Varias ciudades cuentan con servicios funerarios con participación municipal que compiten con otras empresas privadas, aunque hay municipios que imponen requisitos tan difíciles para obtener licencia en la ciudad que, en la práctica, ninguna empresa privada ha iniciado su actividad, explica la OCU. Es el caso de Barcelona, Tarragona y Palma de Mallorca, donde las empresas municipales ofrecen sus servicios en régimen de monopolio y dos de ellas -Barcelona, donde cuesta 6.441 euros y Tarragona, 5.323–se convierten en las más caras de las analizadas. Estos precios contrastan con los presupuestos medios obtenidos en ciudades como Cuenca (2.261 euros), Santa Cruz de Tenerife (2.397 euros) o Las Palmas (2.662 euros) que son las más económicas. El informe señala que, cuando hay varias compañías prestando estos servicios, existen mayores ahorros, como Alicante, Madrid y Valencia, donde superan los 2.000 euros, aunque el ahorro medio es de 900 euros.
La OCU denuncia que, en un 35 por ciento de las funerarias, “nuestro cliente anónimo” no recibió un verdadero presupuesto, sino anotaciones en tarjetas de visitas, en folios blancos sin ninguna identificación o un simple presupuesto verbal. El servicio básico para que el que solicitó presupuesto, incluía, además de los servicios habituales (féretro, traslados, sala-velatorio), la opción de inhumación en un nicho temporal o incineración, un servicio que presentó "elevadísimas" diferencias de precios entre ciudades.
La subida del tipo impositivo de IVA a un 21% adoptada por el Gobierno, en 2012, ha incrementado en 13 puntos, lo que supone una subida de entre 200 y 500 euros en el precio medio de los servicios funerarios. Así, mientras, en 2012, la muerte de una persona supone a la familia un desembolso de 3.600 euros de media (3.300 euros de los servicios más el 8% de IVA), en 2013, asciende hasta los 3.800 (3.200 euros más el 21% de IVA).“Esto supone un problema para todos, no sólo para el sector, también para toda la sociedad española, ya que el servicio funerario se ha encarecido 13 puntos”,explica el vicepresidente del Grupo Mémora, Eduardo Vidal.
Vidal señala que, mientras el transporte de una persona viva está gravado en un 10%, el de un difunto lo está en un 21%; y, mientras una práctica sanitaria sobre una persona viva está exenta de IVA, una práctica sobre un cadáver, está gravada en un 21%. “Pedimos como sector su replanteamiento y su rectificación porque está generando unas discriminaciones entre lo que es una persona viva y su consumo y cuando muere esa persona, más aún, siendo un consumo absolutamente necesario, que la familia tiene que afrontar y con un 21% de coste”.