Las empleadas de hogar tendrán por primera vez casi los mismos derechos que el resto de los trabajadores. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que destierra el arcaico régimen laboral que amparaba a este colectivo y lo adecua al marco general. Con una salvedad: las empleadas seguirán sin derecho a la prestación por desempleo.
A partir del próximo 1 de enero, cualquier trabajo doméstico implicará la existencia de un contrato escrito (hasta ahora podía ser verbal) y la retribución deberá equipararse, al menos, al salario mínimo interprofesional (641,41 euros al mes). La retribución en especie no podrá superar el 30% del total y, una vez detraída, el salario no podrá quedar por debajo del mínimo. Con la regulación en vigor hasta diciembre de este ańo, a las empleadas se les podía restar hasta un 45% de su sueldo en concepto de manutención.
Además, las trabajadoras recibirán dos pagas extraordinarias al ańo (hasta ahora eran medias pagas) y se mejorará el descanso entre jornadas. La regulación aprobada ayer complementa las mejoras en cobertura por accidente de trabajo y enfermedad profesional que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada y que proporciona a este colectivo una protección similar a la del resto de los trabajadores (desde el primer día de la baja y no desde el 29ş, como hasta ahora). El Gobierno ya manifestó en la primera legislatura de Zapatero su intención de desterrar unas condiciones de trabajo que se han perpetuado durante 25 ańos, pero solo ahora, a las puertas de las elecciones, se ha decidido a hacerlo.
En el ámbito laboral, se mantiene como causa de despido la mera voluntad del empleador, pero deberá comunicarlo de forma expresa. En los nuevos contratos, se amplía de siete a 12 días de salario por ańo de servicio la indemnización. Aunque el Ejecutivo ha renunciado al proyecto más ambicioso, el acceso a la protección por desempleo, sí contempla su adopción en un futuro. Para ello, durante 2012 un grupo de expertos analizará las alternativas y formulará propuestas, aunque eso dependerá del Gobierno que tome posesión tras las elecciones generales.