La propuesta de fichaje de Ignacio López del Hierro, por Red Eléctrica, y el inmediato de Iván Rosa, por Telefónica, puso de manifiesto el enfrentamiento entre sus respectivas mujeres, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. El enfrentamiento “soterrado” entre ambas “damas de hierro” de Rajoy era un secreto a voces en el Partido Popular. “Las dos “damas de hierro” de Rajoy no parecen llevarse muy bien y el antagónico tratamiento de Rajoy frente a Ignacio López y a Iván Rosa ha contribuido a romper el pulso de sus dos damas, dejando entrever cuál de ellas es su favorita.
Primero fue Cospedal la que mantuvo el primer movimiento para acaparar todo el poder en el partido. Preparó el Congreso, acaparando para sí todo el poder, eliminando a cualquier persona –hombre o mujer – que pudiera hacerle sombra y rechazando, como le pedían desde el PP, delegar alguna función para no tener que compatibilizar la dirección del partido con la Presidencia de Castilla-La Mancha. Desapareció de su camino tanto Ana Mato, vicesecretaria de Organización, como Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación. Rajoy, viendo antes que nadie el problema que iba surgiendo con ella, le dejó hacer. Hasta que, el lunes 12 de marzo, Moncloa “visó” los nombramientos en el Consejo de Red Eléctrica Española, empresa semipública. “Nadie con dos dedos de frente puede pensar que el nombre de López del Hierro, marido de Cospedal, iba a pasar inadvertido”, confesaban a “El Confidencial” varios diputados del PP. “No sé si Rajoy lo vio, pero estoy seguro de que la vicepresidenta estaba al tanto”, asegura otra fuente “popular”. Y dio el visto bueno. Dos días después, al hacerse públicos los nombramientos del Consejo, se desató el escándalo.
Unas horas después, Moncloa forzaba la renuncia del marido de Cospedal, quedando en evidencia la secretaria general. Una derrota que el presidente del Gobierno hizo más evidente, tras revelar el fichaje por Telefónica de Iván Rosa, abogado del Estado y marido de otra abogada del Estado, Soraya Sáenz de Santamaría, como integrante de una estructura de nueva creación, para asesorar jurídicamente a la empresa de César Alierta en Brasil. Y aunque es cierto que Telefónica es totalmente privada y que el marido de la vicepresidenta es un profesional muy cualificado para el puesto, no lo es menos que la empresa de Alierta ya es veterana en fichajes “políticos” de color opuesto (Eduardo Zaplana, Alfredo Timermans, Iñaki Urdangarín, Javier de Paz, Iván Rosa o la mujer del socialista Eduardo Madina).
Todas estas circunstancias se dan sin que Rajoy haya movido un dedo para evitar tan nombramiento. Al contrario, el presidente del Gobierno (cuya esposa, Viri, ahora en excedencia, trabajaba curiosamente también en Telefónica, fichada cuando su marido era vicepresidente de Aznar), respalda a la vicepresidenta quien defiende el proyecto de Ley de Transparencia. Una ley que, en palabras del propio Rajoy “pretende que si se ‘enchufa’ salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno”. Y Soraya Sáenz de Santamaría la defiende en el Consejo, mientras su marido es contratado en Telefónica, como asesor jurídico en su división internacional, y López del Hierro tiene que renunciar a su fichaje, como consejero de Red Eléctrica ante el escándalo que origina su nombramiento.
En cualquier caso, a partir de ahora, la austera vice presidenta dice que se abstendrá de comentar con su Iván cualquier asunto que pueda afectar a las relaciones del gobierno con Telefónica. Como también se inhibirá de cualquier decisión que al respecto adopte el Consejo de Ministros o la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios que ella misma preside. Pero quién es el valiente que se resiste a esta tentación. En todo caso, ¿no hubiera sido más correcto evitarlo a toda costa, tal como debería decir la ley de Transparencia? Estas cosas no sucederían si los funcionarios que se forman a costa del contribuyente para luego ser fichados por empresas que pleitean contra la administración abonasen una fianza millonaria por los daños y perjuicios causados a los contribuyentes. Más de uno se lo pensaría dos veces antes de aceptar tan fácilmente.