La soberanía alimentaria deriva del concepto de soberanía nacional, que reivindica el papel del Estado y de los pueblos de un país determinado para definir sus propias políticas alimentarias y garantizar así que toda su población tenga para comer en cantidad suficiente y con calidad adecuada. Esta propuesta implica la reivindicación del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, tal y como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en las Directrices Voluntarias para hacer efectivo este derecho en cada país. Además, la soberanía alimentaria reivindica al productor del alimento y al consumidor final como los elementos centrales de la cadena agroalimentaria, frente a los eslabones del comercio y la distribución, y prioriza los mercados nacionales y los productores locales frente a la producción para la exportación y la importación de alimentos subvencionados por otros países.
Este concepto es reciente, todavía en construcción, aunque con sólidos fundamentos, impulsado y promovido por la sociedad civil, que ha ido poco a poco colándose en el discurso político oficial de muchos países. De hecho, ya ha sido adoptado como el paradigma político e ideológico dominante por numerosos gobiernos, principalmente de América Latina, en la búsqueda de una opción exitosa para acabar con la inseguridad alimentaria de sus ciudadanos.
Ya está recogida en la Constitución de Ecuador y en su Ley de Soberanía Alimentaria, en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y en la Constitución de Bolivia. La Constitución de Honduras también reconoce que la producción agropecuaria nacional ha de orientarse, de preferencia, a satisfacer las necesidades alimentarias de los hondureños. Recientemente, Venezuela y Nicaragua promulgaron sendas Leyes de Seguridad y Soberanía Alimentaria donde se le da pleno reconocimiento como política de Estado. Además, hay propuestas de ley de seguridad y soberanía alimentaria en debate en los congresos de México, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Costa Rica. Los postulados de la soberanía alimentaria, nacidos y crecidos al amparo de los movimientos sociales y campesinos contestatarios con el establishment ha ido poco a poco permeando en los marcos legales y en las prioridades políticas de muchos estados, haciéndose finalmente política de Estado. De las barricadas contra el Estado a los sillones del poder en apenas 14 años.
El concepto de soberanía alimentaria lo propuso Vía Campesina y otras organizaciones sociales en los años ‘90, y surgió como respuesta a diversos debates sobre el tema alimentario acaecidos desde principios de los ‘70, a raíz de la primera crisis alimentaria de 1973. Este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, aunque el núcleo central de su filosofía se ha consolidado. Su presentación mundial tuvo lugar en 1996, en un evento paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma. Posteriormente, en el marco de este movimiento político, se realizó el Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria en Cuba (2001), cuya Declaración (de la Habana) afirma que la soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos. De nuevo, durante la segunda Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada también en Roma en 2002, se amplió el concepto de soberanía alimentaria como un derecho no sólo de los pueblos, sino también de las comunidades y los países. Finalmente, la última revisión de concepto se produce en gran reunión de los movimientos sociales se produjo en Mali en 2007. Aquí se incorporaron con fuerza elementos que antes no estaban tan marcados, como la producción ecológica, la calidad de los alimentos (nutritivos y culturalmente adecuados) y se dejó caer de nuevo el derecho de las comunidades y los países.
Con definiciones cambiantes o sin ellas, la soberanía alimentaria aparece como una opción política seria y a tener en cuenta, elaborada por ciertos sectores de la sociedad civil determinados a acabar con el hambre en un mundo que, paradójicamente, produce alimentos más que suficientes para alimentar bien a toda su población. Este concepto surge del descontento político de grupos de la sociedad civil (ONGs, colectivos de productores y consumidores, sindicatos) comprometidos con las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables y el derecho de los pueblos a alimentarse. Estos movimientos argumentan que la sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es una cuestión solamente técnica, sino que constituye un desafío que implica la más alta voluntad política de los Estados. El hambre es política.
El desarrollo histórico de la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria ha sido diferente. Estos tres paradigmas relacionados con los alimentos y su némesis, el hambre, tienen trayectorias diferentes y actualmente parecen estar en conflicto por ver cuál predomina y cuál es más importante. El derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria nacieron a la par, tras la segunda guerra mundial, aunque luego tuvieron trayectorias diferentes. La seguridad alimentaria fue evolucionando y enriqueciéndose, primero global, luego nacional, luego a nivel de hogar y al final a nivel de individuo, llegando a tener un desarrollo conceptual, técnico y operativo muy complejo y completo. Mientras tanto, el derecho a la alimentación nació a la par de los otros derechos humanos, pero luego salió perdedor de la fractura mundial ocasionada por la guerra fría: en este tiempo, los derechos sociales fueron defendidos por el bloque soviético, mientras que los derechos civiles y políticos eran defendidos por el bloque occidental. Y ya se sabe quien ganó la Guerra Fría.
Si se considera la seguridad alimentaria como una necesidad básica, es posible aceptar que ésta se transforma en una obligación legal a través del derecho a la alimentación y en una opción política e ideológica mediante la soberanía alimentaria. El enfoque técnico de la seguridad alimentaria, el legal del derecho a la alimentación y el político de la soberanía pueden y deben colaborar, mezclarse, fortalecerse mutuamente para reforzar la lucha contra el hambre y la desnutrición. No debería haber competencia o exclusión de paradigmas. Si se concibe la soberanía alimentaria como “el derecho de los Estados a definir sus propias políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sustentable de alimentos, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de recursos naturales y áreas rurales” podemos vincular el posicionamiento político con la soberanía nacional (principio indiscutible del ordenamiento internacional actual). Esta soberanía se expresa en un marco legal nacional e internacional vinculante (el PIDESC), que se realiza a través de políticas y programas nacionales, con un enfoque de derechos pero unos componentes técnicos ya suficientemente conocidos y ampliamente probados que proceden del campo de la seguridad alimentaria. Los tres paradigmas no están para competir o excluirse, si no para cooperar, y con ellos las personas que los defienden. Así ganaríamos todos y podríamos alimentar adecuadamente a los 925 millones de hambrientos que todavía hay en el mundo.