Para la Unión Europea no existe ningún país comunitario que pueda ser catalogado como paraíso fiscal. Al menos no para el Consejo Europeo, cuya lista de “países y territorios no cooperadores” en materia fiscal se va actualizando conforme los territorios que la Unión tiene en el radar ponen al día legislación y políticas para luchar contra el fraude y la evasión. Hoy esa lista apenas cuenta una docena de ellos, y nunca ha incluido a países de la UE desde que fuese publicada por primera vez en el año 2017. Ni siquiera cuando el Comité Especial de Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Elusión Fiscal del Parlamento Europeo concluyó en 2019 que siete países de la Unión tenían rasgos de refugio fiscal: Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. La ONG Oxfam llegó a unas conclusiones parecidas: si a los países de la Unión se le aplicasen los criterios que utiliza la propia Bruselas para decidir si terceros territorios son o no un refugio fiscal, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos no pasarían la criba.
Entre este grupo de países, probablemente Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo sean los más relevantes, tanto por las prácticas que llevan a cabo c...
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