Ya en el siglo XVI, un tal Nicolás Maquiavelo plasmó en un libro de referencia, y de infinita actualidad llamado "El Príncipe", un genial análisis sobre la naturaleza del poder. Además, Maquiavelo explica cómo llegar al poder y cómo mantenerse. Y los partidos políticos catalanes que apoyan el procés, han basado y hacen uso de esos argumentos, siempre manipulando la verdad y utilizando las armas del victimismo y recientemente su supremacía, cosa que ha resultado verdaderamente sorprendente. La gran mayoría de los mensajes que se han enviado y todavía se envían desde el poder, son falsos. Lo que hoy se llamaría "fakes news". Analicemos algunos de estos argumentos falsos que lanzan los políticos independientes a toda Cataluña.
1. La ONU obliga a España a garantizar la investidura de Jordi Sanchez u otro político preso. El documento, de un Comité de Derechos Humanos de la ONU (no de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad), donde aún no se ha debatido la petición de Sánchez, apunta que España debe "garantizar que Sánchez puede ejercer sus derechos políticos", algo obvio en cualquier democracia. "Esta petición no implica que se haya llegado a ninguna decisión sobre el fondo del asunto", aclara. La ONU no exige nada ni se posiciona sobre su investidura. 2. Puigdemont está perseguido por sus ideas políticas En los Estados democráticos no se persigue a los ciudadanos por sus ideas políticas. De ser así, dirigentes de la CUP estarían en prisión o la responsable de los CDR, Tamara Carrasco, de Viladecans, no habría sido puesta en libertad por la Audiencia Nacional cuando la Fiscalía la acusaba por delitos de terrorismo y rebelión. Podría argumentarse que ningún Estado no democrático reconocería persecuciones políticas en caso de practicarlas. En ese sentido, el fallo del tribunal de Schleswig-Holstein que puso en libertad a Puigdemont en Alemaniay que el independentismo reivindica, deja claro que no hay indicios de que el expresident “vaya a estar en riesgo de persecución política” si es entregado a España. "Se le acusa de malversación, una acción concreta que es también punible según la ley alemana y no por sus convicciones políticas",
3. El Estado no acepta los resultados electorales El Gobierno central convocó, organizó y dio a conocer los resultados y en ningún momento ha puesto en duda los resultados. Según ha anunciado en numerosas ocasiones, la aplicación del artículo 155 de la Constitución acabará en el momento en el que haya un nuevo president. Pero el Gobierno es el que elige al president sino el Parlament, que sólo puede investir a candidatos que no puedan presentarse al debate. Si están en prisión, corresponde a la Justicia decidir. En este momento hay ocho procesados por rebelión que son diputados y no pueden presentarse a la investidura por estar en prisión o huídos de la Justicia. En caso de que los partidos secesionistas propusiesen a uno de los 62 diputados pro-independencia no procesados, ni la Justicia ni el Gobierno podría impedirlo, por más independentista que fuese. 4. Los CDR son protestas pacíficas Los CDR se enmarcan dentro de la "desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta, propia de una democracia madura", dice la resolución política que los grupos independentistas quieren aprobar en el Parlament en los próximos días. Sin embargo, los CDR han protagonizado numerosos incidentes violentos desde hace varios meses. El pasado 25 de marzo, cuando Puigdemont fue detenido, varios centenares de personas convocadas por los CDR asediaron la Delegación del Gobierno en Barcelona. La concentración acabó con fuertes disturbios, lanzamiento de botes de humo, huevos, vallas y contenedores con hasta 92 heridos o atendidos por los servicios sanitarios. Los CDR han rodeado edificios sin carácter político pero sí estratégico, como la estación de tren de Sants, en Barcelona. En la huelga de noviembre, se cortaron numerosas vías de comunicación, dejando a muchos conductores y pasajeros atrapados durante horas. También se echaron a las vías del tren en Girona. 5. El 21-D ganó el independentismo Los partidos independentistas obtuvieron en las últimas elecciones 70 diputados frente a los 68 de los no independentistas. En este último grupo se cuenta a Catalunya en Comú Podem, que rechaza el procés y la vía unilateral utilizada hasta ahora y que en su programa electoral incorporó como primera prioridad un mayor autogobierno "en el marco de un Estado Plurinacional" español. En votos, el independentismo ha perdido en todas las elecciones catalanas que se han celebrado. El 21 de diciembre, logró 2.079.430 votos (47,5%), casi 150.000 que los partidos no independentistas, que lograron 2.228.421 (50,9%). En 2015, Artur Mas concurrió con Junts pel Sí, una lista que aglutinaba a todo el independentismo, salvo la CUP, y los partidos en favor del sí consideraron esas elecciones plebiscitarias. El independentismo perdió el plebiscito al lograr un 47,8% de los votos, menos del 50% de los votos válidos a candidaturas. Las candidaturas en contra superaron el 50% por unas décimas. Si el independentismo dice que ha ganado no es, en ningún caso, porque haya cosechado más votos que los partidos que le dan una oportunidad a España. Sólo ganó en el referéndum del 1 de octubre, considerado sin garantías por los propios observadores internacionales contratados por la Generalitat y en el que la oposición no compareció al ser ilegal. 6. Los heridos y la violencia generalizada del 1-O Según Jordi Turull, exconseller de Presidencia y encargado de dar los resultados del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, en Cataluña se pudo votar en el 73% de las mesas electorales, 4.561 en total. Según Human Rights Watch, que realizó tras el 1-O una muy detallada investigación que después publicó, durante la jornada los cuerpos de seguridad del Estado utilizaron la fuerza de manera excesiva en tres lugares. Tres lugares en una votación que contó con 4.561 mesas activas en toda Cataluña. Las imágenes circularon por toda España y Europa, pero no fueron un reflejo fiel de lo que ocurrió ese día. Por su parte, la Generalitat informó de que ese día hubo hasta 1.066 heridos, pero esa cifra no pudo ser verificada en ningún momento por ninguna autoridad independiente. El encargado del recuento era el entonces Conseller de Salud, Toni Comín, hoy huido de la Justicia española en Bélgica. Los medios consiguieron demostrar casos de heridos que describían grotescas imágenes de represión que nunca habían vivido. El caso más paradigmático es el de Marta Torrecillas, que explicó cómo un agente le había roto los dedos uno a uno. Era mentira, padecía una enfermedad, como luego reconoció, y era activista de ERC. 7. No se puede perseguir a Puigdemont porque sólo responde ante el Parlament "Ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes", dijo Roger Torrent, expresidente del Parlament, el día en que fue detenido. El president es aforado, por lo que no tiene que responder ante los tribunales ordinarios, pero sí puede ser perseguido por cualquier delito que pueda cometer. Puigdemont sí tiene, como cualquier diputado, inmunidad parlamentaria. Es decir, no se le puede perseguir por nada que diga en sede parlamentaria en virtud de una protección con hondas raíces en las democracias parlamentarias. Sin embargo, cualquier presidente autonómico puede ser acusado de cualquier delito, sea el que sea. Considerar lo contrario es acabar con la división de poderes y el control del Ejecutivo, uno de los pilares de toda democracia.