Las millones de asistentas del hogar en la India son trabajadoras invisibles, que sufren abusos y explotación debido a la falta de legislación laboral de un sector sin regular y una sociedad que no reconoce su trabajo.
"Ni siquiera me llaman por mi nombre en las casas donde limpio. Me llaman asistenta y si me quejo me dicen que es lo que soy", dijo a Efe Reena Sanmugan, de 35 ańos, madre de tres hijos y que limpia siete casas en el sur de Nueva Delhi, donde emigró hace 15 ańos.
La situación de Sanmugan resume el destino de muchas de las 10 millones de mujeres que trabajan como asistentas en el país, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su labor, Sanmugan recibe 600 rupias (7 euros) al mes en cada una de las tres casas donde solo limpia; si además friega los platos el pago es de 800 rupias (9,4 euros) como hace en dos hogares más y en los otros dos lugares donde también lava la ropa el salario asciende a 2.000 rupias (23 euros).
En las siete casas donde trabaja tiene tres jornadas libres al mes y si se coge vacaciones no le pagan esos días.
Las 7.400 rupias (87 euros) que gana en total más las 10.000 rupias (117 euros) que obtiene su marido como chófer les da para vivir en un habitación de 4,5 metros cuadrados en un barrio de chabolas: más pequeńa que muchos de los bańos de las casas que limpia para ganarse la vida.
Sus tres hijos viven con sus abuelos en la sureńa ciudad de Madrás, de donde procede.
En las últimas décadas la demanda de asistentas se ha disparado en el país asiático con el aumento de la clase media y la incorporación de las mujeres más pudientes al mundo laboral.
La OIT estima que entre 2001 y 2010 el número de empleadas del hogar ha crecido un 70 % en la India.
Pero este trabajo es informal, no está regulado y forma parte del mercado negro, al igual que en torno al 90 % de la economía india.
Esta "informalidad" del sector deja a las trabajadoras del hogar sin protección legal, sin contratos, desprotegidas ante sus empleadores que imponen sus condiciones y no tienen derecho a pensiones, sanidad pública ni vacaciones.