Desde su creación en 1962, la Política Agraria Común (PAC) ha sido uno de los principales elementos integradores en Europa y, tras los acuerdos del carbón y el acero, uno de los acuerdos pioneros que llevaron al nacimiento de la Unión Europea. Ya no es aquella política proteccionista de sus inicios, pero continúa siendo la partida más grande del presupuesto de la UE, y su futuro preocupa a los agricultores y campesinos de toda Europa.
La superficie dedicada a la agricultura en Europa supone prácticamente la mitad del territorio europeo, por lo que siempre ha sido un sector muy importante. En sus inicios, la PAC busca garantizar el suministro de comida y productos básicos en una Europa destrozada por la guerra. Antes de centrarse en cotas mayores, era primordial ofrecer una seguridad alimentaria básica a la población que diese pie al posterior desarrollo industrial, y ese es precisamente uno de los principales objetivos que los países fundadores de la Comunidad Económica Europea tenían en mente a la hora de acordar la creación de la PAC en el tratado de Roma (1957). Tras su entrada en vigor en 1962, la PAC se distinguiría por su carácter proteccionista, basado en tres principios básicos: la unidad del mercado europeo, la preferencia por la producción europea y la solidaridad financiera entre los Estados miembros.
Gracias a los precios mínimos garantizados y a las subvenciones establecidas por la PAC, los agricultores europeos pudieron desarrollarse hasta cubrir las necesidades de Europa. Aún más: en la década de 1980, Europa ya era el segundo mayor exportador agrícola del mundo, y pronto se empezó a ver que, a pesar de que la economía mundial iba avanzando hacia la industria y el sector servicios, la agricultura continuaba siendo un sector rentable para el mercado. Y todavía podía dar mucho más de sí.
La liberalización de la agricultura
Una vez pasada la hambruna y asentada la producción agrícola en Europa, comenzaron a dejarse oír las primeras voces disidentes con el proteccionismo de la PAC, que consideraban obsoleto e injusto en la época de liberalismo en la que entraba el mundo tras la caída del bloque soviético. Acuerdos como la Ronda de Uruguay (1986-1994) y la creación un año después de la Organización Mundial del Comercio (OMC) presionaban para eliminar la mayoría de aranceles y la intervención estatal en el comercio mundial, y la agricultura no se iba a quedar al margen de ello. Tras la firma en Uruguay del Acuerdo sobre la Agricultura, quedaba claro que el camino pasaba por liberalizar la agricultura y ponerla al servicio del mercado, esto es, convertirla en una actividad más en la que lo primordial es la búsqueda del beneficio económico, independientemente de si se cumple su función natural de alimentar a la humanidad.
Estos compromisos internacionales hicieron mella en la PAC, que pasó por sucesivas reformas a finales del siglo XX y principios del XXI para adaptarse a las nuevas corrientes liberales. La última, llevada a cabo en 2013 y vigente hasta 2020, deja a una PAC completamente cambiada si se compara con la nacida hace 55 años. Aparte del descenso del gasto público dedicado a la agricultura —en 30 años ha pasado del 75% al 39% del presupuesto total de la EU—, los principales cambios experimentados por la PAC tienen que ver con la distribución de ese presupuesto.
La reforma de 2003 introdujo el “desacoplamiento”, un concepto que mudó las condiciones por las que los agricultores recibían las ayudas públicas. Si inicialmente estas ayudas estaban relacionadas con el producto cultivado —se garantizaba un precio mínimo que permitiese al agricultor mantenerse dignamente o se promovía el cultivo de ciertos alimentos mediante subvenciones directas—, el desacoplamiento hizo que se distribuyeran directamente en función de la extensión del terreno: a más tierra, más dinero. Y ni siquiera tiene que cultivarse regularmente para ser objeto de las ayudas; de hecho, tras la última reforma también se incluyen como beneficiarios propiedades como campos de golf o instalaciones hípicas.
Esto ha provocado que los grandes terratenientes del continente sean los principales beneficiados de estas reformas. En España, mientras la ayuda media recibida por agricultor ronda los 5.800 euros al año, familias como la Casa de Alba o los Domecq obtienen verdaderas fortunas provenientes del eral público: más de tres y cuatro millones de euros al año, respectivamente.
Otro de los grandes cambios que han traído las sucesivas reformas de la PAC ha sido la eliminación de prácticamente todas las subvenciones a las exportaciones, que fueron tan criticadas por la OMC y organismos como el Fondo Monetario Internacional, así como la disminución de la gran mayoría de aranceles e impuestos a los productos importados, especialmente aquellos estratégicos para el mercado europeo, como el plátano, el arroz, la soja, el aceite de palma, el café o el cacao.
