A los costes sociales de la última crisis del capitalismo local, haya que añadir que la ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias, bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de fracking... Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional. Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para reivindicar un Ingreso Ciudadano.
El listado de ayudas, socorros y rescates al tinglado fnanciero y gran empresariado del país es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo aroma. Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de contratos de la Administración.
Un recentísimo ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez.
Esta compañía ha recibido ya esa astronómica indemnización por el fracaso de la planta de almacenamiento de gas Castor cuya operación empezó a causar terremotos en las costas de Tarragona y Castellón debido a las deficiencias de ingeniería y construcción de la obra. Esta astronómica cantidad se irá repercutiendo en la tarifa del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Todo un canto al revés del tan cacareado riesgo empresarial que glorifica la iniciativa privada.
Esta última 'estafa legal' —estafa política y moral legalmente instrumentada— del Gobierno coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre la oportunidad de instaurar una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Debate incentivado en la opinión pública por un partido político en formación. Me refiero, claro está, a Podemos, que, pese a haber agitado la bandera del ingreso ciudadano en sus iniciales alegatos públicos, es probable que no piense seriamente incluirla en su programa de gobierno. De lo cual, conviene tomar nota. Máxime tras encomendar la redacción de su programa económico a los profesores Viçens Navarro y Juan Torres, declarados opositores de la propuesta.
Aparte de las habituales truculencias que los voceros del Orden Establecido lanzan contra la RBC, hay en este debate quien opina que el ingreso garantizado sólo serviría para apuntalar el capitalismo impidiendo avanzar hacia el socialismo. Opinión muy respetable que hasta yo mismo estuviera dispuesto a suscribir si no fuera por un pequeño detalle: ahora mismo, el socialismo ni está ni se le espera.
No sólo no estamos en vías de construcción de una sociedad organizada de acuerdo a un modelo de socialismo. Antes bien, huelga recordar que nos hallamos bajo el aplastante dominio de un capitalismo sin trabas. Sin que haya una fuerza de izquierda capaz de hacerle contrapeso. Ni siquiera como la encarnada en su día por la socialdemocracia coherente con el Estado del Bienestar. Y Podemos evita declararse abiertamente como un partido de izquierda.
Más allá de los apriorismos ideológicos, la realidad es que vivimos en una sociedad con una elevadísima tasa de desempleo y, lo que es todavía mucho peor, con una gran masa de trabajadores pobres. Es decir, un precariado sometido al más absoluto dominio por parte de los empleadores.
Al creciente sector de ciudadanos que se encuentran sometidos a las servidumbres del desempleo, la precariedad y la pobreza, le importan poco las especulaciones de salón sobre si la implantación de la RBC desembocaría en el fortalecimiento aún más de un capitalismo desenfrenado. Y yo, que vengo de ese mundo, lo que sé es que, aquí y ahora, con una RBC cuya cuantía fuera de un céntimo por encima del umbral de pobreza, dejaría de haber pobres y working poors en nuestra sociedad. Y, por tanto, aumentaría la libertad real de las personas, o sea, de su derecho a decidir. Expresión que está de moda hoy referida a una abstracción nacionalista, no al derecho universal de las personas de carne y hueso a decidir qué hacer hoy, mañana, pasado, con su vida.
¿Por qué una renta de ciudadanía no ha de significar progreso? ¿Acaso reivindicar un ingreso mínimo es tan diferente de exigir servicios de Salud y Educación públicos? Hablamos, claro está, de una renta de ciudadanía, no de esa humillante renta de inserción hacia la que parece deslizarse las propuestas de Podemos. Una renta de inserción, condicionada es un factor de servidumbre, un artefacto de dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno. Es el Sistema el que ha fallado y es, pues, al Sistema, a quien corresponde indemnizar al ciudadano a cuenta de los daños causados por la avería.
Frente a inserción, insurgencia. A la ciudadanía perjudicada y no indemnizada le asiste el legítimo derecho a la rebelión.
En su Preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho "a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión". Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta.