La propuesta de decreto que regula (y perjudica) la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables

Hecha pública la propuesta del Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, es notable el  empeoramiento de las condiciones para los que invierten en este tipo de energía, haciendo oídos sordos a los avisos de la Comisión Europea y los organismos reguladores para que se garantice la seguridad jurídica y se tengan en cuenta las condiciones iniciales de los inversores en energías renovables.

El nuevo Real Decreto  que ha remitido el MINETUR a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia establece la variabilidad e incrementa la retroactividad, teniendo en cuenta que todas las bases para  el pago podrán cambiar cada 3 años. Además el gobierno puede cambiar a su antojo cada 6 años la rentabilidad  para las instalaciones que funcionan con el nuevorégimen económico.

Con estos conceptos se hace imposible invertir en nuevos proyectos y lo que parece más grave, la refinanciación de los que funcionan actualmente. Estas  normas retroactivas colocan a este sector energético al  borde de la quiebra, ya que los beneficios por producción no son suficientes para hacer frente al gasto de la deuda contraída con lo que será imposible refinanciarse

Las energías renovables gozaban de preferencia para colocarlas en el mercado mayorista de la electricidad, un derecho plasmado en la normativa europea UE/2009/28 de fomento de las energías renovables. Pero con este nuevo decreto se sospecha que pueda desaparecer este derecho prioritario, además perjudica a los que ya invirtieron en la tecnología fotovoltaica, no reconociendo la potencia nominal (se estima que con los nuevos cálculos se reducirán en un 15% los ingresos).

La propuesta para el Real Decreto contempla también otros datos perjudiciales para el sector como la eliminación de incentivos por cierre de instalaciones, aumenta el coste de producción para adaptarse a la nueva ley y quita competencias  a las Comunidades autónomas, lo que dificultará la creación de pequeñas instalaciones.

Para los inversores en energía  Fotovoltaica el nuevo Decreto perjudicaría, en comparación con el anterior borrador, contemplando aspectos inadmisibles en cualquier regulación como son la pérdida de seguridad jurídica, la arbitrariedad y la retroactividad.