En este aspecto tienen mucho que ver los tratados de libre comercio que la UE ha firmado en los últimos años con varios países o regiones. Tratados como el euro-canadiense (conocido como CETA), la iniciativa EBA —por la que todas las importaciones a la UE, salvo las armas, desde países poco desarrollados están libres de aranceles— o el acuerdo de Cotonú con 78 países africanos eliminan casi todas las barreras comerciales; tratándose de países con una gran presencia del sector primario, la agricultura es uno de los aspectos más relevantes. Este impulso al comercio exterior ha aumentado aún más la competencia de los campesinos europeos, que ahora tienen que enfrentarse también a los bajos precios del extranjero, provocados por las peores condiciones laborales y medioambientales de los principales países exportadores.
Con la intervención pública bajo mínimos, la agricultura se ha abierto completamente al mercado, que no estaba del todo satisfecho con el modelo agrícola existente. Según su punto de vista, la agricultura familiar y la vida rural puede ser aceptable como reclamo turístico, pero a la hora de producir y generar beneficios hay otros modelos mucho más eficientes. El por entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ya afirmaba en 2005 la “necesidad de orientar la PAC hacia la competitividad, más allá de considerarla como un mero instrumento distribuidor”.
De la huerta a las grandes extensiones
Esta visión se ha impuesto en casi todo el mundo y, salvo en países prácticamente sin desarrollar, apenas quedan lugares donde la agricultura tradicional conserve la importancia de antaño. La imagen del agricultor que cultiva diferentes productos en su pequeño trozo de tierra con la ayuda de su familia y, como mucho, de algún tractor o cosechadora ha dado paso a otra totalmente diferente: la de la nueva agricultura industrial.
Este nuevo modelo se caracteriza por el gran tamaño de sus explotaciones, generalmente monocultivo —un solo producto—, y con un alto aporte químico y de maquinaria a fin de maximizar la producción. Quien trabaja la tierra ya no son campesinos autónomos, sino jornaleros a sueldo del propietario, normalmente una gran compañía agroalimentaria que fue adueñándose progresivamente de la tierra cuando los campesinos se vieron obligados a vender al ver que no podían competir con los bajos precios. El mercado —es decir, las grandes corporaciones agroalimentarias— siempre busca aquello que dé mayor rendimiento al menor coste posible y, como ocurre en toda industria, solo la producción a gran escala puede garantizar esa efectividad.
El proceso es simple: se busca un terreno grande con buenas condiciones para cultivar un determinado producto, se hace una inversión grande en maquinaria y productos químicos, inaccesible al agricultor medio, y se comienza a producir masivamente y a bajo coste, ya que, exceptuando la inversión inicial, el resto de gastos son más bien bajos. La mano de obra requerida es mucho menor y, aunque el producto sea de menor calidad, la resistencia a parásitos y demás amenazas gracias a los químicos hace que la cantidad obtenida sea mucho mayor, lo que facilita que se ofrezca un precio significativamente más bajo que el de sus competidores. Al no existir protección efectiva contra la ley del más fuerte impuesta por el mercado, los campesinos se ven obligados a sucumbir ante este nuevo modelo y se genera un efecto dominó que va dejando el campo en manos de las grandes corporaciones o los grandes terratenientes mientras se produce un éxodo rural masivo a las ciudades al no necesitarse tanta mano de obra como antes.
Este ha sido un fenómeno común en todos los rincones del planeta, especialmente sangrante en regiones como Latinoamérica o Asia, pero apreciable también en Europa. Solamente entre 2000 y 2012, en Europa han desaparecido casi cinco millones de puestos de trabajo relacionados con la agricultura, de los cuales más del 93% eran no asalariados, es decir, antiguos propietarios de las tierras.
En cada nueva reforma de la PAC, la UE se encargaba de asegurar que su mayor preocupación era garantizar la supervivencia de la agricultura familiar, pero los hechos desmienten sus palabras. El campo europeo se ha ido vaciando progresivamente, especialmente en España y Europa del Este, las regiones europeas con mayor número de agricultores históricamente.
Además, la población que permanece en el campo tampoco tiene mucha perspectiva de futuro, y no solo por lo mencionado hasta aquí. La agricultura es el sector económico que presenta un mayor envejecimiento de toda Europa: prácticamente el 80% de los agricultores tienen más de 45 años y más del 30% son mayores de 65 años.
