ahora enfocados a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos pasarán irremisiblemente a manos del mercado. Todo aquello que produzca déficit será puesto en venta. Privatizado. La única posibilidad de salvación es plantear un plan de viabilidad que garantice a finales de 2014 el déficit cero en las empresas.
Algo que todos sabemos imposible si no es con sacrificios inasumibles o para los ciudadanos, que tendrían que pagar a coste real los servicios recibidos, o para los trabajadores de las empresas, que verían mermados -y de qué manera- tanto sus salarios como sus condiciones de trabajo. Todo ello sin hablar de las disminuciones de plantilla que conllevaría mediante despidos y de que la experiencia ha demostrado sobradamente que la merma en la calidad del servicio prestado sería considerable. El lobo se arranca al fin la careta de cordero y muestra sus verdaderas fauces.
La normativa en cuestión, tal y como aclara El Correo de Andalucía, fue amparada por el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, cuando todavía era presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y supone un cambio radical en el modelo de sociedad que conocemos hasta ahora.
Porque los servicios públicos responden por lo general a la necesidad de dar cobertura a determinados derechos ciudadanos. Si también acabamos monetizando esto la fractura social será del todo irreparable y podremos comenzar a hablar sin temor a equivocarnos de ciudadanos de primera y segunda clase. Y menos mal que el Alcalde prometió por activa y por pasiva en la campaña electoral que no tocaría las empresas municipales.