El Estado de las Autonomías español se configura como una descentralización política que salvaguarda la unidad nacional, la integridad territorial y la soberanía estatal, quedescansa en el conjunto del pueblo español. Tales premisas constitucionales señalan los límites de autogobierno de las Comunidades Autónomas, cualesquieran sean los rasgos identitarios que alberguen o deseen privilegiar respecto a los del resto del país. Es decir, ni la Constitución Españolani el Derecho Internacional avalan las aspiraciones independentistas de Cataluña y el País Vasco, así lo expresen de manera pacífica, como las manifestaciones de la Diadacatalanas, o violenta, como el terrorismo etarra vasco, afortunadamente en vías de extinción. El respeto a la ley, imprescindible en democracia, exige el cumplimiento de la voluntad expresada en las urnas, que legitima el ordenamiento legal de España.
Que se sepa. Cataluña no es Escocia ni Puerto Rico ni los Balcanes, escenarios donde se ha ejercido el derecho a la autodeterminación en todas sus variantes: el primero con una consulta puntual en la que ganó el “no” por los pelos (55/45), el segundo con el mantenimiento de su “status quo” en todas las elecciones periódicas, y el tercero sin consulta (Kosovo), a las bravas, pero tras una guerra civil que separó lo que estuvo unido a la fuerza (la Yugoslavia de Tito). Cataluña nunca ha sido una colonia, ni su población carece, en democracia, de libertad para expresarse y conducirse con cotas de autogobierno e incluso de financiación que muchos estados federales ambicionan. A pesar de todo, existe un problema sentimental en la relación de Cataluña con España al que habría que buscar respuesta, como ya apunté en otra ocasión. ¿La solución es el separatismo? Legalmente, no, aunque apelar a la legalidad no resuelve el problema.
Y si el resultado fuera el “si”, igualmente habría que volver a la situación de salida para negociar con el Gobierno central fórmulas para el reconocimiento de la voluntad de una parte tal vez mayoritaria (habría que valorar los porcentajes de participación y abstención) del pueblo catalán y adecuarla a la realidad política nacional; es decir, reconocer mayores cuotas de autogobierno sin traspasar los límites establecidos en la Constitución, cuya modificación exigiría el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria y una consulta, esta vez sí, a la soberanía popular, la que conforman todos los españoles. Con estas premisas legales, la independencia de una autonomía, incluidas las históricas, resulta imposible en España, cuestionada en Europa y asombrosa en el mundo.
En tanto en cuanto la Pazde Wesfalia siga determinando nuestra realidad, al permitirnos constituir Estados de Derecho que gozan de estabilidad y reconocimiento internacional en igualdad de trato, independientemente de su tamaño y poder, y bajo el principio de no injerencia en los asuntos internos, hemos de resolver nuestros problemas con la madurez y la prudencia que requiere ser parte de un tablero mundial de intereses compartidos. Atomizar aún más ese tablero, en el que la globalización perjudica al pez pequeño, no parece lo más aconsejable ni por seguridad, ni por economía, ni por libertad.
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* : La utilidad de lo inútil. Manifiesto. Ordine, Nuccio. Editorial Acantilado. Barcelona, 2013.