Los drones son aviones no tripulados y telecontrolados que constituyen el sueño de todo estratega militar, ya que puede matar y destruir sin bajas en el bando propio. Los expertos los consideran el arma del futuro y algunos modelos avanzados ya pueden aterrizar y despegar desde portaviones.
"El secretismo que rodea sus programas de drones [también llamados "zánganos" en español] da a la Administración de Estados Unidos licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o de los estándares básicos de la legislación internacional", ha declarado el investigador de Amnistía Mustafa Qadri.
"Es hora de que EEUU sea transparente sobre su programa y lleve a los responsables de las violaciones ante la justicia", afirma en un comunicado.
Amnistía señala que las víctimas de estos ataques, a menudo civiles inocentes, no pueden aspirar a reclamar reparación si los Estados Unidos "ni siquiera reconocen su responsabilidad por cada uno de los ataques".
En su informe, AI revela que, en las ofensivas estudiadas, algunas de las víctimas fueron una abuela de 68 años, Mamana Bibi, que fue asesinada mientras recogía hortalizas rodeada de sus nietos, o 18 jornaleros, entre ellos uno de 14 años, que murieron cuando se reunían para comer tras un día de trabajo.
Aunque EEUU mantiene que los muertos eran "terroristas", AI asegura que las víctimas no eran combatientes ni suponían una amenaza.
"No hay justificación para estas matanzas", subraya Qadri, quien señala que, aunque "hay amenazas verdaderas para EEUU y sus aliados en la región y los ataques con drones podrían ser legales en algunas circunstancias", no lo fueron en estos casos.
Amnistía critica que aún no se haya materializado la promesa hecha por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en mayo de 2013 de ser más transparente respecto al uso de aviones no tripulados.
"Este secretismo ha permitido a EEUU actuar con impunidad y evitar que las víctimas reciban justicia o compensación", afirma el investigador de AI, que recuerda que ningún cargo estadounidense ha sido jamás procesado por matanzas ilegales con este tipo de aviones.
Amnistía denuncia que los habitantes de esas áreas tribales viven con temor constante de los ataques aéreos y también de los ajustes de cuentas de los combatientes talibanes, que castigan a quienes perciben como sospechosos de colaborar con el enemigo.
Cada vez en más países, los vehículos aéreos no tripulados o drones, principalmente los del tipo Predator, que produce General Atomics para la fuerza aérea estadunidense, dominan los cielos. Aunque el arma robotizada es casi perfecta en la guerra moderna, muchos creen que los drones son armas terroristas.
¿Cómo reaccionarían los propios Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Francia si una potencia extranjera utilizara sus drones para asesinar a sus ciudadanos? Irían a la guerra de inmediato.
Hay miles de juristas y expertos en todo el mundo asustados ante la falta de etica de los nuevos funcionarios norteamericanos, defensores de la brutal tesis de que los enemigos de Estados Unidos no tienen ningún derecho, ni siquiera a un juicio justo.
La utilización de los drones ayudan a los "sin conciencia" a perpetrar crímenes con una impunidad increíble en una potencia que se autoptroclama defensora de la democracia y de los derechos humanos. Los nazis cometieron crímenes mientras tmiraban a sus víctimas a los ojos, pero los nuevos guerreros de Washington asesinan a control remoto, amparados en la sucia tesis de que quien tiene el poder tiene también la razón.
Algunos ciudadanos norteamericanos, asustados ante la deriva de sus gobernantes, se preguntan ya cuando enviarán drones contra los ciudadanos norteamericanos, dentro del propio territorio de Estados Unidos.
La utilización de drones viola todos los tratados y principios sobre honorabilidad en la guerra y respeto a los derechos humanos en conflictos. El gobierno norteamericano, ante esas acusaciones, ha elaborado un documento de 16 páginas en el que argumenta quien merece un proceso legal quien no, sin que juez alguno intervenga en esa decisión, lo que elimina todas las garantías y cautelas imprescindibles en las democracias y en los gobiernos honorables. La tesis defendida por Washington es que un sospechoso de pertenecer al terrorismo enemigo debe ser eliminado, incluso al mergen de declaraciones de guerra, allá donde se encuentre. La legalidad cede el paso a la doctrina de la Seguridad Nacional o lo que es lo mismo: el derecho a matar obtiene patente de corso en un Estado sin derechos, dominado por la fuerza y por la ley de la selva.