Las conversaciones para un nuevo régimen están bloqueadas por las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, de varios Estados miembros y de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, sobre los beneficios que aporta el actual a la población saharaui, que, a su vez, reclama que sus recursos sean excluidos del acuerdo.
En el marco de este pacto, la UE aportó 144 millones € a Marruecos por 119 licencias de pesca, de las que 100 corresponden a barcos españoles.
El plazo nuevo otorga a la UE derechos de pesca a cambio de una compensación anual de 36,6 millones €.
El Representante del Frente Polisario ante la UE, Mohamed Sidati, llamó el martes pasado a los 27 Estado miembros a no incluir las aguas del Sáhara Occidental en cualquier renovación de dicho acuerdo porque viola los derechos del pueblo saharaui.
También escribió a la Unión Europea el 3 de junio de 2011 para reiterar que la pesca en aguas del Sáhara Occidental es ilegal, e instar a la UE a no renovar el acuerdo actual como una oportunidad de corregir su error.
Según la ONU, no se pueden desarrollar ningún tipo de actividades con recursos naturales en el Sáhara Occidental si el pueblo saharaui no está de acuerdo. Pero hasta ahora y, gracias a la presión de España y Francia, la UE ha renunciado a su obligación de consultar al pueblo saharaui, tal y como exigen las Naciones Unidas. La Comisión Europea en numerosas ocasiones ha inducido a error al público sobre el verdadero contenido de la opinión de la ONU sobre el asunto.