Las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, no se caracterizan, precisamente, por estar exentas de polémica y contentar a los sectores implicados. Y el Proyecto de Ley de Reforma de los Registros -por el que los registradores de la Propiedad y Mercantiles se harán cargo del Registro Civil- no iba a ser una excepción. Las posturas de quiénes tienen algo que decir, no pueden ser más encontradas.
En el centro del candelero se encuentra la posibilidad de que los notarios autoricen la celebración de bodas y divorcios; opiniones encontradas sobre si la modificación supone una privatización del Registro; o el temor de que los registradores -y funcionarios dependientes- tengan acceso a demasiados datos sensibles de los ciudadanos, teniendo en cuenta, además, el aumento de actos inscribibles que promueve la reforma.
Opino que, si bien la asunción del Registro por parte del colectivo “va a fortalecer la institución”, los registradores, sin embargo y a priori “no van a ganar más dinero”. Y es que, si en algo tienen muchos puesta la atención es, precisamente, en si la reforma es un filón para que los registradores vean aumentados sus ingresos. A muchos miembros del colectivo de registradores, sin embargo, les preocupa lo contrario: tener que asumir esta importante carga de trabajo sin saber cómo se sostendrá el sistema.
Lo cierto es que una de las denuncias de los registradores descontentos con la propuesta ha sido la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la Ley. Desde Justicia han intentado disipar dudas: los registradores verán aumentadas sus funciones, pero sin percibir una contraprestación por ello; ya que la situación económica en que vivimos exige una importante cuota de sacrificio que se podría traducir en una reducción de los aranceles de los registradores como funcionarios públicos. Pero ¿trabajar por amor al arte?, qué actos y qué certificaciones seguirán siendo gratuitos o tendrán un coste para los ciudadanos. A este respecto y en principio, no se puede cobrar por lo que, hasta ahora, no se está cobrando. Lo que, a buen seguro, la reforma se traducirá en un gasto más para el ciudadano que hasta ahora venía percibiendo el servicio sin coste, en un paso más por terminar con el “todo gratis” de los últimos años.
Con la excusa de encomendar la gestión del Registro a los registradores, el Ministerio ha aprovechado para introducir un cambio radical en el sistema registral, que otorga un control absoluto de toda la actividad jurídica a los registradores. La reforma supondrá un lastre para el tráfico jurídico y un perjuicio para la sociedad.
El aumento extraordinario del elenco de actos inscribibles que pretende además la nueva Ley, es un atentado brutal a la intimidad. Es muy peligroso que un empleado del registro, con el DNI de una persona, pueda saber su vida entera: sociedades constituidas; propiedades; domicilio; poderes otorgados; o los seguros contratados. Se trata, de aumentar los actos inscribibles para aumentar la financiación. Además, también aumentan las certificaciones para actos para los que, hasta ahora, era suficiente la escritura pública, lo que, a mi juicio, echa por tierra el argumento de que con la reforma se ganará una mayor agilidad del tráfico jurídico.
De momento la reforma está en fase de borrador y, por tanto, de negociaciones entre el
Ministerio de Justicia y los Cuerpos implicados. Iré siguiendo la evolución de la misma para poder explicaros paso a paso en qué nos afectará y cómo la reforma.