Indignados y sorprendidos ante la resistencia de los políticos a bonificar al máximo o eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, las tres plataformas más activas y con más seguidores de España han decidido unirse, conservando cada una su propia identidad, para luchar con más fuerza y eficacia contra ese tributo, el más impopular, injusto y contrario a la Constitución española.
Ese impuesto, además de ser cruel y contrario a la Carta Magna, es caótico porque en cada autonomía funciona de manera diferente. Aragón, Asturias y Andalucía lo padecen, aunque los andaluces han conseguido que el primer millón de euros heredado quede exento, pero sólo si eres heredero directo y durante este año 2018. Madrid lo tiene bonificado al 99 por ciento y en Canarias se paga todavía menos. Murcia y Extremadura lo suavizan, pero en la mayoría de los casos las exenciones no afectan a la donaciones ni a los herederos que sean hermanos o sobrinos.
La Constitución dice que los españoles debemos ser iguales ante las leyes, pero el Impuesto de Sucesiones es distinto en cada región y demuestra que la Constitución, para los políticos, es papel mojado.
Las tres plataformas que han unido sus sinergias y estrategias han logrado hasta ahora grandes éxitos, entre los que destacan las ayudas jurídicas y sicológicas a las víctimas arruinadas por ese impuesto, la movilización de los ciudadanos contra ese tributo indecente y unas 800.000 firmas acumuladas contra ese impuesto, que pronto serán presentadas ante el Congreso de los Diputados para que los políticos se den cuenta que están expoliando al ciudadano en contra de la decencia, de la voluntad popular y de las leyes vigentes.
Los tres dirigentes de las plataformas aliadas, Juan Carlos Valverde, de Andalucía, Álvaro López Castro, de Asturias, y Francisco Langa, de Aragón, acaban de acordar lo que las víctimas y asociados les exigían: una estrategia y un frente común para ser más eficaces y contundentes contra los políticos que imponen ese impuesto, el más impopular entre los vigentes en España, el más injusto y el más denostado por los ciudadanos.
Las plataformas cuentan con un elenco sobrecogedor de víctimas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la que figuran miles de personas que han renunciado a heredar porque no pueden pagar las cantidades abusivas que las administraciones les exigen, miles de familias arruinadas o endeudadas de por vida por culpa de los impuestos a sus herencias y muchos negocios y empresas familiares cerrados porque los políticos, con su codicia, los han llevado a la ruina.
Muchos de esos casos, difundidos por los medios de comunicación, han causado estupor e indignación en la sociedad, que no puede entender ni asumir la inmensa crueldad, insensibilidad y codicia de los gobernantes españoles frente a ciudadanos desprotegidos.
El primer paso de las plataformas unidas, después de aunar estrategias y de dotarse de identidad común y espacios de lucha compartidos, va a ser presionar con fuerza a las administraciones no sólo para que eliminen ese impuesto brutal, sino también para que paralicen los procesos de embargo a las víctimas que ya están en marcha, la mayoría de los cuales, cuando son recurridos ante los tribunales, son anulados y declarados abusivos e ilegales.
El corrupto mundo que rige ese impuesto de Sucesiones y Donaciones se completa con "flecos", "letras pequeñas" y costumbres de una brutalidad inusitada, como la valoración abusiva que las administraciones hacen de los bienes heredados, muy por encima de los precios de mercado, los altos intereses aplicados y el oscuro y mafioso destino de la mayoría de los bienes embargados por las administraciones, que terminen siendo subastados, a bajo precio y con opacidad, por compradores que muchas veces pertenecen a mafias organizadas que se nutren de la injusticia y del dolor ajeno.
Francisco Rubiales
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