La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados: ¿Un falso debate político?

Falso debate político: la redistribución de escaños es un proceso técnico

El debate por la redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados, sobre la base del último censo, no es un tema de la agenda ciudadana, sino una discusión de políticos. Adicionalmente, la pugna devela una incomprensión del proceso autonómico.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz00:07 / 07 de julio de 2013
La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados debe ser un hecho en el corto plazo, con base en los resultados del Censo 2012, tal como lo determina la Constitución Política del Estado (CPE). No obstante, una cuestión meramente técnica es presa del debate político entre organizaciones políticas y comités cívicos. Ninguno de estos actores quiere que su departamento pierda ni gane menos de lo que cree que le corresponde. El conflicto permanece ajeno al ciudadano, aunque el asunto sirve a políticos y cívicos para salir a la palestra como defensores de los intereses regionales.
Es cierto que contar con representación política tiene importancia para cada región, sin embargo, la reasignación no debería ser objeto de debate, pues, a decir de los analistas, se tendría que tratar de un reemplazo de cifras en una fórmula matemática determinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que ha hecho saber que tiene prevista una propuesta y que espera la difusión de datos del Censo de Población y Vivienda de 2012.
“Es un debate de políticos, no de ciudadanos”, observa el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sobre la misma idea, el politólogo Romano Paz considera que aquél “es un debate falso, pues está sujeto a un mandato constitucional que no se puede eludir y que implica una fórmula matemática.
También tiene esa percepción el abogado Reymi Ferreira. “Se trata de una cuestión técnica, por lo que el debate es falso”. No obstante, cree que “la redistribución afectará a la población en la medida en que genere conflictividad, paros o bloqueos”.
Aunque en Santa Cruz hay mucho interés sobre el tema, tomando en cuenta la expectativa sobre los resultados del censo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, afirma que se trata de un debate que “no debería haber, pues la Constitución deja claro el método con que se debe proceder” con la redistribución. “Lo que nosotros exigimos es sólo que se cumpla la ley”.
El sociólogo Fernando Mayorga rechaza que el conflicto pueda “preocupar a los actores sociales y a la población”. Asegura que el caso sólo interesa a los partidos y a comités cívicos en busca de protagonismo. Los comités “han perdido fuerza”, por lo que salir a defender a sus regiones les da “capacidad de movilización y por tanto protagonismo, con lo que ingresarían a una fase de búsqueda de candidaturas”, argumenta. Al respecto, Paz considera que los cívicos “tienen desconfianza y creen que el tema pueda ser manejado de manera política y no técnica”.
El artículo 146 de la CPE establece  que la Cámara de Diputados debe estar compuesta por 130 miembros. En su parágrafo V especifica: “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral con base en el número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo con el último Censo Nacional, de acuerdo con la ley”. Luego dicta que, “por equidad”, la norma asignará un número mínimo de escaños a los departamentos con “menor población y menor grado de desarrollo económico”.
La menor representación política demográfica en la Asamblea Legislativa Plurinacional no sólo es subsanada con ese mínimo de curules en consideración a una menor población o desarrollo económico, sino también por la representación territorial de la Cámara de Senadores, en la que cada uno de los nueve departamentos tiene el mismo número de senadores: cuatro.
En este sentido, Ferreira insiste en que el tema “no es para ser debatido”,  por ser un mandato constitucional. “Nadie debe sentirse herido, tenemos otros temas por debatir”. Pero Germán Antelo, senador de Convergencia Nacional (CN) por Santa Cruz, asegura que el eventual conflicto es de “total interés ciudadano”, por incumbir al “derecho de los bolivianos a ser representados poblacionalmente”. Otra cosa es que “se lo utilice políticamente”, observa.
Claro, también cree que no debiera haber razón para posibles diferendos, pues asegura que “no se quita representación”, sino que se la “redistribuye” con el criterio de que los bolivianos que migraron de sus departamentos de origen a cualquier otro “hoy no tienen representación”.
Antelo afirma esto precisamente después de una reunión de “todos los sectores institucionales” de Santa Cruz, en la que se determinó que una comisión trabaje para unificar una posición sobre la redistribución y el pacto fiscal.
La última redistribución fue hecha en 2005, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Con el pretexto de “defender a sus regiones”, los partidos quisieron parar la reasignación para “en realidad suspender el proceso electoral” por dos semanas, recuerda Arce.
“La actitud decidida del expresidente Rodríguez Veltzé logró evitar mayor problema haciendo la redistribución por decreto”.  Ferreira señala que la fórmula para un cambio “sin dramas” fue hacer una proporción con el Censo  2001, dar equilibrio a los departamentos que perdieron y basarse en un modelo meramente técnico. Auronomías. En medio de esta discusión, urge también evaluar el papel de las asambleas departamentales, que deberían ser la primera representación que resuelva necesidades regionales.
Arce afirma que el debate devela que existe una mala comprensión de los niveles de autonomías. Las asambleas departamentales son las que tienen competencias legislativas para el territorio que rigen, mientras que la Asamblea Legislativa Plurinacional sólo tiene competencias legislativas nacionales.
Bolivia tiene un nuevo ordenamiento territorial. Antes, el Congreso Nacional era el único órgano que podía hacer leyes, sean nacionales o departamentales; hoy no, “pues ha perdido ese privilegio”. Ahora hay una modalidad de legislar de manera “bisegmentada”. “Por tanto, esa lógica antigua de pelear para tener más representantes en el Congreso ya es una lógica absolutamente trasnochada, que no se adecua a la realidad actual”.
Bajo esas consideraciones, las leyes nacionales no priorizan a ninguna región, por lo que perder asambleístas sólo significaría tener menor representación política a nivel nacional y no tendría por qué afectar intereses departamentales. A pesar de esta realidad, hay pugna y aires de tensión. “Las regiones desconfían que se les aumente o pierdan lo justo”, insiste Paz.
El 15 de julio de 2012, el suplemento Animal Político pudo establecer que el retraso del proceso autonómico no sólo era responsabilidad del nivel nacional, sino que había un “imaginario centralista” dominante en la población que podía ser superado. Éste puede ser fácilmente comprobado si se ve que cuando hay un conflicto, cualquiera que fuese, se exige que el Presidente del Estado esté en las negociaciones.
Consultado sobre si este “imaginario” tendría alguna relación con que exista este debate falso, Arce responde: “Efectivamente es así, a nuestros diputados nacionales les siguen reclamando leyes departamentales, esto sucede aún en los sectores más autonomistas. El ideario colectivo aún no está adecuado al nuevo modelo del Estado”.
Mayorga habla de un “tema pendiente”. Al no haber estatutos autonómicos “no se tiene el diseño de los gobiernos departamentales y, por tanto, de la composición de sus asambleas ni reglas para su elección”. Por todo esto, “no hay comprensión de la relación”, pues tampoco existe una idea sobre “qué tipo de articulación tendría que haber” entre los diputados y senadores para trabajar con los asambleístas departamentales.
“Es algo que se está pensando de manera muy primaria”, pues los estatutos se están pensando “de manera muy endógena” y no pensando en una “articulación vertical de representación legislativa”. Como “no hay esta reflexión” y existe en cambio “incomprensión sobre estos temas, aparecen estas posiciones regionalistas de manera descoordinada”.
Ideas. Para tratar de soliviantar la susceptibilidad de los departamentos menos poblados y menos desarrollados económicamente surgen voces que proponen aumentar el número de diputados.
Fue el Movimiento Sin Miedo (MSM) el que planteó esto a través de su diputados Fabián Yaksic, quien propuso que “se abra” una reforma constitucional para incrementar los diputados plurinominales, “sacando a los indígenas de la redistribución” y “dejando posibilidades a que más pueblos indígenas puedan acceder a más representación”.
Sobre esto, queda preguntarse si la propuesta no deriva en lo mismo, pues, si se incrementa el número de curules, ¿no habría una figura proporcionalmente similar? “Tiene que haber una redistribución como manda la Constitución, sobre los 130 diputados establecidos con un criterio técnico con base en los datos del último censo”, aclara Arce con relación al criterio Yaksic.  “No se justifica” que haya más, dice el diputado del MAS.
