En 2007, al inicio del otoño, España, junto a muchos otros países inició una senda de decrecimiento que ha mudado en larga recesión, conllevando una fuerte crisis social.
El origen del problema hay que ir a buscarlo a Estados Unidos y el pinchazo de su burbuja inmobiliaria que generó un impago masivo de las denominadas hipotecas subprime.
A principios de la primera década del presente siglo, en Norteamérica se promovió la compra de vivienda como una forma de ahorro seguro a largo plazo. Con tipos de interés al 1%, el crédito inmobiliario estaba al acceso de las clases populares. Pero cuando la inflación empezó a disparase y la Reserva Federal americana contraatacó subiendo los tipos hasta el 5,25% en 2007, muchas familias con escasa solvencia no pudieron hacer frente a sus obligaciones con las entidades financieras.
Algunos bancos de inversión habían empaquetado hipotecas de familias solventes junto a otras de peor valoración, creando unos productos que habían colocado en manos de otros bancos e inversores privados, en medio mundo, esparciendo el problema a otros continentes. Cuando esas inversiones dejaron de tener valor causaron fuertes pérdidas en los balances de los compradores.
Esta primera ola de crisis financiera no llegó a España gracias a la estricta normativa que el Banco de España obligaba cumplir al sistema financiero local que no había comprado productos subprime. El entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodriguez Zapatero, que iniciaba la campaña electoral para su reelección para un nuevo mandato de cuatro años, mal asesorado, minusvaloró el problema a pesar que ya se empezaban a escuchar voces que avisaban de la magnitud del problema.
No fue hasta después de las elecciones de marzo 2008, una vez reelegido, que afrontó el tema. Pero, otra vez, con una visión equivocada, creyó que era una crisis económica pasajera y aplicó recetas keynesianas, de gasto público contracíclico (el Plan E es un ejemplo), que hizo crecer el endeudamiento de España.
Paralelamente, la desconfianza entre las entidades financieras generó un credit crunch (contracción del crédito) mundial que ahogó la expansión económica. Los bancos no se fiaban el uno del otro. Desconfiaban sobre la solidez del balance del otro, de cuántos créditos fallidos tenían ocultos, de la verdad de sus cuentas, de si podrían devolver el crédito que pedían a su colega.. En suma, de la sostenibilidad en el futuro.
Esa ola sí que llegó a España. La reducción del dinero disponible afectó a las empresas que vieron como los bancos empezaban a negar nuevos préstamos, cerrar líneas de crédito y descuento de papel, líneas de financiación en suma que hacían posible la supervivencia de muchos negocios ante la dificultad para cobrar las facturas en tiempo y forma.
De ese modo la crisis financiera afectó de lleno a las empresas que empezaron a reducir gastos y personal, generando un aumento del nivel de desempleados que tuvieron que ser mantenidos por el estado. Un mayor gasto en subsidios junto a menores ingresos por impuestos desequilibró las cuentas públicas. El Estado tuvo que acudir a aumentar su endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones pero genera una situación que, a medio plazo, estrangula su recuperación.
Frente a la situación actual, la Unión Europea demanda a los países más endeudados que reduzcan su déficit público, que sean más austeros, como un camino en pos de la salida de la crisis, pero ello redunda, a corto plazo, en mayores problemáticas sociales.
La pregunta que desde hace años me formulan a menudo es de esas de bola de cristal. ¿Cuándo saldremos de la crisis? ¿Cuándo volveremos a crecer? En ocasiones, estas cuestiones las veo formuladas también en diversos medios de comunicación y en algunos estudios serios. Si los que deben contestar son políticos, o están en la órbita de lo público, responden con fechas relativamente cercanas, intentando generar confianza. Es su obligación, alejada, eso sí, de la verdad.
