El mediático juez, Joaquim Bosch, explica en Twitter los pormenores, a su juicio, de la retirada del escaño del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. El magistrado, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, ha querido contar “más allá de las pasiones políticas” por qué este caso ha generado “una enorme controversia”. Bosch explica que el diputado de Podemos “fue condenado a pena de prisión de un mes y 15 días, sustituida por multa, y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” y que la sentencia “podía tener dos tipos de efectos, uno directo en la esfera penal y otro indirecto en la parlamentaria”. “En el ámbito penal, la inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena. El cumplimiento directo del fallo no lleva a la destitución del diputado”.
Lo que sí le habría hecho perder el escaño, según este juez, es “una condena a inhabilitación especial para cargo público, porque ese efecto está previsto en la ley. Pero el Tribunal Supremo no condenó a esa inhabilitación”. Y afirma que esta sentencia “puede provocar efectos indirectos en la esfera parlamentaria”. Casi al final del hilo, formado por 16 tuits, el juez se detiene en “la cuestión más dudosa”: “Rodríguez fue condenado a una pena de multa, pero en sustitución de una pena de prisión. ¿Cuál de las dos penas debería tomarse como base para valorar si hay incompatibilidad? ¿La inicial o la definitiva?”.
En este caso, los letrados del Congreso dijeron “en un informe muy motivado” que habría que aplicar la multa: “Al ser la aplicada realmente y la que se analiza en el ámbito parlamentario. Lo contrario sería dar preferencia a una pena de prisión que no existe”. El magistrado termina su extenso hilo con una reflexión: “En los últimos años las tensiones políticas han llevado a algunas interpretaciones extensivas contra el derecho a la participación política. Eso no es positivo para el pluralismo, para la calidad de la democracia y para nuestro sistema de derechos fundamentales”.
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, en su artículo “La consulta anticonstitucional de Batet”, concluye que, una vez tomada su decisión y hecha pública, la Mesa del Congreso no puede revisarla. “El acto de aplicación de la sentencia es el último momento del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. La elevación de la pregunta a la Sala Segunda del TS por la Presidenta sin consultar con la Mesa del Congreso, tras haberse hecho pública la decisión de la Mesa de aplicar la sentencia dictada por dicha Sala contra el diputado Alberto Rodríguez, de acuerdo con el dictamen de los letrados, supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de este”.
Por su parte, el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, carga contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por haber retirado la condición de diputado a Alberto Rodríguez. “Abdicó de sus funciones y cedió la presidencia al señor (Manuel) Marchena”, dice. El dirigente de los comunes criticó la resolución que adoptó Batet, cuando comunicó a Rodríguez que había perdido su condición de diputado, siguiendo así el requerimiento del Supremo. En su opinión, Batet se “extralimitó” e “inventó una nueva condena” como consecuencia de las “presiones” del juez Marchena.
Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos, escribió un irónico tuit que ha hecho las delicias del respetable de las redes sociales. “Tal y como está la justicia en España, ahora me pueden imputar a mí por darle una patada a un policía”, ha aseverado en su cuenta oficial. Su mensaje ha generado numerosas reacciones y comentarios de todo tipo, entre otras, la de Bea Fanjul, diputada vasca, quien replicó: “Inténtalo”.
Curiosamente, Alberto Rodríguez descarta querellarse contra Batet mientras Isa Serra, la portavoz de Podemos, pidió la dimisión de la presidenta del Congreso. Y el ex diputado canario, que ha optado por abandonar Podemos, insiste en su inocencia y denuncia que ha sido condenado “sin pruebas”.