Si Bolivia tiene 130 representantes poblacionales para 10,3 millones de habitantes, se ve la desproporción, por ejemplo, con relación a Estados Unidos, que tiene 435 para cerca de 300 millones de ciudadanos. El caso es similar con Brasil, que con cerca de 300 millones de pobladores tiene 513 representantes. Argentina tiene 42 millones de habitantes representados por 257 parlamentarios.
Por tanto, 130 diputados para un país de 10,3 millones de habitantes pondría en duda “técnicamente” la practicidad de incrementar el número de escaños, explica Arce. Así, este “debate de políticos” respondería a cálculos con intereses diferentes. Antelo replica tal afirmación al señalar que “no se trata de ningún interés partidario sino regional”, aunque admite que “quien no defienda la representación política de su región va a ser mal visto y será castigado en las urnas”.
Para el senador cruceño, el asunto no es partidario y, en Santa Cruz, varios sectores institucionales se han unido para sistematizar la demanda indiferentemente de sus líneas políticas, por la “reivindicación” departamental.
Mayorga, no obstante, insiste en que pueda existir un cálculo electoralista anacrónico en el sentido de que organizaciones políticas opositoras de Santa Cruz crean que tendrán ventaja sobre el MAS con el incremento de curules para su departamento. “En términos generales, esto no beneficiará ni perjudicará a ninguna organización, pues la influencia de esa oposición está relativizada desde 2008. El MAS ha ganado terreno en ese departamento y la oposición se ha fragmentado”.
Existe un cálculo pensando que una organización “pueda tener mayor influencia electoral” en determinada región y dentro de las organizaciones están “sus dirigentes que también calculan una potencial candidatura”, señala.
El retraso de las conclusiones del último censo despertó las susceptibilidades de las regiones, que esperan ganar escaños, y también temen que no se haga el reacomodo sino después de las elecciones de 2014. Sobre esto, Arce afirma que la ley “manda que la reasignación tiene que ser hecha antes de los comicios”. O sea, mucho antes de diciembre de 2014.
‘Sin duda, es de interés ciudadano’: Germán Antelo es senador de Santa Cruz
La reasignación de escaños es sin duda de interés ciudadano porque atinge al derecho de la gente a ser representada políticamente, de acuerdo con el número de habitantes. Lo que sucede es que se lo quiere usar políticamente. Santa Cruz, como región, va a tener una posición más allá de los partidos políticos con un mensaje unificado al respecto.
‘Se la está planteando de manera equivocada’: Héctor Arce es diputado de La Paz
La reasignación de escaños se está planteando de una manera equivocada. La Asamblea Legislativa Plurinacional ya no tiene el monopolio de legislar, pues los órganos legislativos departamentales deben hacerlo para sus regiones. Esa lógica antigua de pelear por tener más representantes en el parlamento ya está absolutamente trasnochada y no se adecua a la realidad actual.
‘A la población no le preocupa’: Fernando Mayorga   es sociólogo
A la población por supuesto que no le afecta, ni pasa a ser parte de un catálogo de preocupaciones ciudadanas, pero sí, por ejemplo, a los comités cívicos. Primero, porque tienen su impronta de defender a los difusos “intereses regionales” y, segundo, porque les da una demanda que puede movilizar; si logran eso, ganarán protagonismo y posibles candidaturas.
‘No tendría por qué afectar si es técnico’: Romano Paz es politólogo
No tendría por qué afectar a nadie si está hecho bajo un criterio técnico, con un principio de proporcionalidad, en el que todos los bolivianos tengan una igualdad de representación. Esto debería actualizarse para cada elección. No obstante, seguramente derivará en un conflicto político en función de intereses de grupos que no velan por el desarrollo del país ni sus regiones.
‘Es un tema que no está sujeto al debate’: Reymi Ferreira es abogado
El tema está aprobado por la Constitución, la única aprobada por voto. Si se ha hecho un pacto en esa Constitución, entonces hay que cumplirlo. Este tema no está sujeto a debate ni interpretaciones, aunque se ha manchado de otros intereses cuando es una cuestión totalmente técnica, establecida, pero para algunos todo se puede llevar a la confrontación.