CANBERRA, 29 ene 2016 (IPS) – Las islas del Pacífico evocan imágenes de palmeras y playas vírgenes. Pero tras las guerras civiles y disturbios sucedidos a partir de los años 80, los expertos coinciden en que la región no puede darse el lujo de ser complaciente ante el futuro, a pesar de la última década de relativa paz y estabilidad.
Y la prevención de los conflictos va más allá de la ley y el orden.
“La estabilidad futura no está para nada asegurada en el Pacífico ni en ninguna región del mundo”, advirtió Meg Taylor, secretaria general de la Secretaría del Foro de Islas del Pacífico (PIFS, en inglés), una agrupación política con sede en Fiyi e integrada por 16 países.
“La investigación demuestra que el mayor indicador de conflictos futuros son los conflictos pasados. Por lo tanto, lugares como Bougainville y Nueva Caledonia, que no solo tienen una historia de guerra civil sino también la presencia de posibles causas irresueltas de los conflictos, como las actividades extractivas y las tensiones interétnicas… sugerirían que tenemos que estar atentos”, añadió.
Frida Bani Sam, del Instituto de Política Pública del Pacífico, ubicado en Vanuatu, señaló que la creciente desigualdad socioeconómica es un riesgo importante de conflictos armados, por lo que “la responsabilidad radica en un buen liderazgo… que garantice la estabilidad económica y social, ahora y en el futuro”.
El caso más grave posterior a la segunda guerra mundial fue la guerra civil de Bougainville (1989-1998) en Papúa Nueva Guinea, desencadenada por la desigual distribución de beneficios obtenidos de la mina de cobre Panguna, de propiedad extranjera, y la devastación ambiental. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 personas, o 10 por ciento de la población, perdieron la vida, mientras que la infraestructura y la economía quedaron diezmadas.
En el territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia, situado al suroeste de Fiyi, la desigualdad y la pérdida de tierras alimentaron la resistencia independentista y los disturbios a mediados de la década de 1980.
Las expectativas locales se intensificarán con referendos sobre la independencia de Nueva Caledonia en 2018 y de Bougainville en 2020.
Islas Salomón, vecina de Bougainville, también experimentó un conflicto armado, conocido como las “Tensiones” (1998-2003), que terminó con una intervención regional de mantenimiento de la paz.
Las hostilidades se agravaron por el despojo de tierras a los migrantes internos y por los inversores extranjeros en la isla de Guadalcanal, además de la falta de oportunidades económicas y el fracaso del gobierno para aplacar la violencia. Se estima que 50.000 personas fueron desplazadas y que miles sufrieron abusos de derechos humanos.
Causas como la desigualdad, las disputas por la tierra, la fragilidad de los gobiernos y el desempleo juvenil siguen siendo fuentes de tensión hoy en día, sostiene la PIFS.
El desempleo afecta a gran parte de la población, pero los jóvenes, que equivalen a 54 por ciento de los habitantes, son particularmente vulnerables. El crecimiento demográfico en los pequeños Estados insulares del Pacífico es muy superior a su capacidad de generación de empleo, y el desempleo juvenil oscila entre 16 por ciento en Samoa y 46 por ciento en Islas Salomón.
“Nuestras pequeñas poblaciones y nuestra economía en dificultades no pueden ofrecerle empleo de oficina más que a unos pocos”, se lamentó Dorcas Gano, presidenta del Colectivo de Mujeres de Hako, en el norte de Bougainville.
El colectivo busca resolver “la necesidad de contar con aptitudes para el empleo rural o formación calificada para la gran mayoría de jóvenes que no superan el grado 8 o 10. Si estas necesidades no se abordan con urgencia entonces aparecerán los vándalos que podrían provocar futuros disturbios”, opinó Gano.
Pero Bani Sam hizo hincapié en que la juventud debe ser parte de la solución y sostuvo que “los jóvenes, siendo la próxima generación de líderes, deben ser facultados para que puedan participar de manera significativa en el diálogo sobre el desarrollo”.
Para la gran mayoría de la población sin empleo formal el acceso a las tierras tradicionales es crucial para la vivienda, la seguridad social, la subsistencia y la producción de alimentos. Pero la influencia de la economía comercial y la corrupción, sobre todo cuando se trata de acceder a los recursos naturales en cuestión, han agravado las disputas por la tierra.
“Si aceptamos el modelo existente (de desarrollo), que es compatible con la propiedad privada y vincula estrechamente el desarrollo económico a la extracción de materias primas, entonces creo que la corrupción es, por supuesto, un problema porque el dinero obtenido de las actividades económicas relacionadas con la tierra tiende a no llegarle a los custodios tradicionales de la tierra, ni que hablar de la población en general”, comentó Taylor.
“Las estrategias de prevención deben incluir la plena aplicación del consentimiento libre, informado y previo de los terratenientes tradicionales, y por ‘plena aplicación’ me refiero a que los gobiernos deben estar dispuestos a aceptar que algunos propietarios no quieran dar su consentimiento a entregar la tierra”, precisó.
La lucha contra las causas de la violencia relacionada con la tierra es una prioridad. El enfoque de la PIFS procura acercar las prácticas tradicionales y occidentales del manejo del suelo mediante, por ejemplo, la definición de los derechos de los propietarios de las tierras consuetudinarias y las responsabilidades de los gobiernos.
Pero también existe una fuerte corrupción de políticos, funcionarios públicos y delincuencia organizada.
La corrupción estatal habría contribuido a las “Tensiones” en Islas Salomón. Un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que “políticos nacionales estaban notablemente comprados por varias compañías madereras asiáticas que buscaban y obtuvieron el acceso inmediato a los bosques de Islas Salomón… a cambio de sobornos”.
“Una diversidad de actores, incluidos ex combatientes, políticos y empresarios, se beneficiaron económicamente con la violencia y el desorden” que se produjo, añadió el informe.
Bani Sam señala que la migración inducida por el clima, junto con el crecimiento demográfico, también podría aumentar la presión sobre la tierra y los recursos, y que “no se puede ignorar el riesgo de conflictos”. Pero ese riesgo disminuye si el reasentamiento de las comunidades y las relaciones con los propietarios se manejan bien, aseguran los expertos.
La prevención de futuras hostilidades es una prioridad a nivel regional. La PIFS tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia de los grupos marginados, incluir a las mujeres en la toma de decisiones sobre la pacificación y la seguridad y reforzar el control de las armas y de los procesos tradicionales de resolución de conflictos.
La Declaración de Biketawa brinda un marco para la coordinación de la respuesta a las crisis regionales que fue acordada por los gobernantes del Foro de las Islas del Pacífico en una cumbre celebrada en Kiribati en octubre de 2000, tras el golpe de Estado en Fiyi y las tensiones étnicas en Islas Salomón.
La Declaración permitió que fuerzas militares y policiales, así como el personal civil de los Estados del Foro, principalmente de Australia y Nueva Zelanda, participaran en operaciones regionales de mantenimiento de la paz y la estabilización en Islas Salomón (a partir de 2003), Naurú (2004-2009) y Tonga (2006).
Traducido por Álvaro Queiruga