Al parecer, Ciudadanos quiere seguir los pasos de Vox en la Asamblea Regional. Tras abrir expediente de expulsión a tres de sus seis diputados, los posibles sancionados, integrados ahora en el Gobierno del PP, se plantean hacerse con el control del grupo parlamentario. La balanza se inclinará de uno u otro lado en función de lo que decida el presidente de la cámara legislativa, Alberto Castillo (Ciudadanos), quien se abstuvo en la moción de censura presentada por su partido y el PSOE contra el popular Fernando López Miras.
Los tres parlamentarios que ahora tienen carteras en el Ejecutivo, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, votaron en contra. Este último convocó para este miércoles una reunión del grupo en la propia Asamblea. Lo hizo por correo electrónico. Parece que todos están dispuestos a acudir. Todo apunta a que la intención última es hacerse con el control del mismo, descabalgando de la portavocía a Juan José Molina, el único diputado que sigue fiel a la coordinadora regional, Ana Martínez Vidal. “Miras y sus tránsfugas quieren consumar su felonía”, denunció en las redes sociales el todavía portavoz naranja. “No se lo pondremos fácil”, concluía. La presidencia de las comisiones que ostenta Ciudadanos sería otra cuestión a plantear.
Controlar el grupo parlamentario no consiste solo en reconducir su rumbo político. Lo más mollar radica en las subvenciones que este percibe de los presupuestos de la cámara. En Vox lo saben bien. De sus cuatro diputados, tres han sido expulsados de la formación por un problema surgido precisamente con el control y acceso a las cuentas corrientes del mismo. Y solo uno se mantiene fiel a la dirección regional.
Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano -esta última, recién nombrada consejera de Educación y Cultura en el Gobierno del PP- no solo controlan el grupo sino que han provocado que su excompañero Pascual Salvador haya tenido que plantearse la posibilidad de buscar acomodo en el mixto. Y esa podría ser la táctica a seguir ahora por Ciudadanos, en una operación que no solo restaría protagonismo a Martínez Vidal y Molina, sino que les trasladaría automáticamente a esa condición. Es decir, los grupos de Ciudadanos y Vox en la cámara pasarían a estar controlados por diputados que ya no pertenecen a las formaciones citadas, aunque conservaran la denominación de la nomenclatura. Tremenda paradoja, consentida por el reglamento del parlamento autonómico y en la que su presidente, como ya se ha indicado, tendrá este miércoles la última palabra.