A medida que se acerca la fecha clave del primero de julio, en que el pueblo de México habrá de decidir cómo quiere vivir los próximos seis años, se multiplican, como es natural, las acciones de quienes pretenden conservar o conquistar el poder público a través de una democracia defectuosa como es la que aún tenemos.
Muchos candidatos a diferentes cargos de elección popular, a lo largo y ancho del país, han dejado la vida en esta carrera, además de quienes han resultado lesionados o amenazados, al grado de que no pocos, ante estas circunstancias, han vuelto a lo suyo, a sus actividades habituales, olvidándose de la política.
Es de lo más lamentable que las autoridades responsables de esta elección no hayan sido capaces de frenar la violencia que desde hace tiempo atenta contra un proceso democrático que bastante ha costado a la sociedad mexicana, desde el punto de vista económico-social y aún de vidas humanas.
Cerrar caminos a la violencia
Hay un punto importante que hemos de considerar: no se trata solamente de evitar actos violentos el día de las elecciones y cualquier otra acción ilegal que se derive de ellas, sino de prevenir desde este momento cualquier suceso de esa naturaleza, cerrando el camino a la ilegalidad.
Además del secuestro y asesinato de candidatos, hemos visto en esta contienda electoral muchas amenazas en contra de ellos y de los ciudadanos que los apoyan, lo que no abona en nada a la democracia, como tampoco abonan los actos fraudulentos como son las constantes llamadas telefónicas a los presuntos electores para tratar de inclinar su voto en contra de algún candidato.
De todas estas cosas el Instituto Nacional Electoral parece no darse cuenta, y por lo visto tampoco le interesa investigar de dónde vienen todas esas llamadas, empezando por saber quiénes las operan y cómo obtuvieron los nombres y teléfonos de los posibles votantes.
Responsabilidad del Estado
Aparte del INE, el Gobierno federal y los de estados y municipios tienen grave responsabilidad en este proceso, porque nadie concibe que se mantengan ajenos al mismo, para bien o para mal.
La obligación del Estado, en sus tres niveles, es garantizar una elección verdaderamente libre, democrática y legítima, para que no quede la menor duda acerca de los personajes que realmente resultaron electos por voluntad popular. Cualquier acto contrario a este objetivo, mancha el proceso.
El responsable máximo
El responsable máximo de esta elección es sin duda el Presidente de la República; sobre él recae, como ha recaído en sus antecesores, la responsabilidad última del proceso electoral: si es legítimo, la historia lo reconocerá, pero si no lo es, que Dios nos guarde.
Por eso hemos de tener, desde ahora, el mayor cuidado en cerrarle el paso a cualquier cosa que violente la voluntad ciudadana, ya sean los atentados contra la vida y seguridad de los candidatos como a los hostigamientos y amenazas a los electores. ¡La paz de México vale mucho como para arriesgarla en una elección, por importante que sea!
Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del lunes 25 de junio de 2018.