La Constitución tiene una necesidad y los ciudadanos varios dilemas. Casi cuarenta son años suficientes para necesitar su actualización. Ahora bien, ¿apostamos por reformar o por derogar? Hay una cuestión previa: observando los derroteros por los que caminamos como sociedad y la senda que siguen los partidos políticos que deberían afrontar el reto, cabría preguntarse si es conveniente intervenir ahora o dejarlo para tiempos con más luces y menos fanatismos.
Se alzan voces descalificando un texto que ha proporcionado cuatro decenios de vida democrática, cargados de imperfecciones sí, pero que ha tutelado el periodo democrático más duradero en este país. También hay quienes observan la necesidad de su reforma. Resulta que España ha cambiado: la sociedad, las condiciones laborales, las empresas, los medios de comunicación, la educación, la ebullición de las redes sociales... Todo es distinto y, sin embargo, la Constitución permanece casi inalterada como una ley bíblica grabada en piedra a la que hay que venerar aunque muchos de sus preceptos no se cumplan y otros no sirvan para dar respuesta a los nuevos retos.
Sin desmerecer a quienes redactaron y aprobaron el texto constitucional, lo cierto es que treinta y nueve años después, la Carta Magna parece caduca y, en ocasiones, decorativa. Convendría recordar, sin embargo, que la soberanía no pertenece a los ciudadanos que la votaron en 1978, sino al conjunto de ciudadanos actuales. Esto, que es una obviedad, es conveniente tenerlo presente porque somos nosotros, como titulares de esa soberanía, quienes podemos exigir a los legisladores electos que actualicen el texto, bien reformándolo bien afrontando un nuevo proceso constituyente. Aunque conociendo el afán restrictivo de determinadas opciones políticas, con demasiado respaldo electoral, habría que pensarlo bien antes de emprender una apuesta que puede provocar un retroceso en derechos y libertades.
El proceso constituyente del 78 estuvo marcado por una especie de necesidad de renuncias múltiples tras cuarenta años de un régimen dictatorial surgido de un golpe de Estado. Ahora, en tiempos de crisis económica y territorial, con la desigualdad creciendo día a día al ritmo que crece el déficit democrático y la estulticia política, parece complicado volver a un escenario de renuncias suficientes para acordar un texto.
Hay necesidad, pero convendría preguntar si una actualización elaborada por los políticos actuales garantizaría la igualdad efectiva entre hombre y mujer o si suprimiría los privilegios de la Iglesia Católica. ¿El Estado de las autonomías sería sustituido por un modelo federal o se volvería a la centralización del mismo? El Senado, ¿pasaría a ser una auténtica cámara territorial? ¿Se apostaría por garantizar y financiar suficientemente derechos fundamentales en sanidad, educación, dependencia o pensiones? ¿Acaso su actualización fortalecería la libertad de expresión y haría efectiva la separación de poderes? ¿Cabría una consulta para votar Monarquía o República? ¿Sería posible un nuevo sistema electoral más representativo de la voluntad expresada en las urnas?
Muchos pensamos que tenemos una Constitución que ha quedado anticuada y que no ofrece las garantías sociales y democráticas que hoy son exigibles. Pero resulta impensable una hipotética actualización de la primera ley que incluyera, por ejemplo, el que todos somos "iguales ante la ley", que "las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social", que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica" o que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". ¡Lástima que estos preceptos, como tantos otros artículos, no se cumplan ni haya intención de cumplirlos!
Escucho a Pedro Giraudo Big Band: