Publicado: 28/06/2024 06:00 PM
El petróleo es el recurso que ha impulsado las transformaciones de Venezuela y continúa teniendo una presencia importante en el desarrollo de la nación, por esto es necesario presentar un recuento histórico que permita revisar los avances y retrocesos que nos han sucedido y su expresión en la vida política del país.
Esta investigación pretende evidenciar cómo la oligarquía venezolana ha estado dispuesta a entregar nuestro petróleo a empresas transnacionales para su beneficio y para fundamentarla, recurrimos al trabajo de expertos en materia petrolera, como el profesor Alí Rodríguez Araque quien publicó un libro llamado “El proceso de privatización petrolera en Venezuela”, en el que explicó que “la práctica de concesiones a favor de extranjeros se remonta al siglo XX en Venezuela, cuando en 1873, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco otorgó a Horacio Roberto Hamilton y Jorge A. Phillips, una concesión para explotar el lago de asfalto natural conocido como Guanaco, en el estado Sucre, con un área de 4 km2 y reservas estimadas en 75 millones de barriles; de la cual el Estado venezolano recibía solo el 2% de ganancias por ese contrato”.
Luego, detalló Rodríguez A. que en 1885 “esa concesión fue traspasada a la New York and Bermúdez Company, una empresa transnacional presentada por la oligarquía caraqueña que luego generaría severos conflictos con el gobierno de Cipriano Castro por participar activamente en movimientos conspirativos contra su gobierno; de manera que la intervención de las empresas en los asuntos internos de Venezuela se hizo una práctica cotidiana”.
Años más tarde, en 1905, el entonces presidente de la República, Cipriano Castro decretó la Ley de Minas con el fin de establecer las condiciones en la contratación de la exploración y explotación de crudo por parte de empresas petroleras extranjeras. Esas compañías lograron el otorgamiento de concesiones por 50 años. Por su parte, debían pagar un impuesto anual de sesenta centavos de dólar por hectárea y una regalía de 1,20 dólares por tonelada de petróleo extraído. En las investigaciones del experto petrolero Rodríguez A. dijo que “las primeras concesiones de importancia se otorgaron a venezolanos quienes las traspasaron a empresas extranjeras. Tales concesiones fueron temporalmente suspendidas durante el conflicto de Venezuela con varias potencias de Europa y luego con EEUU”.
Para contextualizar, la profesora de la Universidad de los Andes, Lorena Martínez detalló en su artículo llamado “Concesiones petroleras durante el gobierno de Juan Vicente Gómez”, publicado en la Revista digital Historia de la Educación en 2020 que “detrás del derrocamiento del presidente Cipriano Castro por parte de Juan Vicente Gómez estaba presente la acción de las empresas concesionarias y su respectivo gobierno, interesados en la exploración y explotación petrolera, situación con la que Castro no estaba de acuerdo. Estas intenciones estaban apuntaladas hacia el interés de instaurar en el gobierno a alguien que favoreciera a tales empresas concesionarias de una manera dócil y amplia a favor de las mismas”.
Ante este escenario, ya instaurada la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1908, se facilitaron las negociaciones con los grandes consorcios petroleros internacionales que obtenían ventajas extraordinarias y se gestaron las condiciones para que las compañías petroleras asumieran el control completo de las operaciones.
Más adelante, en el mismo artículo la profesora Martínez explicó que “entre 1917 y 1931 Gómez nombra al Dr. Gumersindo Torres como Ministro de Fomento con lo cual asume el control en materia de hidrocarburos y decretó una reforma de la Ley de Minas, además de proponer la anulación de las concesiones otorgadas a la Caribbean Oil Company y a la Venezuelan Oil Concessión; tales acciones no fueron bien vistas por las empresas petroleras que presionaron y lograron la destitución del ministro”.
Luego, en 1943 y aprovechando las circunstancias de la primera guerra mundial, el presidente Isaías Medina Angarita dictó dos leyes que resultaron decisivas en el incremento de la participación venezolana en los proventos petroleros: la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
Adicionalmente, el investigador Peter R. Odell en su libro “Petróleo y poder mundial” publicado en 1977, detalló respecto al decreto de dichas leyes que “con la primera, logra unificar todas las regalías que hasta entonces promediaban un 9%, incrementándola, tal y como lo expresaba claramente su Exposición de Motivos, hasta un mínimo de 16, 2/3 %, lo que es lo mismo que 1/6; de manera que de cada seis barriles extraídos, uno debía ser entregado al fisco nacional en especie o en dinero efectivo, sistema que se mantuvo hasta la firma de las distintas formas de contratos que se materializaron en la llamada apertura petrolera. La reforma de Medina Angarita impuso además, otro tipo de contribuciones y unificó la duración de las distintas concesiones en cuarenta años”.
Estas decisiones produjeron los primeros enfrentamientos entre el Gobierno y las compañías petroleras, que se dirigían a retener al menos una parte de la renta diferencial que representaba la alta productividad de los yacimientos venezolanos en relación con los yacimientos norteamericanos.
También, comentó el investigador Odell que en términos generales “entre los periodos comprendidos desde el derrocamiento de Medina Angarita hasta la nacionalización del petróleo el 1º de enero de 1976, se mantuvo en lo esencial la misma política petrolera con algunas variantes derivadas, tanto del mercado internacional como de las circunstancias políticas internas, el hecho más notorio que podría señalarse fue la decisión del gobierno de transición encabezado por Edgard Sanabria, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, luego poco después del triunfo electoral de Rómulo Betancourt, antes de entregar el mando Edgar Sanabria, quien ejercía como jefe de Estado para la transición, introdujo una Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta”.
Detalló además Odell en su investigación que de acuerdo con esa reforma “se estableció una tasa máxima del 47,5%, un aumento apreciable si se toma en cuenta que la tasa máxima existente hasta ese momento, era del 28,5%. Con una regalía del 16,2/3%, en el promedio los beneficios para el Estado se elevaron al 60% como mínimo. Se rompía así la fórmula del famoso fifty-fifty, introducida por Rómulo Betancourt desde 1945”.
Pareciera entonces que la cultura de negociar la venta de petróleo a favor de las empresas transnacionales, poniendo por encima sus intereses a los de la Patria, así como la participación de las mismas en el derrocamiento de aquellos presidentes que exijan mejores condiciones para el país en la negociación, ha sido una práctica recurrente desde el inicio de la explotación de este recurso en Venezuela.
AMELYREN BASABE