Después más de tres meses en protestas antigubernamentales y más de un centenar de muertos, la oposición venezolana ha olvidado su declaración de rebeldía ante las instituciones del Estado y ha decidido inscribirse en las elecciones a gobernadores previstas para el próximo 10 de diciembre.
Hoy, fecha límite del Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir a los candidatos a las 23 gobernaciones del país, metió por la senda institucional a la alianza Mesa de la Unidad Democrática pese a las enormes dudas sobre la transparencia de lo últimos comicios celebrados en Venezuela.
Hasta hace unas semanas lo opositores habían llamado a sus partidarios a la calles prometiendo el “no retorno” hasta lograr el cambio de Gobierno con intensas jornadas de protestas que dejaron además a miles de detenidos, y hoy terminan comprometidos en una lucha regulada por el Poder Electoral acusado de servir al Gobierno.
La decisión a la que han quedado sometidos hoy revive el acuerdo que propuso el gobierno hace un año en las mesas de diálogo: las elecciones regionales, que los opositores rechazaron por considerar insuficientes.
“Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año”, dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.
Según el documento, este paso de inscribir candidatos para las regionales va acompañado “por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, la presión internacional y el resto de las herramientas de la política”, pues el objetivo de la MUD sigue siendo lograr el cambio de Gobierno.
Sin embargo, su capacidad de movilización tras más de 120 días de manifestaciones casi ininterrumpidas se vio mermada ayer con un llamado a trancazo que no tuvo acogida en las calles, y apenas si se vio en los principales feudos opositores.
La ruta no promete ser ligera para los antichavistas y lleva a cuesta una prohibición a la alianza de postular candidatos en al menos siete estados, donde fueron bloqueados con medidas cautelares por una investigación iniciada hace casi un año por chavistas y de la que los tribunales no se han pronunciado.
Avanzarán también con sus principales figuras encarceladas, inhabilitadas o con procesos abiertos que podrían sacarles de la campaña en el camino, y una Comisión de la Verdad plenipotenciaria que se ha comprometido con establecer la responsabilidad de los opositores por la violencia de las protestas.
No obstante, se medirán en uno de los momentos más impopulares del Gobierno de Nicolás Maduro, y en consecuencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
La última elección en la que se midieron ambas fuerzas, resultó en una victoria contundente de los opositores que se quedaron con 112 -de 167- escaños del Parlamento.
La alianza ha defendido esta decisión “como una forma de obligar a que haya elecciones”, pues esta ha sido “una de las banderas principales” de las jornadas de protesta de los últimos cuatro meses “que tanto dolor y sangre” ha costado.
El Gobierno ha celebrado la decisión de los opositores como “una victoria” de las instituciones del país, entendiendo que su decisión de participar en los comicios desmota las acusaciones de “dictadura” contra régimen, y la legalidad de los procesos electorales.
Esta elección se celebrará en uno de los momentos más controvertidos del CNE tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio -a la que se abstuvieron los opositores-, que quedó conformada en totalidad por partidarios de Maduro, y con poder casi ilimitado sobre el país y las instituciones del Estado.
Tras casi dos semanas, el órgano electoral aún no ha presentado los resultados exactos de la elección en la que, indicó, votaron ocho millones de personas, o de los procesos de auditoría que pueda despejar las dudas sobe la participación en esa elección cuestionada incluso por la propia empresa que prestó soporte técnico.
Las dudas pesan sobre la cantidad de ciudadanos que votaron en esa jornada, poco más de ocho millones de electores de acuerdo al CNE, un número defendido por el Gobierno como una participación histórica.
Sin embargo, esto que representa aproximadamente el 40 % del padrón electoral venezolano es una de las participaciones más bajas que ha registrado el país en los últimos años, apenas la mitad de las parlamentarias que dieron la victoria a los opositores hace menos de dos años.
Con información de EFE.
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