La propuesta antidelincuencia, de constituir una red de 50 mil informantes civiles en los barrios, podría pasar a llevar derechos civiles básicos de la ciudadanía, y podría convertir a Chile en un Estado Policial o una sociedad orwelliana.
El uso de informantes no es algo nuevo en la historia, sino una vieja práctica llevada a cabo por gobiernos de diversa índole, en distintos lugares, momentos y propósitos. Su eficacia sigue siendo dudosa.
En la ex RDA existían alrededor de 180.000 informantes voluntarios y pagados al momento de caer el muro, y en Colombia hoy aún se utiliza como método.
Pero hay algo más de fondo. Lo cierto es que el uso de informantes voluntarios, al entregar a civiles -sin capacitación, formación ni experiencia- atribuciones de vigilancia, puede pasar a llevar derechos civiles básicos de otros ciudadanos, como la libertad de circulación, de expresión, de pensamiento y sobre todo el derecho a la privacidad.
Porque ¿Quién establece el criterio y el margen de acción de estos informantes? ¿Cómo evitar que éstos voluntarios no deriven en miembros de una Stasi comunal o una Policía del Pensamiento a lo 1984? ¿Cómo evitar que estos informantes mal utilicen sus atribuciones para obtener beneficios en desmedro de sus vecinos, o incluso sus familias?
Por otro lado ¿Bajo qué criterio se seleccionará a los informantes? ¿Por qué período de tiempo? ¿Con qué atribuciones? ¿Serán testigos de fe al igual que los agentes policiales del Estado? ¿Qué podrán denunciar? Y sobre todo ¿Qué tendrán que informar?
Se supone, que se les dotará de celulares, para que avisen la presencia de delincuentes prófugos u otros delitos. ¿Cuáles delitos? ¿Estudiarán la ley antes?
Si analizamos bien, llamar para denunciar es algo que hoy día cualquier vecino puede hacer. La única diferencia sería que al informante se le garantice protección policial permanente, pero esto claramente nos genera otro problema.
¿El gobierno garantizará protección policial exclusiva a 50 mil ciudadanos en desmedro de otros tantos? ¿Cómo evitar que esos informantes sean cooptados por organizaciones delictivas para obtener esa protección policial?
Probablemente, entre las personas se crearán crecientes incentivos perversos para ser informante, y entonces muchos comenzarán a acusarse mutuamente, o simplemente el número de informantes aumentará irremediablemente.
De una u otra forma el sistema se saturará en desmedro de los derechos civiles básicos. ¿A quién le creerá la policía si un informante es denunciado de un delito por un ciudadano común?