Desde el Senado de la República, con el respaldo del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el Grupo Parlamentario del partido encabezado por la senadora Guadalupe Murguía, se ha denunciado el abuso de poder por parte del oficialismo en San Luis Potosí, al intentar impedir que el diputado electo Marcelino Rivera asumiera su cargo en el Congreso Local.
La senadora Verónica Rodríguez acusó al gobierno estatal de utilizar instituciones públicas para tratar de bloquear la protesta de Rivera, a pesar de que el Tribunal Electoral ya había determinado que no existía inhabilitación alguna en su contra. “Usaron la fuerza pública para impedir su acceso al recinto y nombraron de manera ilegal a su suplente, quien misteriosamente ya está del lado de Morena, PVEM y PT”, denunció Rodríguez.
La senadora destacó que se han presentado cuatro recursos legales en defensa de los derechos políticos de Rivera. Estos incluyen un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, un incidente por el incumplimiento de una sentencia emitida por la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos impulsados por Rivera. Además, se ha promovido un Juicio Electoral ante la Sala Regional de Monterrey por parte del Partido Acción Nacional y un amparo contra actos indebidos del Instituto de Fiscalización y el Congreso del Estado.
El diputado Rubén Guajardo fue claro al señalar las afirmaciones engañosas del auditor superior del Estado, quien había declarado que Rivera estaba inhabilitado. “El auditor mintió. Nos solicitó al Congreso local que lleváramos a cabo una inhabilitación que no tenemos facultad para realizar, por lo que Marcelino Rivera sigue contando con todos sus derechos político-electorales”, aseguró Guajardo.
Además, subrayó la gravedad del caso, enfatizando que Rivera representa a una cuota indígena. «Están intentando despojar de su curul a un representante indígena de la Huasteca potosina, un grupo vulnerable», recalcó, afirmando que el PAN defenderá este espacio legalmente y con firmeza.
Finalmente, el senador Ricardo Anaya Cortés declaró que este caso no es aislado, sino parte de una estrategia sistemática del oficialismo. “Esto forma parte de las prácticas gansteriles que hemos visto en distintos estados. Al igual que en el Senado, donde usaron las fiscalías para construir una mayoría a la fuerza y aprobar la mal llamada Reforma Judicial, en San Luis Potosí quieren construir una mayoría manipulando el Congreso estatal”, sentenció.
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