Parece que las malas noticias para la trama Gürtel empezaron antes de salir a la luz las cuentas del tesorero y gerente del partido que gobierna en España desde su fundación. Porque ya en septiembre se hacía público que las autoridades de EE.UU. habían entregado los datos de las cuentas y las inversiones relacionadas con Francisco Correa, que tenía en sus cuentas a una lista de senadores, diputados autonómicos y altos cargos del partido entre los cuales aparecían las iniciales L.B.
En septiembre las autoridades de EE.UU. hacían llegar los datos de las cuentas de una serie de empresas que aparecían en la trama Gürtel, las cuentas de las empresas Crawford Usa LC, Hilgart Investments ITD y Flybridge Investment LC, que son las que ocultan la titularidad de los inmuebles que adquirió la trama en Miami. Las cuentas en USA y, oh casualidad, las de Gibraltar.
Porque siendo empresas registradas en Estados Unidos la investigación llega hasta allí donde estén las cuentas de las mismas. De rebote han llegado a España los datos de las cuentas que estaban al otro lado de la verja, a cero kilómetros de distancia de España, pero procedentes del otro lado del Océano Atlántico.
La opinión pública construida desde el aparato de propaganda del partido en el gobierno a través de su red de voceros en casi todos los medios que a la vez son tertulianos de todas las tertulias organizadas a medida en sus propios medios, ha recibido mensajes curiosos a lo largo del año. Malas relaciones con EE.UU. por culpa del anterior gobierno cuando estaba en la oposición, por no levantarse al paso de la bandera de EE.UU. cosa que hizo el anterior presidente cuando era sólo candidato. Y Gibraltar español, porque desde que empezó el año, los conflictos del gobierno con Gibraltar han sido continuos.
Posiblemente por eso mismo las autoridades no esperaban que de una trama de corrupción vinculada a altos cargos del partido en el gobierno le llegasen en septiembre datos de cuentas ocultas en Gibraltar. Porque en el mes de septiembre del pasado año, cuando no se cumplía aún el primer año de legislatura del nuevo gobierno, pasó desapercibida la noticia de los datos remitidos por las autoridades de EE.UU. por ser cosa de Francisco Correa y su mujer.
Correa pudo salir en libertad tras abonar su madre nonagenaria los 200.000 euros a los que se había rebajado la fianza desde los 85 millones iniciales, todo ellos gracias a que el juez ordenó desbloquear las cuentas que había dejado a nombre de la madre y decidió dejarla disponer de ese dinero después de que la Agencia Tributaria le garantizara que esos fondos tenían un origen lícito. En el mes de junio, tres meses antes de que llegaran a España los datos de EE.UU. que incluían las cuentas gibraltareñas.
El ahora exjuez Baltasar Garzón le acusó entonces de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Llevaba en prisión desde el inicio del caso Gürtel en febrero del 2009.
Pero mientras tanto, el tesorero, gracias a diversas maniobras del imputado cambiando de estatus como aforado al renunciar a su cargo electo de senador, al igual que hicieron en las mismas fechas el resto de los imputados, es más que evidente que pudo hacer justamente lo que el juez instructor quería evitar, realizar movimientos en cuentas con fondos que podían proceder del funcionamiento de la trama de corrupción llamada Gürtel, donde aparecieron las siglas L.B. por primera vez al encontrarse en un pendrive hallado en el registro de sus oficinas toda la documentación de la caja B de la organización.
Francisco Correa es como el que asó la manteca, llega a una organización y se inventa una trama de corrupción que hace exactamente lo mismo que ahora se sabe que era la manera de operar del tesorero y gerente nacional de la propia organización, desde que se fundó con una marca y antes de refundarse con otra nueva. Y era el cerebro de su propia trama, eso es lo que nos cuentan. Aunque parece más bien un intermediario en una maquinaria de ennegrecer dinero público para llevárselo.
Han cesado los argumentos de los yankis nos tienen manía por culpa de Zapatero, y el diario conflicto con Gibraltar, que debería ser devuelto a España por el Reino Unido mediante negociaciones entre estados soberanos, como antes, cuando Franco.
Algo ha cambiado en el mundo en estos años, los paraísos fiscales de toda la vida están de retirada porque no quieren que los sigan incluyendo en ninguna lista relacionada con el tema, porque el dinero negro que se blanquea en paraísos fiscales suele tener procedencia delictiva y en todo caso es dinero por el que quien tiene cuentas en los mismos, lo oculta en su país para no tributar. Y la corrupción es una de esas fuentes de ingresos procedentes de actividades ilícitas.
Parece que para Bárcenas y compañía, Suiza no es un paraíso fiscal que ampare la confidencialidad de los datos de las cuentas bancarias sin preocuparle la procedencia del mismo, así que no hay dinero que se pueda ocultar a las autoridades judiciales que lo soliciten desde otro país. Por ejemplo una cuenta con 22 millones de euros a nombre del tesorero del PP, el partido de la austeridad, que dirá siempre la verdad, que combatirá el paro, los mismos que ponían a los que mandaban en las cajas de ahorros de Bankia.
