La reciente presentación del informe anual del Defensor del Ciudadano de Sevilla para 2012 ha llenado páginas en la prensa de la ciudad. Las conclusiones de José Barranca sobre las quejas ciudadanas presentadas en su oficina dejan el rancio regusto de una Sevilla caduca desde hace décadas, una ciudad contemplada a través del prisma castrense propio de un comandante de artillería en la reserva.
Entre todas las críticas, las que más han escocido han sido las dirigidas a la Policía Local, no sólo por referirse a una falta de formación y modales en el ejercicio de su trabajo, sino por censurar que los agentes portaran mascarillas durante el pasado mes de febrero para protestar contra las deudas salariales que el Ayuntamiento mantenía con la plantilla.
El argumento de Barranca para criticar la protesta es, una vez más, la autoridad. No se puede ejercer si uno comete la "astracanada" de llevar puesta una mascarilla. Para el defensor, una demanda de derechos laborales constituye, siguiendo la definición de la RAE, “una farsa teatral disparatada y chabacana”. A la salida del pleno, el presidente de la sección local del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), Manuel Bustelo, reprochó a Barranca que hubiera incluido un asunto de 2013 en la memoria del pasado año. El defensor contestó que "no había tenido tiempo para nada", aunque es llamativo que sí sacara horas para reflejar el asunto de las mascarillas en su informe, mientras 28 de los 234 expedientes por quejas ciudadanas tramitados en 2012 aún están pendientes de revisión.
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