El despliegue de seguridad tuvo un alto costo de unos 20.000 euros, según estimaron a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo, tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y la Policía Municipal. Las mismas fuentes consultadas precisaron que la Policía Nacional era la encargada de controlar los aledaños del Juzgado antes y durante la declaración. Para ello fueron desplegados desde Valencia dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios.El desplazamiento de este centenar de policías comenzó el jueves pasado. El traslado y el pago de dietas durante los días que permanezcan desplegados supone una gran parte del coste total del dispositivo. Por parte de la Policía Nacional estable en Palma se desplegaron efectivos del grupo formado por 25 efectivos de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), así como agentes de la Brigada Provincialde Seguridad Ciudadana, miembros de la Unidad Canina y de la Unidad de Subsuelo. Se desplegaron agentes en las azoteas de los edificios próximos, se inspeccionó el subsuelo, se sellaron las alcantarillas del entorno de los juzgados y un helicóptero sobrevoló la zona. La Guardia Civil fue la encargada de velar por la seguridad de la Infanta en sus desplazamientos en la isla desde el aeropuerto, el lugar en el que se hospedó o en su llegada y salida del Juzgado. Sobre la Policíarecayó la labor de llevar a cabo los cortes de tráfico necesarios. El dato total de efectivos de las fuerzas de seguridad previstos ascendió a cerca de 200. Las fuentes consultadas explicaron que, en este caso, el dispositivo fue mucho más contundente que el desplegado en anteriores ocasiones con el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
Jesús María Silva, uno de los abogados de la infanta Cristina, aseguraba el pasado miércoles que la hija menor del Rey tenía ganas de declarar en los juzgados de Palma para “liberarse un poco de este trámite”. “Se encuentra bien… Está serena”, añadía el letrado a las puertas de su despacho de Barcelona. Silva no quiso, por el contrario, contestar sobre cuestiones estratégicas de la defensa, ni si durante el interrogatorio respondería a todas las partes. Silva y Roca Junyent se reunieron estos días con la Infanta para preparar su defensa, y estaban convencidos de que la declaración ante el juez José Castro serviría para demostrar su inocencia. Sobre la posibilidad de bajar la rampa de los juzgados andando o en coche, Silva dijo que “son cuestiones de seguridad que ella no va a decidir”. Recordó que la Infanta siempre había actuado motivada por “su fe en el matrimonio y amor a su marido”,en el que “confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea”. Y añadió que “a la infanta se la ha imputado por ser quién es” porque, de lo contrario, el juez no habría escrito la imputación en 225 folios sino “en 15 ó 20”, como se hace normalmente. “Si alguien considera que es necesario escribir un tratado de derecho procesal para imputar a alguien, será porque considera que el caso lo merece”. En declaraciones a los periodistas a las puertas del bufete de abogados, Silva sentenció hace varias semanas que la Infanta “está enamorada de su marido” y argumentó: “Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: Amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”. Preguntado sobre si con ello afirmaba que su marido, Iñaki Urdangarín, la había engañado, respondido: “Yo le digo quién confía. A partir de ahí, cada uno responde en conciencia de sus actos.Lo que no se puede pretender es que el legislador diga: 'Mujeres, cuando vuestros maridos os den algo a firmar, primero llamad a un notario y tres abogados'; o viceversa: 'Maridos, cuando vuestras mujeres os presenten algo, desconfiad y esperad a firmar”.
