Sin embargo reconoció que la protección únicamente se puede dar a través de la voluntad de los propietarios de las tierras, en este caso los ejidatarios.
“Para poder decretar un ANP se requiere de la anuencia y aceptación de los propietarios, es decir, nunca se ha planteado la posibilidad de que sea una expropiación, ellos son los que deberán definir qué zonas son las que podrán destinar para su conservación, tiene que hacerse una asamblea, nosotros ni nadie los puede obligar”, señaló Salazar Torres.
Además esta superficie no contempla el total de la Sierra de San Miguelito y menos la zona donde inmobiliarias pretenden fraccionar.
La titular de la SEGAM se limitó a emitir recomendaciones para la urbanización de la parte baja de la Sierra como que se considere al menos un 30 o 40 por ciento de área verde y que lo entreguen equipado y con arbolado de más de tres metros.