Hace una semana, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, comenzó a derribar edificios en El Cabanyal, único barrio marinero que queda dentro de una gran metrópoli mediterránea, haciendo caso omiso a las resoluciones del Gobierno español que había ordenado no expoliar la zona, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Sin pensárselo dos veces y aprovechando el momento en que su partido analizaba con preocupación el sumario del “Caso Gürtel”, la alcaldesa decidió pasar a la ofensiva y meter las máquinas excavadoras. Su intención: prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez, lo que exigía derribar 450 edificios y destruir parte de la zona en la que “se invertirá mucho dinero y se construirán muchos edificios nuevos y generará grandes plusvalías”.
Pero los planes iniciales de la alcaldesa no se cumplieron tal como deseaba. “Más bien se trataba –comentaba ayer David Trueba en su artículo “Mancha humana” de El País– de dejar degradar el barrio. Labor callada a la que se han entregado las autoridades durante largos años y, finalmente, verlo caer por sí solo. Borrarlo sin ruido del mapa. Pero a veces las viejas construcciones se resisten a morir, y seguramente los espíritus de El Cabanyal sólo podían combatirse a feo golpe de pala escavadora”. Los cinco derribos perpetrados por el Ayuntamiento supusieron, no obstante, gran violencia por parte de la Policía Local y la Nacional y una defensa a ultranza de unos vecinos que, con su protesta y resistencia, se opusieron a su destrozo. El Ministerio de Cultura suspendió, a finales de diciembre, el plan municipal por considerarlo un “expolio del patrimonio” e instó a la rehabilitación del Cabanyal. Y los manifestantes que esgrimieron este argumento acabaron en el hospital o en el calabozo.
El lunes pasado, una cincuentena de vecinos del barrio viajó en autobús hasta Madrid. Tras las violentas cargas policiales que precedieron el derribo de inmuebles, IU, Compromís y Salvem El Cabanyal exigieron las cabezas del delegado y el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Y la vicepresidenta, De la Vega, solicitó una investigación interna. Los vecinos escribieron una carta de agradecimiento a la ministra, Ángeles González-Sinde, por paralizar las demoliciones. Y otra a Mariano Rajoy, para que apacigüara a la alcaldesa, Rita Barberá, en su empeño de destruir el barrio “con desprecio y prepotencia a los ciudadanos”. La concentración, que reunió a unas 300 personas, se convirtió en manifestación improvisada hacia la sede del PP, con gritos como: “¡Rita Barberá, no pasará!”.
Por su parte, el PP hizo patente el desprecio por los manifestantes. Para este partido, el mismo por el que Rita se mueve, aseguró que las protestas de El Cabanyal son “un montaje político sin fundamento”. Y acusó a Zapatero de “impedir a los valencianos su derecho a llegar al mar”. Los conservadores alegan que la Justicia está de su lado, con “una decena de sentencias favorables, entre ellas, varias del Tribunal Supremo”, y que la orden ministerial del Gobierno para detener los derribos carece de “fundamento legal” al “invadir una competencia municipal y autonómica”. Miguel Domínguez, edil de seguridad del ayuntamiento de Valencia, remacha que las casas destruidas “son propiedad del consistorio, estaban abandonadas y fuera de la zona protegida”, por lo que “no puede venir nadie a decirnos que no se pueden tirar nada”. Por lo visto, la lucha de los vecinos del barrio no tiene la mínima importancia para la derecha, que terminará aplastando los 450 edificios. Pero los 12 años de resistencia registrada demuestran todo lo contrario, pese a las escavadoras del PP.
Carga policial contra los vecinos indefensos.
Faustino Villora, uno de los históricos de la plataforma, Salvem el Cabanyal, permanece tendido en el suelo tras la carga policial contra los vecinos que trataban de impedir el paso a una maquina excavadora. EFE/Manuel Bruque