Una mayoría de jueces, incluso los conservadores, apoyan al instructor del ‘caso Nóos’. La Asociación Profesionalde la Magistratura(APM) denunció los “ataques personales” contra José Castro y se posicionó junto al juez José Castro. Su crítica llega después de las denuncias de otras asociaciones del sector como Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, tras el último escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach en el que éste aseguraba que el magistrado se apoyó en “teorías conspiratorias” para imputar a la hija del Rey de un delito fiscal y otro de blanqueo. Sin mencionar explícitamente al juez Castro, la APMpidió “respeto personal” para los jueces que sufren “ataques”. Y la Asociación Franciscode Vitoria denunció “la grosera campaña de desprestigio” contra el juez Castro, calificando de “expresiones impertinentes y ofensivas” y “acusaciones muy graves” las vertidas por el fiscal Horrach en su escrito contra la instrucción del magistrado. Jueces para la Democracia, por su parte, denunció las presiones de todo tipo y seguimientos personales padecidos por el juez y afirmó que estas circunstancias son especialmente negativas para la actuación de una justicia independiente. “El juez instructor –señala– ha sufrido presiones de todo tipo, seguimientos personales y también el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación”. Y destaca que “a pesar de ello, Castro ha llevado a cabo un esfuerzo profesional considerable para impulsar una causa muy compleja, en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias y delitos societarios”.
Los inspectores que libraron a la infanta Cristina de un delito fiscal admitieron hace dos semanas al juez Castro que dieron por buenas tres facturas “simuladas”. El magistrado censuró a los técnicos y a la abogada del Estado por aplicar con ella “un trato diferente” El juez del juzgado número 3 de Palma preguntó a los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributariade Cataluña si era normal que un expediente como el de Cristina de Borbón “tarde tantos meses en resolverse”. Los funcionarios se defendieron alegando que el tiempo empleado en este asunto se encuentra “dentro de los márgenes habituales” y que no se han empleado más a fondo por tratarse de la hija del Rey. Pero la batería de preguntas se fue complicando al requerir Castro una explicación convincente de por qué la investigación tributaria de Cristina de Borbón la inició el abogado jefe de Hacienda cuando le correspondía a los propios técnicos de la Delegación de Cataluña. Los inspectores se excusaron en que la plaza del funcionario al que le correspondía asumir esta investigación “estaba vacante” y que sólo por eso el expediente lo asumió directamente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria.La explicación no convenció al juez, según explica Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, que recogía esta información al detalle.“¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de contribuyentes?”, preguntó a los autores de los informes tributarios sobre Cristina de Borbón y su sociedad Aizoon. “¿Si no se hubiera tratado de la Infanta Cristina hubieran aceptado como gasto estos tres recibos de 69.900 euros que no responden a servicio alguno?”, insistió el magistrado. “Cada caso es diferente y la deductibilidad de una factura es relativa”, le replicaron. Los inspectores de Hacienda admitieron que las tres facturas eran irregulares y simuladas, negándose a tildarlas de “falsas”. No obstante, la discusión no radicó en si las facturas eran falsas o simuladas sino en si eran deducibles. “No hemos recibido ninguna instrucción ni ninguna presión para actuar de esta manera”, se esforzaron en dejar claro los inspectores, añadiendo que, a su juicio, la infanta Cristina debe ser exculpada por completo del fraude fiscal de su sociedad porque quien la gestionaba no era ella sino su marido. Pese a que ya ha sido acreditada la participación directa de la hija del Rey en numerosas operaciones fraudulentas de Aizoon, firmando de su puño y letra documentos clave como el autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes o la compraventa simulada de acciones de la promotora Mixta África, los funcionarios añadieron que hay que trasladar el fraude fiscal de Aizoon al Impuesto sobre la Renta del duque de Palma. Criterio que fue rebatido por el juez Castro quien, en presencia de varios testigos, confesó estar “cansado” de constatar cómo la Agencia Tributaria“trata de manera diferente” a la hija del Rey en este asunto. De ahí su persistencia en su batería de preguntas por dejar claro que Hacienda y la propia Abogacía del Estado está variando sus criterios habituales para favorecer a Cristina de Borbón.
