Hecha pública la propuesta del Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, es notable el empeoramiento de las condiciones para los que invierten en este tipo de energía, haciendo oídos sordos a los avisos de la Comisión Europea y los organismos reguladores para que se garantice la seguridad jurídica y se tengan en cuenta las condiciones iniciales de los inversores en energías renovables.
El nuevo Real Decreto que ha remitido el MINETUR a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia establece la variabilidad e incrementa la retroactividad, teniendo en cuenta que todas las bases para el pago podrán cambiar cada 3 años. Además el gobierno puede cambiar a su antojo cada 6 años la rentabilidad para las instalaciones que funcionan con el nuevorégimen económico.
Las energías renovables gozaban de preferencia para colocarlas en el mercado mayorista de la electricidad, un derecho plasmado en la normativa europea UE/2009/28 de fomento de las energías renovables. Pero con este nuevo decreto se sospecha que pueda desaparecer este derecho prioritario, además perjudica a los que ya invirtieron en la tecnología fotovoltaica, no reconociendo la potencia nominal (se estima que con los nuevos cálculos se reducirán en un 15% los ingresos).
La propuesta para el Real Decreto contempla también otros datos perjudiciales para el sector como la eliminación de incentivos por cierre de instalaciones, aumenta el coste de producción para adaptarse a la nueva ley y quita competencias a las Comunidades autónomas, lo que dificultará la creación de pequeñas instalaciones.
Para los inversores en energía Fotovoltaica el nuevo Decreto perjudicaría, en comparación con el anterior borrador, contemplando aspectos inadmisibles en cualquier regulación como son la pérdida de seguridad jurídica, la arbitrariedad y la retroactividad.