En plena primavera de 2009, al final de una entrevista con el entonces presidente de la Barcelona Graduate School of Economics y hoy consejero de economía del gobierno catalán, Andreu Mas-Colell, desgranamos un escenario de recuperación que, hay que reconocer, el exprofesor de Harvard no le concedió muchas probabilidades aunque no negó su factibilidad. Sin embargo, año tras año me convenzo más que es el camino que estamos recorriendo.
En aquellos momentos, apostaba por una crisis muy larga. Mucha gente, durante mucho tiempo, debería sufrir mucho. El producto resultante es una evolución en los valores desde los anteriores, propios de un rápido enriquecimiento, hacia otros más sostenibles. El cambio social conllevará una nueva dimensión democrática.
En resumen, la recuperación vendrá cuando se anime el consumo. Este lo hará cuando se recupere, no ya la economía, sino el empleo. Y esa distinción es importante ya que puede haber crecimiento económico suave sin creación de nuevos puestos de trabajo.
El quid de la cuestión es dilucidar cuándo, y dónde, se producirán las nuevas contrataciones. En 2009, cifraba la recuperación en una fecha muy lejana, a partir de 2018. ¿Por qué esa fecha?
Pensemos que ante un panorama de seis millones de personas sin contratos formales de trabajo (otro tema es la economía sumergida), la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué gran sector económico, una actividad que además sea tractora de muchas otras, es capaz de generar dos millones de contratos (de los seis), pongamos en tres años?
Para ello hemos de analizar uno por uno los sectores tractores de la economía española y si su situación actual lo permite. No veía ninguno en 2009, ni ahora tampoco, capaz de generar esa ingente empleabilidad. No digo que no existan algunos que puedan generar 20.000 empleos aquí, o 30.000 puestos de trabajo allá. Pero solamente cuando una parte importante de la gente que está en el paro empiece a encontrar trabajo, empezará a cambiar el sentimiento generalizado.
Otra consideración añadida es, ¿de qué formación dispone la mayor parte de la población sin empleo y qué capacitación tienen? En suma, ¿Dónde se pueden recolocar? Si observamos los estudios que dispone esa gente veremos que el nivel no es muy alto. Solamente el 47% de la sociedad españolas tiene estudios secundarios, y bajando en los últimos años. Y menos de un tercio ha alcanzado a completar estudios terciarios.
En el análisis sectorial tan sólo destaca un gran sector capaz de contratar masivamente en algún momento en el futuro. La construcción y sus sectores aledaños. La construcción es un gran tractor que tira de muchos otros. En seguida vemos que si se vuelve a dinamizar ese sector, otros servicios también se moverían. No pienso tan solo en pintores, mobiliario para el hogar o fabricación de sanitarios por citar tres. Existen otros relacionados, como el inmobiliario, los API’s, o el comercio de cercanía. Pero pensemos en algunos tan alejados como los notarios, por ejemplo. La construcción, tiraría de muchas otras actividades.
De todas formas, no debería tener el peso excesivo que antaño tuvo en el PIB. El 20% de mediados de la década pasada es a todas luces excesivo. De todas maneras, estamos lejos aún de lograr que la construcción vuelva a crecer. Antes se debe reducir el stock de viviendas por vender. La determinación de 2018 como momento de cambio de ciclo proviene de una estimación aproximada sobre el momento en el que el parque de vivienda por vender haya disminuido suficientemente. Incluso en los actúales momentos, en España se venden más de 100.000 pisos al año.
Por tanto reclamo una atención gubernamental especial hacia ese sector. En ese sentido, la iniciativa de conceder la residencia a aquellos extranjeros que adquieran viviendas valoradas en más de 160.000 euros es una iniciativa que no debería ser vista con malos ojos. Ayudará al fin perseguido. Además, aportará ingresos fiscales muy convenientes a las arcas públicas.
Otro tema paralelo es si con esa medida atraemos un determinado porcentaje de extranjeros no deseables, posibles delincuentes. En eso caso, las fuerzas del orden y la justicia, deberían actuar. Pero no nos pongamos la venda antes que la herida.