EL Tribunal de Cuentas por fin -porque se trata de las cuentas del 2017- ha finalizado y votado en Pleno por unanimidad el informe que fiscaliza las cuentas de las confesiones religiosas en su relación con el Estado. En resumen, esto va de la pasta gansa que suelta el Estado a las religiones y de su ejemplar justificación.
Las conclusiones son de traca, y propias de un país muy gracioso: la Iglesia Católica justifica los gastos como le da la gana y a la Agencia Tributaria se la suda; así, al alimón. Menos de la mitad, que ya es, de las entidades religiosas que tienen la obligación de pagar, sí pagar, el Impuesto de Sociedades no lo hizo, pero es que la Administración tampoco se lo reclamó ¿para qué, si en este país vamos sobrado de pasta? Ojo al dato: cumplieron con su obligación 1.332 de las 2.269 que debieron haberlo hecho.
El informe dice que a pesar de que los acuerdos para consignar el dinero que el Estado transfiere a la Conferencia Episcopal a través de la casilla de la Declaración de la Renta son de 1979 y ratificados en el 2006, "se ha constatado que no existen acuerdos entre el Estado y la Santa Sede o normativa estatal que regulen los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener la memoria". Pues bien, los 250 millones que se llevó la Iglesia Católica ese año se justificaron como dios le dio a entender y la Agencia Tributaria le dio el visto bueno.Y así, año tras año y pasta tras pasta.
"La Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios, ante la ausencia de otros acordados o establecidos en la normativa estatal respecto a su contenido, de forma que constituye más una memoria de actividades de la propia Iglesia que una memoria justificativa". Y de esta forma, ocurren cosas como que los superávits que tuvo la Iglesia en los años 2016 y 2017 (19,3 y 15,9 respectivamente) sirvieron en parte para cuadrar las pérdidas de 13 TV, lo que no está permitido, porque no forma parte del acuerdo entre la Iglesia y el Estado.
Fuentes: infolibre 30/7/2020