Una de las mayores amenazas contra la dignidad de la persona y el principio de no discriminación, así como contra el derecho a la vida y a la integridad física y moral -todos ellos recogidos y protegidos en artículos 10, 14 y 15 de la Constitución- es el llamado 'discurso de odio' que practican algunas fuerzas políticas. El discurso de odio es un modo de ejercer la política contraria a los principios y valores de una democracia avanzada. Y supone un ataque sistemático al diferente, una manifestación continua de intolerancia e incompatible con los elementos que vertebran la convivencia constitucional. En definitiva, asistimos a un ataque frontal al sistema de derechos y libertades contemplado en nuestra Constitución.
Las conductas y los discursos de odio están orientadas a fomentar la violencia, la discriminación y el desprecio a un determinado colectivo de la sociedad, a un grupo político o a sus integrantes por diferentes razones. Por ello, el discurso de odio no puede encontrar el más mínimo resquicio en nuestra sociedad si creemos en el Estado de Derecho. Los denominados 'delitos de odio' están recogidos en el art. 510 del Código Penal, que sanciona a "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".
El Código Penal no sanciona las meras ideas u opiniones, sino aquellas manifestaciones de odio que muestran un desprecio grave hacia otro ser humano por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está hoy amparado por la libertad de expresión, que debe ser ponderado con el respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la no discriminación. Lo rechazamos no solamente porque atenta contra la legislación propia y contra Declaraciones y Convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, sino porque pone en peligro la dignidad de las personas y el derecho a vivir en igualdad, tanto material como formal.
"Los políticos tenemos la enorme responsabilidad de poner fin a la estrategia del odio y practicar la acción política desde los valores democráticos, con medidas de progreso"
No podemos olvidar que en la vida institucional hay fuerzas políticas cuyas intervenciones parlamentarias, campañas electorales y declaraciones diarias a los medios están enfocadas a una confrontación sistemática y destructiva del adversario político. Esa estrategia, con la ayuda de voceros mediáticos y de las redes sociales, van alimentando el discurso de odio en la calle y la polarización extrema de la sociedad. Estas prácticas y discursos populistas, autoritarios, ultra nacionalistas, ni son gratuitas ni pasan desapercibidas a la sociedad. Al contrario, se proyectan hacia la sociedad, degradan los valores democráticos, extienden la intolerancia y el miedo, atacan el pluralismo y la diversidad y van calando peligrosamente de manera continuada en sectores de la ciudadanía. Hasta que un día la situación estalle -ejemplos hay sobrados en la historia reciente- y sus consecuencias puedan ser demoledoras para el sistema de convivencia democrática; esto es, para la cohesión e integración de una sociedad plural y diversa que busca desesperadamente una vida digna y próspera.
En medio de una pandemia y del ingente esfuerzo que habría que desarrollar unidos, en favor de la recuperación social y económica, en medio de una etapa histórica plagada de incertidumbres y retos globales, en medio del descontento y desánimo social, los políticos tenemos la enorme responsabilidad de poner final a la estrategia del odio y practicar la acción política desde los valores democráticos y con medidas concretas de progreso. Nunca hizo tanta falta una actitud constructiva y compartida por parte de todas las fuerzas democráticas del Parlamento. Sin embargo, sufrimos una exaltación de posiciones extremas, de estrategias de división y polarización de la sociedad que cultivan el odio y la confrontación y atacan un clima de pacífica convivencia, dificultando los avances sociales y los consensos legislativos.
Por estas razones, los socialistas hemos planteado hoy al Congreso, en una Proposición debatida en la Comisión Constitucional, "condenar las amenazas de muerte que han recibido diferentes cargos públicos, así como los discursos de odio que promueven la violencia, el racismo, la xenofobia, el desprecio y la intolerancia. Y, también, reafirmar la defensa de los valores y preceptos constitucionales que hacen posible la convivencia democrática y el respeto a la dignidad de las personas". Lamento que PP y VOX no la hayan apoyado, aunque era previsible.
Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.La entrada Las consecuencias de los discursos de odio se publicó primero en Ethic.