La ley de protección ciudadana que prepara el gobierno no está destinada a evitar la violencia callejera sino a evitar la protesta no violenta y la resistencia pacífica. Resulta sintomático que una de las cosas que más preocupan sean las manifestaciones delante del Congreso, que es lo que hizo Luther King en Estados Unidos, o las sentadas pacíficas de resistencia pasiva, que es lo que hizo repetidamente Gandhi, o las concentraciones antidesahucios, o los abucheos a los políticos que es lo menos que puede hacer un ciudadano en estas circunstancias.
Así que los indignados, los resistentes pacíficos, los no violentos, si quieren protestar quedan fuera del estado de derecho y pertenecen a un estado policial, creado para ellos.
Ante la avalancha de críticas ciudadanas a esta nueva ley, el Gobierno ha rebajado las multas; pero que la cuantía de algunas multas (que no todas), las rebajen de 600.000 a 30.000 y de 30.000 a 1.000 euros, es un tema menor. Lo grave jurídicamente es la creación de un cuerpo policial al margen de los jueces para los que protestan pacíficamente lo que supone la restauración de la policía político-social.
Y es que imponer tan duras sanciones económicas (por mucho que después las quieran abaratar) y condenar hasta con penas de cárcel tan solo por ejercer libremente unos derechos ciudadanos como la resistencia pasiva, la desobediencia civil, el derecho de manifestación, o la libertad de expresión, es un abuso de poder que no debemos permitir.
No estamos dispuestos a volver a épocas anteriores como desean estos ministros y no vamos a consentir nuevas mentiras como la del Ministro de Interior con la que pretende justificar este nuevo ataque a los derechos y libertades. Porque no es verdad que “el objetivo principal del nuevo texto legal es el de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.