Carolina Vásquez Araya
La historia nos ha enseñado la amarga verdad: el cuerpo femenino como un bien colectivo.
En días recientes Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos de las víctimas.
Las esterilizaciones forzadas en los cuerpos de mujeres indígenas o de las capas más pobres de los países latinoamericanos y africanos no es novedad alguna. En la década de los años 60, los Cuerpos de Paz estadounidense actuaron como misioneros para imponer por la fuerza el control demográfico en nuestro continente, con la graciosa anuencia de los gobiernos locales. Esa práctica de una crueldad inaudita nunca mereció juicios ni condenas y las mujeres castradas de manera tan salvaje como injusta tampoco recibieron reparación alguna.
La perspectiva oficial generada desde los ámbitos políticos en relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no ha cambiado. Las asambleas legislativas dominadas por el pensamiento hegemónico de una masculinidad mal entendida siguen imponiendo su agenda cargada de restricciones sobre más de la mitad de la población; y, de ese modo, se impide el ejercicio de ese derecho mediante castigos extremos. En la mayoría de nuestros países se condena a mujeres, niñas y adolescentes que buscan asistencia sanitaria para interrumpir embarazos o, simplemente, cuando se presentan en los hospitales con emergencias obstétricas. Es decir, se les veda no solo el derecho de recibir atención sino también de optar por una solución humanitaria a su situación crítica.
Las mujeres, por el hecho de haber nacido como tales, son así declaradas un bien público por sociedades regidas bajo códigos estrictamente patriarcales. Ya avanzado el siglo veintiuno se perciben retrocesos aberrantes en la perspectiva de género, como por ejemplo en Francia, en donde han comenzado a agredir en las calles a jóvenes mujeres por vestir falda. Actos de extremo salvajismo en un país supuestamente igualitario, avanzado, culto y en donde paradójicamente nació el pensamiento fundamental que consagra los derechos de la ciudadanía: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
El retorno a prácticas misóginas en países que habían logrado superar esas barreras, dicen mucho de cómo ha persistido, a través de los siglos, esa super valoración de la masculinidad contra la visión de un sexo femenino asociado a la sumisión, la obediencia, la inferioridad y la función subordinada de aportar su cuerpo como instrumento de beneficio social por medio de la reproducción controlada. Los movimientos feministas han alcanzado grandes avances en términos prácticos, pero ni siquiera han llegado a rozar el núcleo mismo del sistema, cuya principal característica es un profundo temor al poder de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos como la política, la economía y la justicia.
Las mujeres gozan de iguales derechos y responsabilidades, de acuerdo con tratados y convenciones de efecto obligatorio. Sin embargo, derribar las barreras opuestas a su pleno desarrollo es todavía un tema pendiente que impide la evolución de la sociedad hacia estadios superiores de convivencia y, para ello, será necesario derribar los marcos valóricos obsoletos que nos rigen. A partir de ahí, comenzar de nuevo con una plataforma igualitaria, justa y de mutuo respeto.
El temor por el poder femenino es el mayor de los obstáculos.
Periodista y analista política chilena, con más de 30 años de experiencia. Radica en Guatemala. Su columna se publica desde 1993 en el periódico más influyente de Guatemala y está centrada en derechos humanos, justicia, ambiente, derechos de la niñez y violencia de género.
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