El interrogatorio de la Infanta se hizo sin ayuda de Internet ni de ningún tipo de dispositivo electrónico para evitar que se la grabase. A la entrada del juzgado, el juez ordenó que los abogados y personal con permiso previo dejasen en la entrada teléfonos, iPads, ordenadores personales, portátiles o grabadoras. E implantó un “apagón digital” durante el interrogatorio. El instructor justificó sus medidas con el argumento de que se pretendía evitar la filtración del contenido de las palabras de la hija del Rey mientras se producía su declaración. Una vez comenzado el interrogatorio, los abogados sólo pudieron mostrar a la Infanta pruebas por escrito y sólo en casos extraordinarios en los que era necesaria una prueba electrónica, se permitió activar el ordenador del juzgado previa autorización del magistrado. Los abogados de la Infantase mantuvieron en una misma estrategia desde que comenzó el sumario, asegurando que nunca supo qué actividades realizaba su marido. Con ello pretendieron alegar desconocimiento y defender que doña Cristina tampoco había tomado parte en la gestión económica de Aizoon. Desplegaron el interrogatorio ensayado una y otra vez en los días previos a la cita con el juez, con preguntas y respuestas para evitar el menor desliz dialéctico. La estrategia del bufete basó en el desconocimiento de ambos conceptos por parte de la Infanta –el de la retribución que percibía como miembro de Consejos de Administración y el de los pagos que obtuvocomo asesor de compañías mercantiles privadas– que refuerza la tesis del desconocimiento y la desconexión del dinero ilícito. Como socia al 50 % de la empresa familiar, los más de 600.000 euros que la fiscalía le exige proceden del cálculo de dividir por dos los 1,3 millones de fondos de Baleares y de la Comunidad Valencianaganados por Urdangarín con las maniobras del Instituo Noos entre 2003 y 2007. Pero, el Ministerio Fiscal ha hecho saber que únicamente pedirá una responsabilidad civil para la infanta Cristina que, en su caso, supondría el pago de menos de 600.000 euros. Al parecer, la Infanta sólo temía las preguntas del abogado del socio de Urdangarín, Manuel González Peeters, quien disponía de los e-mails de las conversaciones entre el Duque de Palma y su cliente como arma para probar que la Infanta conoció y participó en las actividades de Aizoon.
Y mientras la Infanta contesta a los jueces, la Asamblea Republicanade Mallorca se manifiesta en las inmediaciones de los juzgados
La hija menor de los Reyes, Cristina de Borbón, llega en coche hasta lapuerta de los juzgados de Palma, evitando descender a pie la 'rampa de la vergüenza'. Lleva una camisa blanca, un traje de chaqueta negro y sujeta un teléfono móvil en su mano derecha. Desciende del vehículo y recorre unos metros a pie hasta la puerta del edificio judicial mientras sonríe. La céntrica avenida Alemania de la capital palmesana está literalmente tomada por las Fuerzas de Seguridad. La hija menor del Rey dirige media sonrisa a los cientos de periodistas que la aguardaban. “¡Cristina, bombón! ¿Por qué no noos haces un talón?”, corean unos 300 manifestantes. “Buenos días”, dice la Infanta a los periodistas que le preguntan cómo se encuentra. “Bien, bien”, responde ella antes de entrar en la sede judicial. Al fondo, se oyen los abucheosprocedentes de los manifestantes que exhiben banderas republicanas y lanzan gritos de apoyo al juez Castro. Además de partidarios de la Asamblea Republicanade Mallorca, que ha convocado la concentración, también hay miembros de la asociación catalanista ARRAN y un reducido grupo de activistas de Ibiza contrarios a las prospecciones petroleras que se proyectan en aguas próximas a Baleares. Bajo el lema “Fuera la corona española”, los congregados ocupan los cuatro carriles de la céntrica Vía Alemania de la capital balear, justo frente a la puerta principal de los Juzgados. En la concentración se pueden ver pancartas de apoyo al juez Castro y otras contra la Monarquía española y a favor de la República. Otros protestan contra las prospecciones petrolíferas y el ERE de Coca-Cola, que prevé cerrar la planta de producción de Palma de Mallorca. Muchos de los concentrados portan pancartas y banderas republicanas o senyeras catalanas. Se escuchan proclamas como “Casal popular, Marivent”, “Independencia”, “Fuera Monarquía” o “Juan Carlos, Sofía, la hucha está vacía".
