En países como Siria o Irak y en otros que fueron víctimas de la guerra, como Vietnam o Sudan, la violencia de los políticos provoca ríos de sangre, pero en otros países "en paz", como España, el dolor y los daños no son nada despreciables. Comparado con el daño que causa la violencia en el hogar, los causados por los políticos son al menos mil veces superiores, con el agravante de que a los políticos les pagamos, precisamente, para que eviten y eliminen el sufrimiento de los ciudadanos.
La verdadera violencia, la violencia, con mayúsculas, es la causada por la política. Los políticos invierten cientos de millones en propaganda, educación, teléfonos, apoyo y otras medidas contra la lacra de los maltratadores, pero ellos, que son los "dueños" del dinero público, no gastan un sólo euro para librarnos de la violencia política. Seguro que es porque a ellos no les conviene, a pesar de que es mucho más letal y dañina.
Sería justo que del mismo modo que existe un día dedicado a luchar contra lo que ellos llaman la "violencia de género", también exista un día contra la "violencia política", esa plaga indecente y cruel que, directa o indirectamente, causa miles de muertes cada año, arruina a miles de ciudadanos, cierra empresas, aprueba desahucios y dispara las cifras de suicidios, nuevos pobres, desamparados, desgraciados y hambrientos, que viven en las calles, los albergues y los comedores sociales.
La violencia política tiene mil caras y afecta a todo lo que genera inseguridad, tristeza, desazón, indignación, rabia, dolor y muerte. La causa puede ser muy variada: desde tener que pagar impuestos abusivos a vivir la dura experiencia de que te corten la luz y tu familia no pueda calentarse en el duro invierno, sin olvidar a los que carecen de esa vivienda que, según la Constitución, es un derecho inalienable de cada español. La inmigración desordenada que llena los barrios marginales de delincuentes y macarras de mirada torva es también violencia política, como lo es contemplar impotente el lujo del poder, los privilegios de los políticos, la impunidad de los que roban y esa forma de gobernar arrogante y ajena a la democracia que permite a los políticos no rendir cuenta ni pagar jamás por sus errores, injusticias, daños y abusos.
El empresario que, atribulado por los impuestos o porque las administraciones públicas no le pagan, tiene que cerrar su empresa sufre violencia política, como la sufre también el que se siente acribillado a impuestos que sirven para que los partidos reciban decenas de millones de subvención o, en algunos casos, para que algunos políticos roben y se enriquezcan.
Hay un teléfono para denunciar el maltrato a la mujer y otro para denunciar el acoso a los niños en las escuelas, pero no hay ningún teléfono gratuito, de esos que no dejan rastro en las facturas, para que los ciudadanos denuncien la corrupción y el abuso de los politicos, un servicio más útil, democrático y cívico que cualquier otro.
Hay 166 llamadas diarias al teléfono 016 para denunciar la violencia en el hogar, pero los sociólogos y politólogos calculan que habría casi dos mil al día si existiera un teléfono para denunciar la violencia política, la opresión y el abuso de poder.
Es vergonzoso que periodistas, jueces y políticos no hayan exigido hasta ahora ese teléfono "democrático" para denunciar las suciedades y abusos del poder. Ese "olvido" revela toda la injusticia, la parcialidad y la bajeza del sistema. ¿Dónde está Ciudadanos, un partido que se presenta en la sociedad como adalid de la regeneración? ¿Dónde están los fiscales y las organizaciones democráticas exigiendo ese teléfono de denuncia? Los políticos cierran sistemáticamente todas las rutas que a ellos le resten poder o que cuestionen su impunidad práctica, a pesar de que no hay prioridad o urgencia mayor en España que la regeneración.
Vereis muchas veces a Rajoy, a Susana, a Iglesias, a Rivera y hasta a los depredadores proetarras e independentistas condenando la "violencia de género", pero nunca los veréis haciendo lo mismo para acabar con el abuso de poder, la corrupción y las mil garras que tiene el poder para destrozar la vida de los ciudadanos.
Esa lucha contra la violencia política es, sin duda, la iniciativa más urgente, saludable, democrática y eficaz para erradicar la corrupción y el abuso de los poderosos, las dos peores lacras que arruinan nuestra nación, y para emprender el necesario camino de la regeneración, pero, simplemente, a los políticos no les interesa, ni les conviene. Por eso nunca la verás, ni tendrás un teléfono al que llamar para denunciar al político que convierte tu vida en un infierno.
Francisco Rubiales