El grupo de expertos de la ONU que visitó nuestro país durante una semana en septiembre de 2013, confeccionó las conclusiones definitivas: Que España se implique en la búsqueda de víctimas y desaparecidos, que "asuma sus obligaciones internacionales y se comprometa de manera más activa y urgente en la determinación de la suerte o el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. España debe “asegurar la coordinación de las actividades de exhumación e identificación”, exigen, así como desarrollar el protocolo de actuación y promover que asociaciones de víctimas aporten sus datos de ADN para facilitar esta búsqueda, así como debe asegurarse la presencia de jueces en las fosas comunes. Según los expertos, la justicia española debe “investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde las mismas”.
Los expertos piden neutralizar la Ley de Amnistía de 1977, “privarla de todo efecto" para que no afecte a las desapariciones forzadas, entre ellas, las de la guerra y la dictadura, ni se beneficien de la "impunidad” que, según explican, impera sobre este tema. Piden constituir la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, y que estos delitos sólo puedan ser enjuiciados por la jurisdicción ordinaria, “con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar”. Y que exista una comisión de expertos independientes, encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos..
A lo largo de sus conclusiones finales, los expertos de la ONUpiden a España que aplique las recomendaciones que la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 2011 hizo en su momento. Los expertos se muestran “especialmente preocupados" por el efecto que tuvo el juicio contra Baltasar Garzón: “Estos hechos han significado, en la práctica, el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura”. Y piden a España que tome medidas en torno al Defensor del Pueblo, y a la figura del régimen de incomunicación. Con respecto a lo primero piden asegurar “la transparencia” en el procedimiento de elección de esta figura. Con respecto a lo segundo, que sean derogados los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen este régimen.