La estrategia de la acusación de Virginia López Negrete, abogada de “Manos Limpias”,pasa por probar que la Infanta no sólo conoció el origen ilícito de los fondos desde su origen sino que, además, participó en su ocultación. Pretendió plantear preguntas en torno a la vida de la sociedad y de la participación de la Infanta: “Si existía separación de bienes, ¿qué necesidad tenía la Infanta de crear una sociedad con su marido? ¿Por qué toma el 50% en lugar de un porcentaje menor?”. Su interrogatorio buscaba establecer que la Infanta fue utilizada como pantalla frente a Hacienda y las posibles inspecciones con su participación activa. Pero esta y otras preguntas de “Manos Limpias” que se quedaron en el tintero, al negarse la infanta Cristina a responder. El perito de la acusación argumenta que la Infanta firmó durante nueve años las cuentas de la sociedad, lo cual la convierte en corresponsable, aunque ignorara el origen fraudulento del dinero y sostiene que “como en el derecho penal, el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento”.
“La segunda imputación de la Infanta –escribe Antonio García Pablos en El País, bajo el título ‘El coste de la imputación de la Infanta’–, que previsible y lógicamente confirmará la Audiencia de Palma (por eso carece de sentido recurrirla), no es ninguna catástrofe nacional sino síntoma del buen funcionamiento del Estado de derecho, de la división de poderes, de la independencia judicial y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. A buen seguro, que Federico II de Prusia, como hiciera entonces con el juez de Berlín que dio la razón al molinero frente al propio rey, habría elogiado hoy al magistrado Castro por su testimonio, en absoluta soledad y sin nadie que le ampare, de independencia y pundonor. Preocupa, por el contrario, el comportamiento procesal de otros operadores jurídicos que oponiéndose a la imputación de la Infanta, lejos de evitar esta, muy probablemente y en la percepción social, han perjudicado a la propia Infanta que sin duda no necesitaba ni pidió tales apoyos. Ante todo, el proceder del ministerio fiscal recurriendo la primera imputación: oponiéndose, ad cautelam, a la segunda antes de que el juez solicitase su informe y la acordara; y criticando con lamentables insinuaciones al instructor por la ulterior imputación a pesar de no haberla impugnado deja en muy mal lugar a la fiscalía, pues nadie comprendería que en un caso como este y dada la estructura jerárquica del ministerio público el fiscal del caso actuaba sin el conocimiento y respaldo de sus superiores. Jueces díscolos o rebeldes puede haberlos; fiscales, no. (…)Una voluntaria comparecencia judicial de la infanta, antes de ser imputada, declarando a iniciativa propia, hubiera podido ser entonces convincente. Hoy ya no. Porque hoy el instructor, motivado por la Audiencia de Palma, ha realizado una investigación exhaustiva y demoledora para fundamentar la imputación (inocencia o culpabilidad no están por ahora en juego en este momento del proceso). Por esta razón, creo yo, los abogados de la Infantaemprenden un inevitable, tardío pero inteligente, cambio de estrategia de defensa aconsejándola que comparezca a declarar. El próximo sábado se enfrentarán dos actitudes y estrategias procesales antagónicas. El juez instructor, que conoce como nadie los detalles y particulares de la causa, interrogará probablemente a la imputada una y otra vez sobre hechos concretos y puntuales. La imputada, por su parte, apelará —también una y otra vez— a la confianza depositada en su esposo y a la intervención de terceras personas (asesores, secretarios, etcétera), porque su defensa ofrece un cauce argumental estrecho, angosto y su delicada situación personal y humana atenazan, sin duda, su ánimo, haciendo poco probable que resista a un largo, minucioso y tenso interrogatorio judicial, aunque solo responda a las preguntas del juez y de su propio abogado defensor”.