Y para asombro de todos, resulta que Gibraltar tampoco lo es tanto si cuando las autoridades de EE.UU. solicitan información de cuentas de ciudadanos extranjeros con empresas radicadas en EE.UU. y que poseen inversiones inmobiliarias en Miami, las entidades gibraltareñas correspondientes se la suministran. Dese Sotogrande sin duda podían gritar los de la trama a pleno pulmón: ¡Gibraltar español, pero mis cuentas, gibraltareñas!.
Dicen los medios que es una grave crisis institucional, porque un partido político dice ser una institución. La imputación a Correa por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, parece que tenía sentido. El problema es que lo de asociación ilícita y blanqueo de capitales va un poco más allá que el resto. El fraude fiscal, el tráfico de influencias, el cohecho, y la falsedad documental son de ámbito local, delitos que se cometen en España. El blanqueo de capitales por parte de una asociación ilítica es bastante más transnacional.
Que en la película aparezca en gerente del partido en el poder a nivel nacional es más que preocupante. Lo que parece que pasaba en la sede central del partido pudiera pasar igualmente al siguiente nivel territorial, el autonómico, y entonces si alguien pagaba a una organización del partido, las administraciones controladas por el mismo partido recibían orden de dar adjudicaciones de dinero público a los que habían pagado y con los que a su vez repartían también por ser facturas infladas o por trabajos inexistentes.
Es evidente que donde se haya estado funcionando de esta manera habrá una serie de empresas que hayan concentrado las contratas de las administraciones implicadas en la trama. Y es fácil detectarlas por ser beneficiarias de los lotes de contratas de mayor importe y concentración, y generalmente por carecer de experiencia alguna en la materia o de personal en el momento de ser beneficiarias de las adjudicaciones. Empresas sobrevenidas y convertidas en un año en presuntos contratistas beneficiarios de la adjudicación del uso de algo pagado por los ciudadanos, instalaciones, ordenadores, material de oficina, despacho, mobiliario, etc.
Lo que cuenta la historia de esta trama es que las administraciones se convirtieron en máquinas extractivas de dinero a beneficio de los que las controlaban, en muchos casos procedentes de las propias administraciones y en espacial de las de Madrid que concentra al grueso de la burocracia del estado con todas sus instalaciones, la mayor concentración urbana del país alrededor de la mayor ciudad y la mayor densidad de población en una autonomía, por ser de las más pequeñas. La capital del reino que de nuevo se ha ganado el título de Villa y Corte. La de los Milagros.
Menudo liberalismo a ultranza dejado en manos de los mercados es quedarse con los mismos y con el dinero de los ciudadanos amañando concursos públicos y adjudicaciones de contratos desde las administraciones y desde sus empresas públicas dependientes. Una intercepción del gasto del dinero público para desviarlo a quien convenga desde dentro del aparato del estado y convertirlo en dinero negro. Claro que hace falta entonces una maquinaria que permita sacarlo y blanquear capitales. Si se hace retornar para meterlo en la burbuja inmobiliaria acaba por estar blanqueado a nombre de la empresa y se puede disponer de él sin problemas. Y hasta venderle la promoción a la caja de ahorros amiga o que les coloque hipotecas a inmigrantes pero que hagan circular los euros como primer paso, del hipotecado al astuto vendedor.
Un flujo de millones de euros en dinero negro nos permite ser accionistas de las grandes empresas públicas privatizadas entre el 1996 y el 2004, de ser cierto lo dicho, para esas fechas la maquinaria llevaba recaudando con el mismo mecanismo desde 1988 en todas las administraciones caídas bajo su control. Así que para cuando se privatizaron las empresas públicas algunos podían tener acumuladas las fortunas de ocho años consecutivos de ingresos en negro por adjudicaciones a empresas de terceros o por adjudicaciones a empresas tapadera propias.
Hay que tener en cuenta que en todos esos años muchas capitales y autonomías han estado dirigidas por miembros del mismo partido, Castilla y León, Murcia, Galicia, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, unas veintiún provincias con sus correspondientes capitales de provincia, y sus diputaciones y administraciones autonómicas y locales. Bastaría sumar el total de los presupuestos de inversiones y gastos para calcular que una parte de eso se fue directamente en comisiones como dinero negro sustraído a los españoles.
Al final Bankia y el agujero de las cajas de ahorros que justifica la petición de un rescate que no lo es pero que tiene memorándum y vigilancia reforzada del FMI, al BCE y la CE con inspectores de visita sistemática es algo que estalla de manera sobrevenida. La crisis heredada la burbuja inmobiliaria heredada y el déficit público por caída de la renta de los ciudadanos es una historia contada por los mismos que tenían un tesorero que escondía decenas de millones de euros en Suiza y otros paraísos fiscales, a nombre de una fundación con sede en Panamá. Todo lo que ha podido hacer en los tres años que van del 2009 a enero de 2013, gracias a los sucesivos recursos presentados tanto por él como por el partido al que no pertenece personado "como acusación".
