Muchos quisieran que no hubiera existido jamás una comisión que investigara lo sucedido en los años de la violencia en el Perú. Que todo hubiese quedado en el olvido, que las decenas de miles de muertos se hubiesen quedado tranquilos en sus fosas comunes, y que las torturas y violaciones no hubieran traspasado las fronteras del amargo recuerdo de sus víctimas. Que muchos de los perpetradores de dichos crímenes continuaran llevando una vida tranquila, gozando de la eterna impunidad. Y que todos siguieran creyendo que "no pasó nada", que sólo hubieron "algunos excesos", y que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos eran "propaganda subversiva", "traición a la patria" o simplemente "cojudeces" (no merecedoras de ser atendidas en el arzobispado de Ayacucho). Por eso, cuando se investigó el tema, muchos se sintieron ofendidos y sumaron fuerzas para desacreditar de la peor manera a quienes investigaron y a los resultados de sus investigaciones, sin haberse siquiera tomado la molestia de leerlas. No era necesario, por supuesto. La consigna era ocultar. Ocultar que muchos de los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por quienes debieron precisamente proteger a la población. Ocultar que una parte importante de las víctimas de las fuerzas armadas no fueron feroces terroristas ni murieron en enfrentamientos armados, sino que muchas veces fueron hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes y desarmados, victimados en sus mismas poblaciones solamente por ser sospechosos o por la posibilidad de que alguno de ellos fuera terrorista o "se convirtiera en terrorista". Ocultar que el estado no hizo el menor esfuerzo por ayudar a las víctimas y castigar a los culpables, sino que por el contrario, hizo el mayor esfuerzo posible por acallar cualquier denuncia y hasta defender solapadamente a los victimarios. No bastó que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación condenara explícitamente a los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA; de todos modos, se le acusó de ser "prosenderista". No fue suficiente que dicho informe recogiera los testimonios de las víctimas de la violencia; se le acusó de inventar datos. Los defensores de la impunidad quería un informe que callara los crímenes de las fuerzas armadas, que no dijera nada de Accomarca, de Huancasancos y de Cayara. Que se acordara solamente de algunas víctimas y olvidara a otras. En suma, quería un informe castrado, "políticamente correcto", "respetuoso de la paz y el orden". Que no tocara a los intocables y que no perturbara a los imperturbables. Hubieron también quienes en forma bienintencionada hicieron llegar sus críticas y recomendaciones hacia lo que al fin y al cabo, es un trabajo humano susceptible de errores. Pero fueron la minoría y los de menor audiencia. El afán destructor dominó la escena. Y puede seguirla dominando, ahora más que antes.
Y es que a veces la verdad duele.