La sesión judicial con la infanta Cristina, sentada frente al retrato de su padre, el Rey Juan Carlos, colgado en la pared, duró hasta las seis de la tarde. “Lo de este sábado –escribe Juan Tortosa bajo el título ‘Cristina rompe su silencio’, en Público– es un repugnante y denunciable trato de favor: todos los resortes del Estado, el judicial, el policial, el mediático, el político…llevan semanas dotando a la comparecencia ante el juez de la ciudadana Borbón y Grecia de un carácter de excepcionalidad que no habría debido tener nunca. Cristina Borbón de Urdangarín es una ciudadana de pleno derecho que, tal como contempla nuestro ordenamiento jurídico, está obligada como todo el mundo a acudir a declarar ante un juez cuando éste le requiere para ello. El asunto tiene un interés que no voy a ser yo quien lo discuta pero admítaseme que, de las exageradas dimensiones que ha acabado adquiriendo esta historia, los principales responsables son quienes, durante demasiado tiempo, han apostado por la estrategia del escaqueo en lugar de por plantar cara. Con lo fácil que hubiera sido hace meses, digo yo, llegar, escuchar las preguntas que tuvieran que hacerte, contestarlas… y a casita. Así tendría que haber sido, ¿no? Así, y no de otro modo, habría tenido que suceder en esa sociedad normalizada a la que aspiramos y en la que no acabamos de convertirnos. ¿Por qué no lo conseguimos? La hija del todavía rey de España lo hubiera tenido más fácil si no se hubiera dejado proteger tanto. Alguien, si es que ella no ha sido capaz de verlo, tenía que haberle dicho que tanto escudo protector la vulnerabilizaba. Que tanta defensa la condenaba. Sea cual sea el veredicto, sea cual sea el dinero que tenga que pagar, todo le habría resultado mucho más llevadero si no se hubiera refugiado en el silencio (…) Yo no sé por qué se ha callado Cristina. No entiendo por qué ha estado escondida. Hay silencios y ausencias que estigmatizan por su elocuencia. Con lo fácil que le hubiera resultado copiar a papá, salir a la palestra y soltar aquello de ‘lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir’… y miel sobre hojuelas. ¿O había miedo de que esta vez ya no colara? Pues en eso llevan razón: esta vez no habría colado. Pase lo que pase este sábado, diga lo que diga en el juzgado, creo que Cristina Borbón de Urdangarín, 48 años, casada y madre de cuatro hijos, se sabe condenada por el ciudadano medio. Creo que sabe que la gente suele ser más comprensiva con los sinvergüenzas que dan la cara que con quienes, aún siendo inocentes, esconden la cabeza debajo del ala. Es verdad que uno es prisionero de lo que dice y dueño de lo que calla, pero la cosa cambia cuando quien calla termina siendo dueño de lo que, presuntamente, entre silencio y silencio, se ha estado llevando crudo
Entre los fotomontajes de esta semana, cabe resaltar los prohibidos el martes pasado por el Ayuntamiento de Salamanca sobre una exposición programada en el centro Julián Sánchez “el Charro”. ¿Motivo?El haber ocultado el artista el contenido de las obras. La exposición se titulaba: “No apto para todos los públicos” y en ella aparecían imágenes de Rajoy, Bárcenas o la Infanta Crisinaque el Ayuntamiento consideró “no aptas”. La decisión, comunicada al artista Ausín Sáinz, considera las obras “inadecuadas para un público, eminentemente familiar, que acude a este espacio de participación ciudadana donde se programan diariamente ludotecas infantiles o numerosas actividades deportivas”.
El humor de Erlich:
Otros humoristas en la prensa de esta semana: Peridis, Ferrán, J. R. Mora, Can, A. López, El Jueves…
En el segundo, un coro de monjes, atrapados en el voto de silencio, interpreta el 'Aleluya' de Haendel. En realidad, son unos estudiantes de preparatoria haciéndose pasar por monjes con voto de silencio. Pero definitivamente tuvieron una idea creativa que se ha convertido en un show.
El tercero es un paseo por paisajes llenos de esperanza.