(Madrid, 3 abril 2012) El reciente asesinato de uno de los 38 líderes reclamantes de tierras en la región del Urabá chocoano, al norte de Colombia, evidencia la grave situación de inseguridad que enfrentan las comunidades desplazadas que tratan de volver a sus tierras, y empaña la popularidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del presidente Juan Manuel Santos.
El 23 de marzo Samir Ruiz y su padre y su padre Manuel fueron detenidos por varios paramilitares, y obligados a bajarse del vehículo en el que viajaban hacia Curvaradó (Chocó, Colombia). Cuatro días después, familiares y vecinos, encontraron el cuerpo torturado de Manuel Ruiz, con un tiro de gracia, en la desembocadura del río Pavarandó. Un día después apareció el cuerpo de su hijo Samir, de 15 años. A pesar de la rápida denuncia de la familia y de distintas organizaciones nacionales e internacionales, ninguna autoridad civil se movilizó con prontitud a la región para acceder a los lugares donde presumiblemente los paramilitares tenían en su poder o arrojaron los restos de Manuel y Samir. La búsqueda de los cuerpos recayó en las propias comunidades de la zona, junto a acompañantes nacionales e internacionales.
Manuel Ruiz, líder reclamante de tierras de la cuenca del río Curvaradó, había demandado una y otra vez al gobierno medidas de protección ante las amenazas de las que era objeto. El Estado de ofreció un teléfono móvil de bajo coste como único elemento preventivo ante las reiteradas amenazas de las que era objeto. Siendo un reclamante y líder del proceso de restitución de tierras, Manuel Ruiz se enfrentaba a los intereses de poderosos empresarios y a sus grupos armados, pero el gobierno consideró que con un teléfono quedaba garantizada su seguridad.
La ONGD española InspirAction, que lleva varios años acompañando los procesos de reclamación de tierras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, solicita una investigación inmediata y exhaustiva sobre la desaparición y asesinato de Manuel y Samir Ruíz y que se compruebe mediante análisis forenses si fueron torturados; que se adopten medidas de atención humanitaria para su familia, que se ha visto obligada a desplazarse; y que se adopten medidas preventivas, más allá de la dotación de teléfonos móviles, para los 37 líderes reclamantes de tierras que siguen vivos.
Para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras impulsada por el Presidente Juan Manuel Santos no se vea empañada por la situación de inseguridad, el Estado debe crear los mecanismos para combatir los grupos que están detrás del despojo de tierras. El Estado colombiano debería, según la ONGD InspirAction, priorizar las garantías de protección para los individuos involucrados en este proceso y para sus familias, desmantelando las estructuras militares, sociales y económicas del paramilitarismo, que siguen fuertemente vigentes en esta zona del Chocó. Los organismos de control del Estado deben asegurar que la policía y las fuerzas armadas cumplen con su función de proteger los habitantes de la zona y deben sancionar a miembros de los mismos que apoyen a estos grupos ilegales.
La lucha por la tierra en Colombia: algunas cifras
- El reparto desigual de la propiedad agraria es considerado la raíz principal de la violencia en este país: se estima que los desplazados han sido despojados de entre 1,2 y 6,8 millones de hectáreas en unos 15 años.
- El 11% de la tierra apta para explotación agropecuaria en Colombia fue abandonada o despojada.
- El gobierno de Juan Manuel Santos lanzó un plan de restitución de tierras a campesinos desplazados por la violencia, que tiene como meta devolver 500.000 hectáreas cada año como mínimo, hasta 2014, cuando Santos termine su mandato.
- Entre 2007 y marzo de 2010 han sido asesinados 1.499 desplazados, según datos de Naciones Unidas, y habría "al menos doce líderes víctimas de homicidio por haber reclamado la restitución de sus tierras". Tras el asesinato de Manuel Ruiz, ya son trece.
- Colombia es el segundo país del mundo después de Sudán con mayor número de desplazados (entre 3,7 y 5 millones según las fuentes), y uno de los más desiguales de América Latina.
- El 64% de la población rural vive en la pobreza