El origen de nuestra comida
Si le preguntásemos a un agricultor qué es lo que cree necesario cambiar para que el campo vuelva a llenarse de gente, seguramente recibiríamos la misma respuesta en Rumanía, Grecia o Italia: precios justos. Aunque puede que no nos demos cuenta al hacer la compra, el mercado agrícola ha experimentado una caída de precios que no parece tener fin. En 2016 volvieron a caer —en España, un 3,2% en cultivos agrícolas y un 4,6% en los sectores ganaderos— hasta niveles de 2007. Desde la leche hasta las hortalizas, pasando por el aceite o los cereales, la gran mayoría de los productos agrícolas básicos son ahora más baratos que hace diez años, pero hay una razón por la cual no lo notamos: los propios supermercados y cadenas de distribución.
Estos gigantes de la alimentación, dueños de un sector del mercado cercano al oligopolio —salvo contadas excepciones, en todos los países miembros de la UE más de la mitad del sector está controlada por dos o tres compañías, con especial presencia de Carrefour—, usan su poder para presionar a los pequeños productores y comprar a los precios más bajos posibles. Sin embargo, a la hora de revender estos productos, incrementan el precio en porcentajes que poco tienen que ver con la realidad. Un kilo de patatas vale alrededor de ocho céntimos cuando el mayorista lo compra al agricultor, pero cuando llega al estante del supermercado su precio medio ronda el euro, un aumento del 1112%. Aunque no todos los casos son así de notables, es una situación que se repite en cada alimento que compramos.
Muchas veces no es la empresa de distribución la que compra directamente al productor; en el camino suele haber al menos un intermediario, cuando no varios, que encarecen también el producto. Entre estos intermediarios se encuentran algunas de las compañías más poderosas y ricas del mundo, como Nestlé o Danone. Las diez mayores compañías alimentarias del mundo controlan el 10% de la economía mundial y en conjunto ingresan más de mil millones de euros al día. Analizar sus operaciones precisaría un análisis aparte, pero basta con señalar el principal aspecto común que tienen con los supermercados: la presión sobre el agricultor o ganadero, que es quien al final carga con las demandas de precios bajos de los consumidores y las de beneficios altos que exigen los distribuidores.
Las organizaciones de agricultores de toda Europa han expresado su rechazo por esta situación y son numerosas las protestas y reivindicaciones. Uno de los conflictos que más atención mediática recibió recientemente fue el de los ganaderos lácteos, que en sus demandas por precios más altos y ayudas más efectivas reunió en enero de 2017 a miles de trabajadores venidos de toda Europa en Bruselas.
La PAC pos-2020
Parece que el actual comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, está decidido a cambiar las relaciones de poder entre agricultores y supermercados. El pasado septiembre Hogan realizó unas declaraciones en Dublín en las que apuntaba directamente a las grandes cadenas de distribución alimentarias y reconocía sus “superpoderes, obtenidos gracias al doble efecto de la globalización y la gran concentración de tierras en Europa”, además de apuntar directamente a compañías como Tesco, Lidl o Carrefour. Es la primera vez que alguien en su posición hace unas declaraciones como estas, pero solo el tiempo dirá si se convierten en algo más consistente o se quedan en agua de borrajas.
Las rondas de negociación que se han celebrado hasta ahora no indican que vaya a haber cambios significativos en la futura PAC, ya que de momento se están tratando cuestiones más de forma que de fondo. Esto es precisamente con lo que quieren acabar los agricultores europeos: desean una PAC realmente centrada en acabar con sus principales problemas —y no solo en apariencia—, con una orientación social y profesional hacia “los verdaderos profesionales agrarios” y a generar desarrollo económico y bienestar social en el medio rural.
Los datos hablan por sí solos y muestran la necesidad de un cambio radical de la PAC si de verdad se quiere preservar el medio rural europeo y promover su ocupación de una manera sostenible y que permita realmente a los agricultores tener una vida digna. La mayoría de la población agrícola europea permanece en el campo ya que no conoce otro modo de vida, pero sus hijos prefieren emigrar a la ciudad en busca de una vida mejor, lo que supone la mayor amenaza para la viabilidad de la agricultura europea. El agronegocio no ha demostrado por ahora ser compatible con la agricultura familiar. Con prácticamente solo una generación de agricultores en Europa, la solución tendrá que empezar en la siguiente reforma de 2020 si no se quiere ver el campo vacío en unos pocos años.