No es explicable que esa persona que no les consta que hiciera aquello a lo que pusieron fin hace un par de años tenga un despacho, secretaria, coche oficial con conductor y guardaespaldas. Porque el dinero que se gasta el partido en esa persona, a la que dicen que ni conocen, sale del bolsillo de los contribuyentes que son los que ponen el dinero que les llega a los partidos. Y eso es lo crudo del asunto, no le conocen y le repudian, pero le pagan todos los gastos de oficina y personal, además del coche oficial de alta gama, con su plaza de alto cargo del partido en el garaje. Todo español desea ser ignorado de la misma manera por el partido gobernante.
Es difícil creer que a un presidente autonómico que ha sido designado para liderar el partido y candidato a presidente autonómico, le salga en plan hongos un sobrino que es concejal de un pueblo, empresario, contratista de la propia administración que preside su tío, y que a la vez se organice una red de empresas fantasma para ennegrecer el dinero cobrado de las administraciones. En este caso el sobrino de la raíz de la palabra nepotismo lo es literalmente. La justicia española sin duda sentenciará que el sobrino era también el cerebro de su propia trama.
Claro que ese caso llegará a los tribunales en mayo de este año y será cosa local, de las que pasan en Baleares, sin repercusión en la prensa de ámbito nacional. España es la suma de todos los capitanes Panaka, en la que cada uno urde una estratagema por la que se convierte en el cerebro que crea por propia iniciativa una trama corrupta, todos a la vez, y del mismo partido. No es posible, porque entre senadores, diputados autonómicos y alcaldes y personal de ayuntamientos miembros del partido, consejeros autonómicos, hasta llegar a asesores municipales de juntas de distrito de Madrid son demasiados del mismo sitio pero de distintas cúpulas de partido: nacional, autonómica y municipal.
No se puede hablar de prontitud en la toma de decisiones de ceses y dimisiones de gente que, quien esta moto vende, ha metido personalmente en las listas electorales cerradas y bloqueadas que el partido presente en cada uno de estas circunscripciones. La misma persona que tiene todo el poder en la elaboración de las listas electorales regionales, lo tiene en las municipales. Es el presidente del partido en esa autonomía, que forma parte a la vez de la cúpula nacional pues España tiene 17 autonomías y no en todas se gobierna.
En las autonomías donde no se tiene el poder regional es posible tener el provincial a través de las diputaciones, que tienen su propia administración paralela a nivel provincial y sus competencias. Y queda por fin el de las capitales de provincia que es donde se mueve dinero a ese nivel. Todo gasto público por lo tanto va amañado, lo que se dice puro libre mercado. Esto explica lo del gasto de tantas externalizaciones a beneficio de contratistas amigos. Si se exigen sobornos, se extorsiona a quienes quieran contratar con una administración, y una vez hecho, la situación puede pasar a ser un combinado de extorsión y chantaje. En todo caso es necesaria la colaboración de personas que puedan desviar el dinero y ésas son siempre cargos públicos.
Los mandos políticos no firman ningún papel adjudicando nada a nadie, eso lo hace el aparato burocrático a sus órdenes que son los únicos que pueden hacerlo. El escalafón acaba en el nivel en el cual se puede aprobar un gasto con una firma, más abajo sólo es maquinaria para tramitar expedientes administrativos, validarlos, ordenar pagos y pagar las facturas.
Pagar en sobres a altos cargos como cargos electos que van o no al congreso o al senado no tiene sentido, votan lo que les diga la cúpula del partido y por lo tanto no es necesario sobornarles, pues son miembros del poder legislativo. Otra cosa es que como tales y por órdenes de la cúpula legislen de manera que pueda beneficiar a unos cuantos entre los que se encuentran ellos mismos o sus compañeros de partido y perjudique al resto.
Una ley de amnistía fiscal cuando la Audiencia Nacional tiene decenas de comisiones rogatorias para averiguar sobre las cuentas con dinero negro que pudieran tener los miembros de una red de corrupción es precipitarse demasiado, si el marzo del 2012, diez días antes de las elecciones andaluzas que todo lo paralizaban a la espera de sus resultados a decir del gobierno español, sabían que los datos de las cuentas del tesorero acabarían por saberse al poder seguir con su caso la Audiencia Nacional por haber dejado de ser aforado a renunciar a su escaño como senador por Cantabria. Ahora nos dicen que si eran 21 comisiones solicitando datos de cuentas en otros tantos países o si sólo de la de Bárcenas se han derivado y hay otras más por el resto del mundo. Llegaron unas de Suiza, otras de EE.UU. y unas de Gibraltar, de rebote.
La elefantiásica estructura burocrática de administraciones y empresas públicas creadas desde dentro de las mismas o las fundaciones financiadas con fondos de departamentos tiene mucha lógica si tras ocupar todos los aspectos de la realidad, desde el arte abstracto hasta los puestos de sardinas a la brasa, y de toda la economía con sus sectores, se lo daban todo a sí mismos como intermediarios del dinero público. Una parte del aparato del estado pide dinero negro a cambio de dinero público amparados en una estructura institucional.
La frase "esta democracia que nos hemos dado a nosotros mismos" empieza a tener un sentido diferente del que la población ha estado creyendo que era.
La Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles. Ahora a todos nos gustaría saber exactamente a quienes les ha llegado la información y desde cuando.