“La pandemia está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva”, sostienen distintas organizaciones de la Comunidad de Madrid que reclaman al Defensor del Pueblo que intervenga ante la “oscura, irregular e irresponsable” gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso.
Según Andrea Vicario, de Nuevatribuna.es, una veintena de organizaciones denuncian el “mayor ataque a la salud” que se está produciendo en la región por las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo del PP-C’s. Una “situación de extrema gravedad”, afirman, por el “debilitamiento” del sistema sanitario público y la derivación de recursos económicos a sectores privados. Los firmantes denuncian la construcción del Hospital Isabel Zendal, “una obra absolutamente innecesaria y muy costosa” cuando sigue habiendo camas cerradas en los hospitales públicos; y exigen que no se deriven pacientes a este centro como tampoco personal sanitario en “traslados forzosos”. En este sentido, advierten de que dicho hospital de campaña puede convertirse en una “segunda versión de la Ciudad de la Justicia de Aguirre”. No en vano, aseguran, “la gestión sanitaria del gobierno de Ayuso sigue siendo similar a la realizada por los gobiernos de su benefactora Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, todos ellos investigados en la actualidad por la presunta comisión de graves delitos”.
Las organizaciones en defensa de la sanidad pública reivindican una mayor transparencia en los contratos que adjudica la Consejería de Sanidad: “La forma de adjudicación de los contratos por vía de emergencia y usando la pandemia como excusa, impide la obligada publicidad y concurrencia que las contrataciones públicas deben cumplir”. Asimismo, ponen el acento en el Plan de Vacunación, en parte derivado a manos privadas como el contrato realizado con Cruz Roja y piden quede en manos de los profesionales de la sanidad pública madrileña. Para ello, es necesario que se habiliten más recursos humanos en atención primaria y se reabran los servicios de urgencia de los centros de salud que permanecen cerrados en su totalidad.
Según una información de CCOO de Madrid, casi 2.000 profesionales están de baja y no son sustituidos, además de que existe un infrarregistro de accidentes laborales por Covid en el SERMAS. El sindicato alerta que a estas bajas se suman la merma de efectivos desplazados desde las plantillas de los hospitales madrileños hasta el Hospital Isabel Zendal, más de 1.000 entre voluntarios y forzosos, así como los trabajadores y trabajadoras de baja a causa de otras patologías. Ni los primeros ni los segundos están siendo sustituidos por profesionales de nueva contratación, y solo en algún caso los terceros.
Firman la petición las organizaciones sociales: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras (CCOO Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional, Derecho a Morir Dignamente (DMD Madrid), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), Plataforma Centros de Salud, Sanitari@s Necesari@s, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT (sindicato asambleario de los trabajadores del Summa 112) y Unión General de Trabajadores (UGT Madrid).